Ley de Victimas: La Tentación de un Imposible

Por: Santiago García Jaramillo

“La mas homicida y la más terrible de las pasiones que se puede infundir a las masas, es la pasión de lo imposible”

Colombia en 200 años de vida independiente, podrá recordar en su historia no más de medio siglo en paz. La violencia llegó con conquistadores que borraron las prósperas culturas que florecían sobre estas tierras. La época de la colonia, recordará las muertes de los valerosos comuneros, el sinnúmero de asesinatos ordenados por Morillo en su pacificación, seguidas por las muertes de valientes que bajo la tutela de Santander y Bolívar lograron la independencia. Pero ni ese hecho puso fin a nuestra violencia, la guerra de los supremos, las decenas de guerras civiles entre 1863 y 1886 también tiñeron de sangre el suelo de una patria que apenas nacía. Ni la constitución de 1886 pudo terminar con los derramamientos de sangre, pues cuando ésta apenas entraba en vigencia, la guerra de los mil días y el magnicidio de Uribe Uribe apartaban de la realidad las majestuosas líneas del texto impulsado por Núñez. De allí, podremos seguir con una triste historia de enfrentamientos partidistas, de la aparición de las guerrillas marxistas, de la sanguinaria reacción en cabeza del paramilitarismo, y del narcotráfico que aun enluta al pueblo Colombiano, que asesinó a sus magistrados, que financia masacres y que ni el romanticismo de una Constitución en 1991 logró frenar. Como consecuencia nuestro País desde 1940 no ha conocido la paz. En este contexto se propone una ley, que busca indemnizar a las víctimas de la violencia en Colombia, un ejercicio que seguramente desbordará las arcas fiscales del Estado, que ahora deberá responder por 200 años de omisiones y principalmente deberá hacerse responsable por las violaciones de Derechos Humanos que su principal enemigo, los grupos terroristas, han perpetrado a sus habitantes. El anterior contexto, complementado con un proyecto de ley que no trae fecha alguna para determinar la población a quien deberá aplicarse, crea el escenario perfecto, para que de fijarse una fecha, la Corte Constitucional, module la aplicación de la ley a todos quienes hayan sufrido perjuicios por la violencia.

Pero la retrospectividad sin límites no es la única falla de este proyecto. La ley que se propone, crea un programa masivo de reparaciones administrativas, sin embargo deja abierta la puerta a que el reparado recurra a la justicia, no para reclamar verdad o justicia, sino con el fin de pedir que el Estado reconozca una suma mayor a la ya pagada. Habrá que preguntarse entonces que presupuesto podrá soportar además de un programa masivo de reparaciones las demandas de colectivos y asociaciones de abogados, especialistas en buscar comisiones de cuenta de la supuesta defensa de las víctimas.

“Víctimas” y “Reparaciones” son términos que necesariamente remiten a la experiencia internacional, no son muchos los países que se han embarcado en la tarea de reconocer perjuicios materiales y morales a quienes han sufrido violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, se citarán los casos de Alemania, Chile, e incluso Estados Unidos, pero acaso ¿Qué tienen todos ellos en común? La respuesta es simple, en todos estos casos fue el Estado quien perpetró de manera sistemática acciones contra la población civil, como resultado de un régimen totalitario, de una guerra civil o de una confrontación bélica internacional; todos estos países cuentan con un número reducido de victimas: Chile poco mas de 5000, Estados Unidos solo reconoció reparaciones a los Niponamericanos y Alemania, en un intento por reparar a los Judíos, siempre que fueran ciudadanos alemanes, tardo más de 6 décadas. Colombia cuenta hoy con 300.000 víctimas registradas, cifra a la que habrá que adicionar todas aquellas que con la nueva ley, por la vía sumaria, acrediten tal calidad; como consecuencia el presupuesto del Estado, deberá dejar de dedicarse a la educación, a la salud, al desarrollo, a la seguridad de los ciudadanos, para garantizar reparaciones integrales, a todos quienes hayan sido víctimas de la violencia, un universo que en Colombia, es casi igual a su número de ciudadanos. La situación fiscal será inmanejable porque el término “reparación integral” que trae la ley, implica que el Estado deberá reconocer el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, y otros tantos requisitos internacionales para las reparaciones de este tipo, y que ningún Estado ha intentado, ni siquiera cuando éste es el responsable de las violaciones de Derechos Humanos.

Para este proyecto no importa que la mayoría de violaciones en Colombia sean perpetradas por grupos terroristas y no por agentes del Estado, para estos últimos la reparación debería ser consecuencia de una sentencia judicial que pruebe la responsabilidad del Estado, no de una prueba sumaria que terminará por fortalecer a sus enemigos, otrora refugiados en el monte y ahora expertos en litigio. Es importante anotar que Naciones Unidas, en la resolución 60/147, que pretende ser una guía para los programas de reparaciones, establece que “los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario” y en el caso de la reparación de acciones de terceros la Corte Constitucional había reconocido en la sentencia C-370 de 2006 que con el fin de resarcir a las victimas debía acudirse principalmente al patrimonio de los victimarios.

El país cuenta en este momento con una herramienta para la reparación por la vía administrativa, el Decreto 1260/08, ha establecido que en virtud del principio de solidaridad, el Estado, reconocerá a las víctima, a modo de indemnización solidaria, hasta 20 salarios mínimos, lo cual le ha costado al erario público una inversión de más de 250 millones de dólares, lo que se ha acompañado de una política de fortalecimiento de la seguridad por parte del Estado, con respeto a los Derechos Humanos, que garantice a las victimas su derecho a la No Repetición, pero si ahora, como se propone, todos los recursos deberán dedicarse a reparar integralmente a quienes han sufrido algún tipo de violación de derechos humanos no podrá existir ni desarrollo, ni garantías para que los colombianos no tengan que sufrir de nuevo el flagelo de la violencia.

Entrevista al Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez

1. Santiago García J: ¿En caso de aprobarse la ley de víctimas, que se puede esperar con el presupuesto de inversión en temas como salud, educación y seguridad?

Álvaro Uribe Vélez: El esfuerzo de reparación es necesario conscientes que reparación total es imposible. Sin embargo, todo esfuerzo de reparación anula gérmenes de venganza y de odio, contribuye al sentimiento de convivencia. En materia presupuestal debe limitarse a la posibilidad del Estado que no afecte la inversión social. La información que recibo es que la apropiación del proyecto de ley en curso está a tono con lo que el entonces Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, había propuesto al anterior Congreso, cuantía que no fue aceptada por críticos del Gobierno, cuya pretensión era el doble.

2. SGJ: ¿La experiencia internacional ha demostrado la dificultad que implica un programa de reparaciones incluso con universos pequeños, en nuestro caso es viable pensar en una reparación integral como se plantea en el proyecto de ley?

AUV: La reparación pecuniaria debería llegar solamente a los estratos pobres de la ciudadanía, el resto de víctimas, millones, por su mejor condición económica, no deberían ser destinatarios de este esfuerzo Estatal. Es indudable que las víctimas de una violencia histórica, que solo ha dado 47 años de tregua en 200 años de vida de Nación independiente, constituyen un universo tan amplio que dificulta la reparación.

3. SGJ: ¿Con las herramientas jurídicas que existen hoy en materia de víctimas, en especial el decreto 1290/08, si es necesario establecer una ley de víctimas?

AUV: Cuando concebimos el decreto en el Gobierno que presidí pensamos que era una manera ágil de empezar la reparación. En efecto, su aplicación iba dando excelentes resultados. Algunos alegan que la ley puede imponer límites temporales hacia atrás y hacia adelante y que el decreto no. Podemos decir que la igualdad de las víctimas deriva de la Constitución y no de la ley, que por ende da lo mismo el decreto que la ley y que cualquier límite temporal que estos quieran establecer es precario. Sin embargo, debe pensarse si el límite temporal que la ley defina es intangible dado que la ley proviene del Congreso, institución en la cual recae la Cláusula General de Competencia: corresponde al Congreso la competencia no atribuida a otros órganos. De no ser esto claro en el texto Constitucional, la Cláusula General de Competencia debe considerarse como prerrogativa exclusiva del Constituyente.

También se ha dicho que el beneficiario de la reparación proveniente del Decreto puede válidamente demandar al Estado por algo más de lo recibido en razón del carácter irrenunciable del derecho de las víctimas. Hay que entender que la reparación es siempre parcial, nadie alcanza a reparar plenamente el asesinato del ser querido, parcial sin que interese que provenga del decreto o de la ley. Creo que la reparación administrativa, la del Decreto, con participación de la Procuraduría, debe producir el mismo efecto de cosa juzgada que aquella ordenada por la ley.

4. SGJ: ¿Cuáles son los riesgos que se corren con equiparar víctimas de agentes del Estado con los grupos narcoterroristas? Que alternativas propone?

AUV: Al considerar el principio de solidaridad, que subyace a la reparación, no puede olvidarse el principio de realidad que la hace posible. Invocan algunos el principio de solidaridad para afirmar que todas las víctimas son iguales sin que importe el victimario. Sin embargo, al examinar la realidad se encuentra que los victimarios mayores de las últimas décadas han sido narcoterroristas de las drogas, las guerrillas y los paramilitares, en consecuencia, no se entiende que los nivelen con los soldados y policías que tienen que combatirlos y garantizar la única reparación trascendente: El Derecho de No Repetición.

Una de las causas de nuestra violencia es la equivocación de muchos de haber igualado la fuerza pública con los terroristas; la han deslegitimado y desmotivado y a los terroristas los han exaltado. Difícil que opere una fuerza pública al saber que el criminal buscará su impunidad acusándola a ella con la facilidad que primero le crean al delito que a quien lo combatió.

Durante nuestro Gobierno hubo un acuerdo para que en el caso de agentes del Estado se requiera sentencia judicial mediante procedimiento abreviado. Creo que es Constitucional distinguir a aquel que tiene por misión proteger a la ciudadanía frente a quien se dedica a maltratarla con el delito.

5. SGJ: ¿La mayoría de los Estados que implementan programas de reparaciones lo hacen para resarcir consecuencias de dictaduras o violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del propio Estado. Por qué se piensa que Colombia debe hacer reparaciones integrales por acciones de terceros, en nuestro caso grupos terroristas?

AUV: Hay razones humanitarias que se necesita considerar para cumplir con el Estado Social de Derecho y que se manifiestan en la pobreza y vulnerabilidad de muchas víctimas. Hay razones sociológicas y sicológicas para buscar estados de ánimo de reconciliación. Frente a nuestro Estado Democrático la razón sería la falta de determinación que durante tanto tiempo prevaleció para combatir la violencia.

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