Reducción de penas con gato encerrado

Por Eduardo Mackenzie
¿Qué es lo que busca el proyecto de rebaja penas, en una quinta parte, a todos los condenados? Hace un par de días, el diario caleño El País interrogó a propósito de eso a Juan Manuel Corzo, el senador conservador que sacó de la manga, de la noche a la mañana, ese extraño proyecto de ley. Sus respuestas no fueron convincentes.

El citado senador quiere sacar adelante una ley que parece caída del cielo: no hace parte del programa de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y no tiene nada que ver con los temas que fueron puestos a consideración del electorado en las legislativas pasadas las cuales ganó ampliamente el pueblo uribista.

Corzo, quien admite que detrás de ese texto están el arzobispo Rubén Salazar y la controvertida ex senadora Piedad Córdoba, trata de dormir a la opinión pública con sus explicaciones. El dice que su proyecto sólo busca crear un fenómeno de “reconciliación y perdón” en Colombia. Sin embargo, Corzo dejó escapar una frase que muestra la lógica verdadera de la operación: “Mucha gente llegó a la cárcel impulsada por la problemática social y no por eso debemos eliminarlos o apresarlos de por vida”. ¿Eliminarlos? ¿Quién quiere “eliminar” a los condenados? La exageración de Corzo muestra cuán débil es su tesis. Según él, los temibles criminales encarcelados, de izquierda y de derecha, los narcotraficantes y los matones de las Bacrim (bandas criminales), sólo son víctimas de “la problemática social”.

¡Qué gran embuste! Creer que el terrorismo y la delincuencia común son causados por la “problemática social” es el argumento de las almas cándidas que velan más por el bienestar de los criminales que por la suerte de las víctimas. No hay mejor receta para disculpar los delitos más abominables que darles un envoltorio “social”. Esa fórmula permite tragar entero aquello de que “el fin justifica los medios”, principio tan utilizado por los marxistas.

Por fortuna, algunos senadores que luchan contra la impunidad rechazan ese nuevo engendro. Juan Manuel Galán Pachón reveló que su colega Corzo busca reducir las penas “sin distinguir la gravedad en los delitos”, lo que sería, según Galán, “tremendamente grave como mensaje para la sociedad”. El senador liberal mostró lo insólito de la situación: mientras ellos buscan aumentar algunas penas y fortalecer la legislación penal contra la delincuencia organizada, Corzo y sus amigos tratan de dar el “mensaje contradictorio” de una ley de rebaja de penas. Galán tiene razón cuando dice que los condenados deben cumplir sus condenas.

Empero, El País mostró cierta ingenuidad al sugerir que es impensable que Piedad Córdoba quiera favorecer a guerrilleros a la vez que a paramilitares y narcotraficantes.

¿Por qué no? Piedad Córdoba quiere que salgan de la cárcel los terroristas más endurecidos, aquellos que no se han siquiera arrepentido de haber cometido tantas infamias, pues ella le colabora a las Farc, como lo acaba de establecer el Procurador General. Pero ella también quiere hacer negocios con los paramilitares. ¿Alguien ha olvidado sus amables encuentros con Mancuso en una cárcel norteamericana? Mancuso comparte con ella un odio feroz contra el gobierno de Álvaro Uribe que desmanteló a los paras, puso en la cárcel a sus jefes y extraditó a Estados Unidos a la cúpula de éstos. Ellos y las Farc comparten ese odio fanático y hacen todo para golpear y enlodar a Uribe y a sus ex ministros. Todo lo que refuerce el campo anti gubernamental actual es bueno para esos dos bandos.

En consecuencia, poner en libertad a centenas de duchos “comandos”, secuestradores, “explosivistas”, instructores, sicarios y traficantes de droga, de todos los bandos, aún así sea bajo un pretexto “humanitario”, es congruente con el doble designio desestabilizador de esa gente. Tal acto constituiría, en realidad, una nueva amenaza contra la paz, contra la sociedad civil y el Estado.

No sería la primera vez que alguien de extrema izquierda, como la destituida senadora, colabora con gente de extrema derecha, como Mancuso. El anti liberalismo y el anti capitalismo son rasgos tanto de los comunistas como de los nazis. Eso les permite entenderse entre ellos. Ellos comparten asimismo el utopismo y el antiimperialismo. Por eso Stalin ayudó a Hitler a tomar el poder. Por eso hubo la colaboración secreta entre la Reichswehr y el Ejército Rojo. Por eso Hitler y Stalin firmaron el pacto germano-soviético de 1939.

Que las Farc quieran ayudar a la gente de Mancuso no debe sorprender a nadie.

Tampoco es raro que tal proyecto de reducción de penas sea presentado por un senador conservador. Idiotas útiles hay en todos los partidos. Nadie olvida que otro político conservador fue el arquitecto de los falsos diálogos del Caguán, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana. La entrega sin condiciones de 42 000 km² a las Farc, para realizar esa farsa, fue la trampa más grande que la subversión le haya tendido al Estado colombiano. Todos sabemos en qué termino eso.

Sacar antes de tiempo a terroristas y narcos de las cárceles, y poner en éstas a quienes lucharon y luchan contra el terrorismo en todas sus formas, hace parte de un plan de obscuros organismos extranjeros que se empeñan en judicializar y meter en prisión a como dé lugar a los militares y otros agentes del Estado que combaten la llamada criminalidad “política”.

Milagros Bellido Zúñiga, presidenta de la Asociación Pro Verdad y Justicia, del Perú, conoce bien ese tema y considera que no es una casualidad que en Colombia aparezca en estos días ese curioso proyecto de ley de reducción de penas: “Los peruanos que trabajaron para liberar terroristas y bajar sus penas, hoy son los encargados de organizar en Colombia el Centro Internacional para la Justicia Transicional, con Javier Ciurlizza a la cabeza, y la Comisión Colombiana de Juristas, cuya central está en Lima, y cuyo dueño es Diego García Sayán, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Ambos individuos “son abiertos enemigos de las fuerzas del orden que derrotaron el terrorismo en el Perú”, advierte Milagros Bellido. El diario Expreso de Lima hace algunos meses hizo la misma denuncia.

Colombia es pues objeto de un nuevo capítulo de la siniestra guerra jurídica destinada a desmoralizar a las fuerzas militares. Es obvio que los impulsores del proyecto de ley de reducción de penas, aún si son de buena fe, no le están contando toda la verdad al pueblo colombiano. La advertencia que viene del Perú democrático no debe ser desoída. Después, cuando los estragos aparezcan, que nadie diga que de esto nadie habló.

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