Lucha contra la pobreza, más que un problema de cifras

Con el fantasma de la crisis económica externa y el desafío de la tragedia invernal de por medio, el presidente Santos se propone bajar en 8 % la pobreza y en 2,8 % la pobreza extrema en el país (de 12,3% a 9,5%).

¿Qué tan posible es hacerlo?
Se estima que 37% de los colombianos viven en la pobreza.

Uno de los desafíos más grandes para cualquier gobernante es superar las deficiencias que en materia de igualdad tiene su país. En Latinoamérica esta tarea es aún más primordial. Brasil, por ejemplo, figura entre las 10 economías más grandes del mundo, pero también es el país del continente con mayor grado de inequidad. Detrás viene Colombia, que está lejos de sus indicadores de desarrollo, pero muy cerca de los desalentadores registros que alimentan la brecha entre ricos y pobres.

¿Cómo resolver esta encrucijada? El gobierno del presidente Juan Manuel Santos planteó el jueves que lo hará a través de inversión social. Dijo que habrá erogaciones por orden de $510 mil millones para rebajar los indicadores de pobreza, flagelo que afecta a 37% de los colombianos
Más allá de lo optimistas que parezcan sus metas, la verdad es que para lograrlo el Gobierno debe hacer frente a una serie de desafíos que no dependen del todo –o exclusivamente – de sus políticas.

En estos momentos, ya se encuentra superada la discusión acerca de la metodología para la medición del número de colombianos que se ven a gatas para conseguir los recursos necesarios para tener una vida digna. Hasta los economistas más contradictores de Santos concuerdan en que el esquema planteado por la Universidad de Oxford, y avalado por las Naciones Unidas, es de lo más completo que se tiene en la materia y los resultados de su última medición permiten hacer las primeras comparaciones para saber hasta qué punto el país ha avanzado o no en la materia.

De allí se desprende el primer desafío que tiene el Gobierno para la reducción de la pobreza: el indicador ya no sólo mide los ingresos de una familia, sino que incluye también su acceso a servicios públicos, educación o vivienda. Así, por ejemplo, las 117 personas que están en proceso de desalojo en una urbanización pirata del barrio Molinos, al sur de Bogotá, estarían por debajo de la línea de pobreza al carecer de vivienda, así algunas de ellas devenguen el salario mínimo.

Dicho, situaciones como el invierno parecieran conspirar contra la meta de reducción de pobreza del gobierno. Esto por dos razones, la primera es que para superar la tragedia invernal, el país deberá desplazar una gran cantidad de recursos para reconstruir la infraestructura del país (más aún con miras a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos). Los daños en esta materia, a su vez, hicieron subir en su momento el precio de algunos alimentos, todo lo cual va en detrimento de los ciudadanos con menos capacidad adquisitiva.
Lo segundo es que la ola invernal, por una serie de razones (entre ellas la mala planeación urbana y la sobreexplotación de recursos que mitigan el impacto de las inundaciones), suele impactar justo a los más pobres.

Otro tema que escapa al control del Gobierno son las crisis económicas originadas allende las fronteras. La de finales de 2008, por ejemplo, puso en jaque las finanzas de las grandes potencias mundiales y tuvo efectos sensibles en gran parte del planeta. Ahora, Naciones Unidas y el Banco Mundial pronostican que en 2012 están dadas las condiciones para un remezón de similar magnitud.
Con todo, si Santos es capaz de cumplir sus promesas será un hecho para celebrar, aunque sin olvidar que 9,5% de los colombianos seguirán estando más allá de la ayuda estatal y las buenas intenciones del gobierno.

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