Un fallo a tres bandas

No creo que el Tribunal Superior de Bogotá espere que la Corte Penal Internacional juzgue al Expresidente, Belisario Betancur por la retoma del Palacio de Justicia. No creo que el Tribunal ignore que la Corte sólo cobró vigencia en Colombia a partir de 2002.

Creo que el pronunciamiento de los magistrados intenta abrir una puerta de entrada para que la Corte Penal Internacional pueda juzgar a los Presidentes de Colombia. Basta leer con cuidado lo que dice el fallo al respecto para darse cuenta de que se trata de una carambola a tres bandas.

El texto señala que remitir el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es el juez natural de los Presidentes en Colombia, “es inane” y que con su intervención la Corte Penal Internacional podría impedir “la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito externo.”

El párrafo clave, citado por el diario El Tiempo, dice:

“Ante la inexistencia de pronunciamientos por parte de las autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad que en estos delitos pueda tener el ciudadano Belisario Betancur, Presidente de la República para la época de los hechos y atendiendo a lo inane que resulta la compulsa de copias (a la Comisión de Acusación), se dispone exhortar a don Luis Moreno Ocampo o quien haga las veces de Fiscal Principal ante la Corte Penal Internacional, para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno”.

No soy abogado, pero sé leer y lo que entiendo que está diciendo el Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia es que no ve la posibilidad de que los expresidentes de la República puedan ser juzgados en Colombia. En primer lugar por la inoperancia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cosa ya aceptada por todo el país al punto de que se está discutiendo su eliminación; y en segundo lugar, por la existencia de un fuero especial que, según el Tribunal protege a los ciudadanos que se desempeñaron como Presidentes de la República.

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