¿Justicia o venganza?

Por: Oscar Montes

Una de sus últimas declaraciones antes de emprender la huida, el exalto comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo descargó su ira y su impotencia contra altos funcionarios del actual gobierno, empezando por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos; cuestionó a la fiscal general Viviane Morales, y dejó entrever que, al igual que María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, él tampoco estaba dispuesto a someterse a un proceso judicial en Colombia que no le brinde ningún tipo de garantías.

El Alto Comisionado no solo no reconoció su responsabilidad en la desmovilización del falso frente de las Farc, ‘Cacique La Gaitana’, que hoy lo tiene huyendo de la Justicia, sino que planteó la controvertida y controversial tesis de que lo que hay detrás de todo su caso es una persecución de la fiscal General, Viviane Morales, por haber afirmado que Carlos Alonso Lucio, su actual esposo, fue asesor de los jefes paramilitares en San José de Ralito, Córdoba.

La supuesta persecución judicial es la misma tesis que esgrime el expresidente Álvaro Uribe para defender no solo a Restrepo sino a otros exfuncionarios suyos, como María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias y Bernardo Moreno, entre otros. Uribe se declara víctima del aparato judicial del país y esa fue la principal razón que lo llevó a recomendarle a María del Pilar Hurtado a solicitar el asilo político al gobierno de Panamá.

Lo que realmente sorprende es que Uribe, quien ostentó por ocho años la más alta dignidad del Estado, sea ahora el principal promotor de la desobediencia a las decisiones judiciales. Semejante desafío por parte de un ex presidente nunca se había visto en la historia del país. No hay una sola decisión de los fiscales y jueces del país, que afecte a alguno de sus ex colaboradores, que no sea controvertida por el expresidente. Mientras Urieb se declara perseguido, los representantes del poder judicial sostienen que lo que hay es una abierta motivación para evadir la acción judicial y evitar que se esclarezcan episodios oscuros del mandato de Uribe.

“Si el ex presidente Uribe desconoce una decisión judicial, qué puede esperarse de uan persona del común”, me dijo un magistrado auxiliar de un alto tribunal. ¿De qué sindican a los ex funcionarios de Uribe? ¿Qué motivos tiene el ex presidente para plantear la tesis de la supuesta persecución criminal? ¿Es Uribe un perseguido de la justicia?

1. Luis Carlos Restrepo

“Luis Carlos Restrepo ha sido un crisol. Es un colombiano ejemplar. Es un patriota eficiente, probo y es víctima de una venganza criminal. Se trata de un error jurídico”. Con estas palabras defendió Álvaro Uribe a su excomisionado de Paz, quien hoy goza de la condición degradante de ser reo ausente, que no es motivo de orgullo para nadie, mucho menos para alguien que ha ocupado altas dignidades del Estado y ha gozado de la plena confianza de un presidente de la República.

Esa es hoy la condición de Restrepo, quien prefirió huir de la Justicia antes que tener que dar explicaciones por el delito de “falsa desmovilización”, producto de la farsa en que se convirtió la dejación de armas del supuesto frente ‘Cacique La Gaitana’, que ni era frente, ni pertenecía a las Farc, como el Gobierno lo anunció en su momento.

Restrepo es, pues, un fugitivo. Además, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, y fraude procesal. Uribe sostiene que se trata de “persecución criminal” por parte del poder judicial contra su exfuncionario. Restrepo, por su parte, alega que su actuación se derivó de sus funciones como negociador del Gobierno y que quien tenía que verificar los antecedentes de los desmovilizados era al Ejército Nacional.

2. María del Pilar Hurtado

“A María del Pilar Hurtado se le quieren fabricar delitos. Es una funcionaria que actuó con pulcritud y jamás llegó a cometer ningún delito, ni siquiera político. Ella es víctima de una persecución en nuestro país. Debo recordar la falta de garantías judiciales para mis excompañeros de gobierno”. Al igual que sucedió con Luis Carlos Restrepo, en el caso de María del Pilar Hurtado, quien se encuentra asilada en Panamá, el expresidente Uribe optó por descalificar a quienes investigan su actuación por, supuestamente, haber participado en las llamadas ‘chuzadas’ contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, medios de comunicación y miembros de la oposición, cuando se desempeñaba como directora del DAS.

Hurtado ha sido señalada por antiguos subalternos de tener pleno conocimiento del diseño y ejecución del siniestro plan en contra de quienes el Gobierno consideraba como sus “enemigos”. El asilo político de Hurtado en Panamá 
–recomendado y reconocido públicamente por Uribe– ha recibido todo tipo de cuestionamientos por parte de las altas cortes y analistas, que lo consideran una afrenta y una burla a la Justicia. Recientemente el gobierno del vecino país rechazó una solicitud para que Hurtado perdiera su condición de privilegio y regrese al país a responder por su actuación.

3. Andrés Felipe Arias

“Rechazo el total ocultamiento de evidencias, pruebas e información que demuestran su inocencia, por parte del Ministerio de Agricultura, la Fiscalía General, la Procuraduría General de la Nación y otros entes del Estado en contra de Andrés Felipe Arias, cuyo caso lo convierte en un preso político”.

El proceso contra el ex Ministro de Agricultura de Álvaro Uribe, y quien era considerado su heredero político, hasta el punto de ganarse el remoquete de Uribito, es calificado por el ex Presidente como otra maniobra de la Justicia para perjudicar a sus colaboradores más cercanos. Uribito se encuentra detenido en la actualidad en la Escuela de Caballería de Bogotá y afronta un proceso por peculado por el manejo irregular que se habría dado a los recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Además, la Procuraduría lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 16 años. La defensa que ha hecho Uribe de Arias lo ha llevado a declararle la guerra a funcionarios del actual gobierno, como el ministro Juan Camilo Restrepo, así como a representantes de los organismos de control con quienes tiene afinidades políticos, tal es el caso del procurador Alejandro Ordóñez.

De ser cierta la tesis de Uribe, de que hay una persecución criminal en su contra, se trataría de una confabulación de amigos y enemigos para hacerle daño, algo que resulta inverosímil y, obviamente, carece de toda lógica.

4. Bernardo Moreno

“Presidente Juan Manuel Santos, frene esta venganza criminal, expresada a través de una persecución política. Bernardo Moreno es un funcionario intachable. Es inaceptable que se prive de la libertad a un ciudadano, al acusarle de obstruir la Justicia por el hecho de defender su nombre. Me duele por Bernardo Moreno y por el ordenamiento jurídico y la derogatoria de principios, como la presunción de inocencia y la buena fe”.

De esta manera, Uribe volvió a cuestionar una decisión judicial y arremetió contra quienes acusan a su ex Secretario General de incurrir en conductas delictivas, como obstrucción a la Justicia, concierto para delinquir, concusión, tráfico de influencias y peculado, entre otros.

No se trata de delitos menores, ni tampoco compromete a un funcionario de nivel intermedio. Todo lo contrario: Moreno está siendo investigado por la Fiscalía por haber acosado, supuestamente, a un ex director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), para que nombrara a personas de confianza de un congresista que había respaldado la reelección de Uribe.

Pero, además, Moreno era la persona que le hablaba al oído al presidente Uribe y era el puente entre la Casa de Nariño y los parlamentarios, con quienes se entendía de diversos asuntos que interesaban directamente al Jefe del Estado, entre ellos, obviamente, su reelección. Su nombre también ha sido mencionado en varias oportunidades en los escándalos de la ‘Yidispolítica’ y en el de las ‘chuzadas’ del DAS, los más graves casos que ocurrieron durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe.


@leydelmontes

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