Reforma a la Justicia requiere mucho más que una cadena de favores

El periódico traía cinco noticias que no parecían tener nada que ver la una con la otra: “Las insólitas demandas de los destituidos contra el Estado”; “Así funciona el cartel que negocia las entregas de narcos” ; Justicia indígena desafía la condena contra Rojas Birry ; Exguerrillero “Olivo Saldaña” afirmó que es un “perseguido” del Estado; “Conozca más detalles sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso”.

La primera nos da cuenta de tres antiguos servidores públicos sancionados por corrupción que creen tener derecho a recibir millonarias indemnizaciones de la Procuraduría porque según ellos los castigó injustamente. La segunda que las nuevas generaciones de narcotraficantes colombianos prefieren someterse a la Justicia de Estados Unidos que a la de Colombia.

La tercera noticia nos informa que una comunidad indígena desconoce el fallo de un “juez blanco” que condenó a uno de sus miembros a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito. En la cuarta nos dicen que un ex guerrillero de las Farc se queja porque otro Juez no aceptó su confesión. Y en la quinta nos prometen más detalles sobre el testimonio de un paramilitar extraditado que prefiere “confesar” en la radio en lugar de hacerlo ante un Juez de la República.

¿Qué tienen en común esas 5 noticias publicadas por el diario El Tiempo de Bogotá en su edición dominical? Dos cosas: Uno, que en todas, desde diferentes ángulos, se cuestiona la integridad, imparcialidad y credibilidad de la justicia colombiana. Y dos, que todos los que se quejan han sido sancionados por ella.

Pero no sólo delincuentes y corruptos desconfían de la Justicia Colombiana. En el diario El Espectador el Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez acusa a la Fiscalía General por investigarlo sin avisar cuales son los posibles delitos por él cometidos y cuales las pruebas que obran en su contra. El abogado del funcionario amenaza con acudir a instancias internacionales porque en su caso “la justicia está parcializada”. Por su parte, el Fiscal que investiga el caso contraataca denunciando que Sánchez está utilizando a un antiguo socio, ahora Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, para sacarlo del juego y desviar la investigación.

Estos 6 casos se suman al malestar que expresan miles de ciudadanos a través de blogs y redes sociales por el muy cuestionable desempeño de nuestro sistema judicial. Un sistema que castiga con 8 años de prisión a una persona por recibir $200 millones de una empresa captadora ilegal de dinero, pero deja en libertad a otra que le robó $65 mil millones al erario público.

La gente tiene porque desconfiar de un sistema de justicia cuyos magistrados construyeron una “cadena de favores” para rotarse los cargos y perpetuarse en ellos, además de lograr el nombramiento de esposas, hijos y parientes en organismos de control y despachos judiciales.

La gente tiene porque desconfiar de una administración de justicia que creo un “Carrusel de ascensos y nombramientos temporales” para aumentar el valor de sus mesadas de jubilación. La gente tiene porque dudar de un sistema que deja en la más descarada impunidad el saqueo a los servicios de salud a todos los niveles.

El país desconfía de su sistema de justicia cuando ve perplejo como la velocidad de las investigaciones y procesos es directa o inversamente proporcional al poder político, económico o mediático de víctimas y victimarios.

Este creciente desprestigio de nuestro sistema de justicia se hace evidente justo cuando las tres ramas del poder público de acuerdo con la Constitución Colombiana discuten en el Congreso una nueva “Reforma a la Justicia”.

Valdría la pena que el gobierno, el congreso y la rama judicial aprovecharán la ocasión para darse cuenta de la real dimensión del problema y reflexionarán si no creen que la solución a esa desconfianza y falta de credibilidad en nuestro sistema de justicia demanda mucho más que ampliar el periodo de los magistrados de las Altas Cortes de ocho a 12 años, reemplazar a un corrupto e ineficiente Consejo Superior de la Judicatura por dos nuevas entidades, o crear la doble instancia para juzgar a los parlamentarios.

Valdría la pena que, ya que están discutiendo el tema, nuestras tres ramas del poder público diseñaran y construyeran un sistema de justicia eficiente y eficaz. Equilibrado e imparcial. Que suministre lo que nos promete la Constitución: pronta y cumplida justicia para todos no sólo para quienes ostentan cargos de poder público o privado, tienen como pagar abogados de renombre o la capacidad para torcer fallos y sentencias.

Sólo una justicia seria, equilibrada e imparcial acabará con las disculpas de quienes huyen del país alegando falta de garantías. La desfachatez de quienes delinquen aquí, pero dicen preferir una “celda en los Estados Unidos”. O el cinismo de quienes delinquen como blancos, pero piden ser juzgados como indígenas porque allá esos delitos no existen.

En Colombia todo el mundo encuentra una manera para delinquir y evadir la acción de la justicia. No será hora de que la Justicia recupere su vital y necesaria majestad?

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