El haraKiri del Congreso

 

 

Por: William Calderón.–

El presidente Santos ha puesto contra la pared al Congreso. Le ha señalado el palo en el que debe ahorcarse o practicarse el haraquiri como consecuencia de la expedición del decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias que comienzan hoy miércoles y terminan mañana jueves -–prohibidas expresamente por la Constitución— para que sea hundida la Reforma constitucional a la administración de Justicia.

 

Cobardía

La cobardía política del Ejecutivo y el narcicismo presidencial para mantener sin promulgación la norma constitucional, mientras el Congreso tramitaría por la vía constitucional correcta la derogatoria del Acto Legislativo expedido el 20 de junio de 2012, que hubiera sido la solución menos traumática para enmendar el entuerto, nos llevarán irremediablemente al abismo institucional, conducido por el Presidente, amangualado con el Congreso y la altas Cortes.

 

Congreso castrado

Por obra y gracia del Úcase santista (orden gubernativa injusta y tiranica)  el Congreso de la República ha quedado castrado de sus atribuciones como Constituyente derivado.

 

Miedo al Referendo

El temor de Santos al referendo derogatorio que vienen promoviendo amplios sectores sociales, aún antes de la expedición del Acto Legislativo, curiosamente conduciría a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en cuyos designios ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial tendrían injerencia alguna. Como quien dice, quedarían  expuestos a un suicidio asistido o a una eutanasia institucional, sin recibir siquiera los “santos” óleos.

 

Otra de Merlano

Al senador Eduardo Carlos Merlano poco o nada le interesan sus conocidos líos judiciales y disciplinarios. Ahora trata de amedrentar a funcionarios judiciales del Departamento de Sucre certificando falsedades, según denunció el abogado Hollman Ibáñez Parra, en mensaje a La Barca.

Desde noviembre de 2011 cursa un proceso electoral en contra del alcalde Sampues. La demanda se fundamenta básicamente en que Merlano otorgó en su calidad de avalante del Partido de la U, subdelegó en Victor Hernández la facultad de inscribir como candidato a dicha alcaldía a Alejandro José Sierra, por ser el primero supuesto militante del partido de Merlano.

 

No era de la U

En el devenir del proceso judicial salió a la luz que el inscriptor del hoy alcalde de Sampues no era militante del Partido de la U, y que contrario sensu pertenecía  al Partido Liberal Colombiano, como quiera que había sido elegido burgomaestre de Sampues por el liberalismo.

Para probar la debida inscripción y una posible doble militancia, la acuciosa juez séptima administrativa de Sucre le ordenó tanto a las directivas del Partido de la U, como a las del Partido Liberal certificaran si el Inscriptor de Alejandro Sierra, (Victor Hernández) se encontraba o no afiliado a dichas colectividades.

 

Reincidente  

El Partido Liberal certificó que Hernández era miembro del Partido Liberal mientras que el Partido de la U., certificó que no  y hasta allí no hay mayor lío, salvo la indebida inscripción y la consabida nulidad de la elección de Sierra como alcalde de Sampues.  Incurre Merlano de nuevo en tráfico de influencias, prevaricato y falsedad ideológica.


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