La Constitución contra la Constitución

Por: Rafael Guarín

¿Se imagina que en Camboya se quisiera reformar la Constitución para impedir a los jueces perseguir a quienes participaron en los crímenes de lesa humanidad que hicieron parte de un genocidio en el que murieron más de un 1.500.000, lo que supone la desaparición del 20% del total de la población? Imagine que los promotores de esa reforma pretendan que la justicia internacional no procese a los perpetradores de los Jemeres Rojos, excusándose en un “Acuerdo de Paz”.
Imagine que con la excusa de lograr en el futuro la esquiva paz en España, se modificara la magna Constitución de 1978 para obligar al Estado a negociar con la banda terrorista ETA, indirectamente reconocerle legitimidad política y el derecho a emplear la violencia en su propósito “independentista”, así como garantizar impunidad a sus integrantes por la mayoría de los asesinatos, detonación de coches bomba y acciones sangrientas, como el atentado en el Hipercor de Barcelona que causó 21 muertos en 1987 o el que mató a 12 Guardias Civiles e hirió a 50 personas en Madrid, un año antes.
¿Se imagina que en el parlamento inglés se votara una norma mediante la cual el Estado renuncie a la investigación y juzgamiento, al igual que se ordene cesar los procesos y suspender la ejecución de la pena contra los ciudadanos y residentes en Reino Unido que conforman células de terrorismo yihadista? Células que hipotéticamente tuvieron alguna relación con los atentados de julio de 2005 en el servicio de transporte público de Londres, que causaron más de 50 muertos y 700 heridos.
Esfuércese y trate de imaginar, por un momento, que la Constitución que redactaron los padres fundadores de los Estados Unidos se modificara para incluir un artículo que ofrezca impunidad a los integrantes de células de Al Qaeda por sus atentados pasados, presentes y futuros. E imagínense que en el Capitolio se aprobara una enmienda constitucional que obliga a los Estados Unidos a negociar su Constitución con el islamismo radical, que lo considera el gran satán, y renunciar a derrotarlo, para conseguir un “Acuerdo de Paz”.
O que se tramitara, casi subrepticiamente, sin la discusión nacional que merece, una reforma en la Constitución de México para desistir de la investigación y juzgamiento de gran parte de los crímenes atroces, entre ellos las masacres y decapitaciones de personas, cometidas por los Zetas.
¿Y qué tal cambiar la Constitución de Uganda para establecer la posibilidad jurídica de no perseguir penalmente a Josepk Kony y al Ejército de Resistencia del Señor, reclutadores de niños para la guerra, en momentos que en todo el mundo se agita una campaña para que comparezcan ante la justicia internacional? ¿Y si agregamos la pretensión de que la reforma busque que la Corte Penal Internacional no lo pueda juzgar, ni a los demás asesinos y reclutadores, argumentando que se adelantó una investigación no judicial completa?
Inimaginable. ¿No es cierto? Con seguridad ni los miembros de ETA, Al Qaeda, el Ejército de Resistencia del Señor, los Zetas, ni los asesinos de Camboya, esperarían tanta generosidad, mucho más si lejos de decidir el definitivo abandono de las armas, se dedicaran con todos sus recursos a escalar la violencia, cometiendo cientos de atrocidades.
A pesar de que las organizaciones mencionadas y el contexto en que cometen sus brutalidades son diferentes y no pueden trasladarse automáticamente, lo cierto es que, guardadas las proporciones y las grandes diferencias, los ejemplos ilustran lo absurdo que se está haciendo en Colombia.
El Congreso aprobará esta semana una reforma constitucional, con el nombre de Marco Jurídico para la Paz, que busca precisamente lo que es difícil de imaginar con los ejemplos anteriores. El “Marco” garantiza literalmente un bacanal de impunidad que favorece a la mayoría de criminales de lesa humanidad y permitirá su excarcelación masiva. Consagra la renuncia a la persecución penal contra los menos responsables de crímenes de lesa humanidad lo que significa que por mandato constitucional no podrán ser investigados, juzgados y condenados; igual sucede con los autores de los demás delitos, incluido el narcotráfico, mientras que a los máximos responsables de los crímenes atroces se les premia con “sanciones extrajudiciales” y “penas alternativas”, es decir, la posibilidad de que no paguen cárcel.
La reforma además revictimiza al impedir el acceso a la justicia y negar, en algunos casos, la reparación. Estimula la continuidad de la violencia y motiva nuevas atrocidades, afecta la seguridad, viola el derecho internacional, legitima la violencia como medio de acción política y por ende a las FARC y al ELN. Envía un mensaje pernicioso a la fuerza pública que favorece la violación de derechos humanos y su contenido afectará la cohesión de las fuerzas militares, la moral y la capacidad de combate, mientras elevará la de las guerrillas. No sólo es ineficaz para la paz, sino que es un grave retroceso en la política de firmeza contra la criminalidad y el terrorismo que ha dado resultado. Todo en nombre de la paz.
Lo peor es que las FARC se dan el lujo de rechazar someterse a la justicia. Iván Márquez dijo que era una “ilusión seráfica” y a través de ANNCOL señalaron que “la insurgencia, como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones jamás aceptará ese mamotreto jurídico”. No obstante, los autores insisten en que el Marco será definitivo para la paz.
Por otro lado, con el acto legislativo ocurre lo inimaginable: el estado de derecho entra en un periodo de interinidad al incluir en la Carta Política la garantía de impunidad a miembros de organizaciones que cometen todo tipo de crímenes con el fin de destruir el ordenamiento jurídico. Sucede lo mismo cuando por mandato constitucional se fuerza al Estado a negociar con esos grupos y a suscribir un “Acuerdo de Paz”.
Además de renunciar a una política de firmeza contra quienes desafían el imperio de la ley, con la impunidad se termina por tolerar el empleo de la violencia para destruir la Carta de 1991 y el orden social, político y económico sobre ella cimentado. Como si eso no fuera ya excesivamente grave, se va más allá y se fuerza al Estado a negociar su propio orden constitucional con quienes en vez de ganar el derecho en las urnas, lo obtienen mediante el asesinato y el delito. Un asunto que debería ser principal en cualquier proceso de paz, como es el del régimen al que deben someterse los crímenes cometidos, termina entregándose gratuitamente y en su lugar se pone sobre la mesa la Constitución a disposición de quienes la quieren derrocar.
Los derechos a la vida, la integridad, la libertad y las demás garantías ciudadanas se relativizan. Podrán ser violentados siempre y cuando se haga a gran escala y con la excusa de la existencia de un conflicto, que no tiene razón alguna de existir más que el afán que mueve a las FARC y el ELN a someter a la sociedad por la fuerza, junto al móvil del narcotráfico, que las suma a las bandas criminales.
¿Son merecedores los autores de crímenes atroces de un trato preferente? Su único mérito es el imperio de la fuerza y el crimen desbordado. La superioridad moral que en el pasado se reconoció a los luchadores contra regímenes despóticos y absolutistas no existe en el caso colombiano, por dos razones: por ser una democracia deliberativa y porque los crímenes de lesa humanidad y de guerra despojan de cualquier atisbo de altruismo a quienes los cometen. No hay nada de idealismo en una masacre, nadie procura el bien de la sociedad secuestrando, ni hay nada de altruismo en el desplazamiento y el despojo.
También son dos las razones que justifican a la luz del Estado de derecho una reforma que tenga las secuelas expresadas. Primero, la renuncia a que éste se imponga y, segunda, la aceptación de la imposición de la fuerza de los criminales. Ambas cosas son una hecatombe para la Constitución.
Tan maravillosa innovación constitucional no tiene antecedente en la historia de las ideas enmarcadas en la democracia liberal. Colombia será el único país del planeta donde la Constitución valida la violencia contra la misma Constitución. ¡Aterrador! ¡Pero cierto! Será la única democracia en el mundo que pone en entredicho su legitimidad y la de sus instituciones con una reforma que ofrece garantías de impunidad a quien comete atrocidades para atacarla. ¡Increíble! Era inimaginable, pero será una absurda realidad.
*Exviceministro de Defensa. Autor del libro PAZ JUSTA.

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