Los incidentes en Toribío y la crisis de la Constitución de 1991

Por: Eduardo Mackenzie.–

La indignación popular no puede quedarse a nivel de las redes sociales. La ciudadanía debería seguir el ejemplo de los habitantes de Popayán: salir a las calles de todas las ciudades para demostrar su repudio masivo, claro y absoluto contra  lo que está ocurriendo en el Cauca: una pretendida “guardia indígena” de la etnia nasa, integrada por un centenar de hombres y mujeres encapuchados y armados de garrotes y sofisticados equipos de comunicación, está logrando “despejar” por la fuerza, y con  gran ruido y espectáculo, a pesar de las gesticulaciones contrarias del Gobierno de Juan Manuel Santos, ciertos corredores estratégicos para la narcoguerrilla.

Utilizando el pretexto falacioso de que esas comarcas deben ser “liberadas de guerrilleros y soldados”, como si esos contrincantes fueran de legitimidad equivalente, los indígenas incurrieron el martes pasado en una alevosa y masiva asonada que pudo haber terminado en un baño de sangre.

Los violentos encubiertos cercaron,  ultrajaron y expulsaron a empujones al puñado de militares que custodiaban  las antenas de telecomunicación civil del municipio de Toribío, en el Alto de Berlín (Cauca).  Llorando de cólera, el sargento Rodrigo García, tras ser desalojado por la turba, dijo: “Esta es una humillación; esto no se le hace a un colombiano”.  

Sin hacer uso de sus armas contra los disfrazados civiles, los soldados soportaron con estoicismo la sorpresiva provocación: no reaccionaron aunque fueron insultados,  golpeados y arrastrados por tierra. Associated Press informó que, además, los indígenas escupieron a los soldados, les quemaron la comida e incendiaron el bosque donde ellos solían ir a tomar agua. En otras palabras: los anónimos y bien organizados asaltantes, respaldados por fotógrafos y camarógrafos aguerridos, buscaban una confrontación sangrienta con los aislados militares para desencadenar probablemente una nueva campaña internacional de desprestigio contra Colombia.

Gracias a la sangre fría y al sentido patriótico de los soldados esa tragedia no ocurrió. Sin embargo, el golpe militar, psicológico y moral infligido a las Fuerzas Armadas, y al país en general, fue lo suficientemente explícito como para no poder descartar que en el futuro ello arroje consecuencias graves. Es obvio que los agresores, detrás de los cuales se perfilan muy claramente las Farc, sintiéndose imbatibles, ampliarán sus andanadas. ¿Qué ocurrirá entonces?  

Los miembros de la “guardia indígena” actuaron como terroristas de  nuevo tipo, capaces de paralizar y expulsar, provisoriamente, avanzadas de  la fuerza pública tomadas por sorpresa y débilmente encuadradas. A punta de emboscadas, minas antipersona y obuses contra la población civil, las Farc no habían logrado tal cosa durante décadas. Ahora lo está logrando bajo la apariencia de una “movilización de masas”. Es decir ante las variantes destructivas que el Gobierno colombiano  jamás ha querido estudiar.

Dispuesta a hacer del Cauca un bastión con salida hacia Ecuador,  la guerrilla quiere que la fuerza pública colombiana huya para apoderarse del norte del departamento. Unos días antes, en esa misma región, otro grupo de indígenas destruyó las trincheras que la policía nacional había construido en varios puntos de Toribío para ripostar ante los frecuentes asaltos de los narco-guerrilleros. El general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, declaró que mientras los indígenas maltrataban a los militares en el Alto de Berlín, la guerrilla hostigaba a las tropas en el mismo sitio. “Es un trabajo conjunto para sacarnos de las áreas donde se han bloqueado corredores del narcotráfico”, subrayó.

El contexto de la asonada del Alto de Berlín es, en efecto, explosivo. Grupos indígenas se apoderaron días antes de las tres bombas que portaba el avión de combate Supertucano abatido probablemente por las Farc en mismo día en que el presidente Santos estaba en la región tratando de dialogar con los indígenas. Estos no quisieron escucharlo aunque proclamaron que  sus intenciones eran “pacíficas” y que expulsarían también a las Farc. Pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue embestir miserablemente contra los soldados. Sabían que las Farc dispararían sin piedad contra los indígenas si ellos se atrevían a tocar un pelo de los facinerosos.

La movilización indígena excede el marco del Cauca. Al momento de escribir estas líneas, en el vecino Putumayo, dos mil activistas de otras etnias marchan hacia Mocoa, la capital del departamento, para exigir “soluciones al conflicto”. La misma Bogotá ha sido amenazada: anuncian que el próximo  20 de julio ocho mil indígenas armados de trancas y macanas tratarán de tomarse el ministerio de Defensa para exigir (el lenguaje es idéntico), “soluciones al problema de la guerra”.

¿Cuál guerra? ¿La que le hacen las Farc a la sociedad y al Estado colombiano? ¿La que le hacen las Farc a las comunidades indígenas que no se alinean a ellas? Si ese fuera el enfoque, no se entiende por qué Feliciano Valencia, el jefe de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin),  quiere desmantelar los cuarteles que protegen  las comunidades indígenas y  los pueblos, como lo prueban los angustiados llamados de los habitantes de Toribío contra el retiro de la fuerza pública. 

Nadie debe olvidar que la víspera del desencadenamiento de estos incidentes los jefes de la triste operación, entre quienes se destaca Feliciano Valencia, se reunieron en privado, durante varias horas,  en Miranda, con el ex juez español Baltasar Garzón, quien había sido designado por el presidente Juan Manuel Santos como interlocutor ante esas comunidades. El sulfuroso ex juez reconoce que había discutido con ellos acerca de la “desmilitarización de los territorios indígenas”. Baltasar Garzón admitió igualmente que desde hacía “varias semanas” él estaba “trabajando” con individuos como Feliciano Valencia quien reitera que lo que él busca es, como dicen las Farc, “abrir caminos para una salida política al conflicto armado”.

El presidente Santos repudio la expulsión de los militares pero no ha tomado acciones claras y no ha explicado por qué el fanático Baltasar Garzón sigue entrometido en temas que tienen que ver con la seguridad del país. 

La crisis en el Cauca es forzosamente el resultado de la política  negligente del gobierno de Santos en materia de orden público. ¿Cómo es posible que los servicios del Estado no hayan descubierto que las Farc estaban planeando semejante golpe por la vía de la supuesta “movilización indígena”?

Lo del Cauca confirma un hecho: el Gobierno es incapaz de prever los golpes que la subversión prepara. Es un gobierno ciego que no investiga, que no anticipa, que no estudia las amenazas contra la seguridad nacional pues vive en la estratosfera del angelismo progresista.

Colombia se quedó sin servicios de inteligencia pues dejó que le destruyeran los instrumentaos jurídicos e institucionales para adelantar esa labor esencial y ahora tiene que sufrir estos descalabros. Las Farc saben que, en esta coyuntura,  pueden hacer lo que quieran y están mostrando creatividad y audacia. Sabiendo que judicialmente nadie los inquieta, los compañeros de ruta se disponen, por su parte, a participar en el saqueo de Colombia.

Tras el sangriento atentado de las Farc en Bogotá, el 15 de mayo pasado, contra el ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, llega lo del Alto de Berlín. Fueron dos acciones de diferente naturaleza, es cierto, pero igualmente desestabilizadoras de la seguridad y de las instituciones.

La peor humillación que ha sufrido el Ejército y el Estado colombiano es, por otra parte, un fuerte llamado de atención  sobre  el carácter perverso de ciertos artículos de la Constitución de 1991. Los aspectos feudales que ésta contiene se revirtieron contra la democracia. Estamos ante una constitución desueta y peligrosa cuyas debilidades son conocidas por la subversión mejor que la clase política. La feudalidad indígena de los artículos 246 y 330, que tanto sedujeron a los juristas, muestra ahora su verdadero rostro.

El universalismo del derecho constitucional moderno fue lamentablemente suplantado entre nosotros por un enfoque particularista en el que, tras reconocer la “diversidad étnica de la nación colombiana”, se pasa a una lógica racista bien pensante basada en la diferencia, en la que los llamados “pueblos indígenas” y los “grupos étnicos” serían una excepción: sectores de la sociedad que no harían parte de la  “identidad nacional” de que habla el artículo 72, no por un pretendido atraso sino por ser otro.

De allí la actitud condescendiente frente a los excesos de la “justicia indígena” y la permisividad resignada ante a la creación de liderazgos brutales y clandestinos que terminan agobiando las mismas comunidades que dicen representar, como lo denuncia la líder indígena Ana Secué (1), y sin que el Estado logre impartir orden y justicia real.  La dinámica antinacional emprendida por grupos como el que dirige Feliciano Valencia muestra la deriva que las Farc han sabido capitalizar.

Al no reaccionar de manera eficaz contra eso, las  asociaciones de jefes y de comunidades indígenas han mostrado que le fallaron al país y que no fueron capaces de estar a la altura de una Constitución que pretendía proteger sus intereses.

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