Santos negociará con el narco-comunismo. ¿Es ello posible?

Por: Eduardo Mackenzie.–

La decisión del presidente Juan Manuel Santos de abrir “negociaciones de paz” con las Farc, tras un periodo de “contactos” secretos con la banda terrorista, en Cuba y otros países, como él y un vocero de las Farc acaban de admitirlo públicamente, es el resultado de una acumulación de problemas irresueltos del Gobierno colombiano. 

Ese anuncio sobreviene tras el desplome de la popularidad del jefe de Estado colombiano y en medio de la mayor crisis de seguridad que vive el país. El aspecto más visible de esa crisis, pero no el único, son los episodios recientes de terror continuado en cuatro departamentos del sur de Colombia, un grave atentado en Bogotá contra un ex ministro y periodista, Fernando Londoño Hoyos, la nueva ola de ataques a poblaciones y de destrucciones de infraestructuras eléctricas y las asonadas indígenas del Cauca que pretendían beneficiar a las Farc sacando la fuerza pública de corredores estratégicos para la seguridad nacional.

Para resumir, el plan de Santos de “dialogar” con las Farc no emerge en el mejor momento de su mandato, sino en una fase de declive en el que no se destaca ningún avance político, social y militar del Estado colombiano en su lucha histórica contra la subversión narco-comunista. Es el resultado, por el contrario, de la nueva relación de fuerzas impuesta por ésta al Estado colombiano.

Es también la consecuencia de un mejoramiento de la posición de las Farc en el escenario internacional. Las Farc han consolidado sus bastiones en Cuba, Venezuela y Ecuador y cuentan con redes de simpatizantes en cada país del hemisferio, incluido los Estados Unidos. La acción diplomática colombiana frente a esa amenaza ha sido inexistente.

Quiéranlo o no los publicistas del palacio de Nariño, esa es la base política objetiva  sobre la cual comenzará el nuevo intento de “diálogo” con las Farc. A esa desventaja estratégica se le suma otra: el error de Santos de aceptar el esquema predilecto del difunto Tirofijo de “negociar en medio del conflicto”. Ese esquema, en el que cada colombiano muerto o herido por las Farc pesa contra Colombia en la mesa de negociación,  explica por qué las Farc se crecieron cada vez que el Estado colombiano dialogaba con ellas.

Desde ya se puede ver que ese proceso, como los anteriores, no va a ser fácil ni promisorio para la democracia colombiana, ni para la estabilidad del continente. Lo peor de todo es que esa concesión de Santos a las Farc le costará la vida a cientos de colombianos.

Las Farc de hoy tienen poco que ver con las Farc de 2010. Los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe le impusieron a esas hordas una situación de desgaste, repliegue y aislamiento como nunca antes. Las Farc perdieron  cerca de 10 000 combatientes, entre bajas, heridos, capturas, extradiciones y, sobre todo, deserciones. Uribe había logrado la desmovilización de 52 000 hombres y mujeres en armas (35 000 paramilitares y 17 000 guerrilleros).  La fuerza pública había sido capaz de expulsar a las Farc de vastos territorios, eliminar y encarcelar una parte de su liderazgo, confundir y humillar a los jefes restantes, obligarlos a refugiarse en Venezuela y Ecuador. En numerosos combates, sobre todo con  las operacionesFénix y Jaque, que el mundo entero admiró,  el Ejército y la Policía colombianos demostraron que las Farc ya no podían estar seguras en ninguna parte. Y el optimismo volvió a renacer en el corazón de los colombianos.

Empero, en sólo dos años de gobierno de Santos esas conquistas se perdieron. El desmonte de la seguridad democrática, la tolerancia del Ejecutivo ante los desmanes del poder judicial y la agravación de la guerra jurídica contra las Fuerzas Armadas, paralizaron a la fuerza pública, la confinaron a acciones defensivas, y le permitió a las Farc volver a sus ofensivas, a ocupar territorios, a reactualizar sus redes locales e internacionales, a montar atentados hasta en Bogotá, a golpear las comunidades indígenas, a infiltrarse en los movimientos sociales, a reforzar su negocio de drogas,  y a imponer en la prensa y en los media su mentira acerca  de la “salida negociada del conflicto”.  

Ahora sabemos que las Farc dialogaban en secreto con emisarios de Santos mientras secuestraban, sembraban minas, reclutaban niños, atentaban contra la población civil y exportaban drogas.

¿Qué va a negociar Santos en esas condiciones? ¿Qué  les puede proponer, por ejemplo, acerca de sus cultivos y tráficos de droga? ¿Un statu quo?

¿Hasta qué punto es posible seguir llamando hoy a eso “negociaciones de paz”? Diseñada por alguien para embellecer un acto que era y que se confirmó nefasto para Colombia, esa fórmula caducó desde el fracaso de las reuniones de tres años en el Caguán. Lo que el presidente Santos se propone ahora tiene más el aspecto de otra cosa. Habría que abrir un concurso para determinar cuál es la definición más exacta del proceso que Santos nos promete.

Pues lo que se abre no será una negociación de paz. Con las Farc eso es imposible. Lo muestra la experiencia de los últimos 50 años. En el bagaje intelectual de esa organización no existe la noción de intercambio, de negociación, de transacción leal. Como movimiento totalitario, las Farc sólo quieren el poder y todo el poder. En ese sentido nada tienen  que ofrecerles a los colombianos, salvo el caos, la destrucción de la economía de mercado, de la propiedad, de la religión, de las tradiciones, la abolición de la democracia y la esclavización de todos, como ocurre en Cuba y Corea del Norte.

A pesar del respaldo de algunos voceros  de la comunidad internacional, el ambiente externo tampoco es bueno para esas “negociaciones”. Si Chávez es derrotado el 7 de octubre próximo, y si Cuba no gana su intento de aplastar en sangre la revuelta ciudadana, los jefes de las Farc perderán sus guaridas. Si Chávez gana la elección, los problemas y la cólera de los venezolanos aumentarán. Con un Mitt Romney en la Casa Blanca, Washington podría  abandonar el neutralismo de Obama respecto del chavismo y la suerte cambiará para los pueblos que padecen hoy el autoritarismo de  los regímenes de izquierda.  Es posible que las “negociaciones” con las Farc hagan aún más impopular a Santos y le cierren toda posibilidad de ser reelegido.

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