Sobre la legitimidad que solo puede dar el pueblo colombiano

Por: Santiago Vélez De La Roche.–

La alocución presidencial donde se confirmó el avance en las conversaciones entre el Gobierno Colombiano y las FARC con miras a un eventual proceso de paz, ha dado pie a una nueva polarización entre los líderes de opinión del país, quienes de manera instantánea iniciaron el debate acerca de la conveniencia o no de una negociación con el grupo guerrillero.

Ante esta situación, en un país que se caracteriza por decir insistentemente lo políticamente correcto pero actuar de manera contraria, las voces que defienden con vehemencia la solución negociada han gozado de una mayor resonancia en los medios de comunicación que sus contradictores, quienes en repetidas ocasiones han sido tildados de “ultraderechistas” por el simple hecho de discrepar frente a las intenciones presidenciales.

Pero en medio de la discusión entre ambos bandos, los cuales están compuestos por personajes que dicen representar el clamor nacional y hacer eco a la opinión de la sociedad colombiana, la única ausente ha sido precisamente esta última: la sociedad. Y es que cuesta entender que a estas alturas haya quienes crean ser portavoces legítimos de los intereses de la ciudadanía en general, insistiendo en fórmulas y estrategias surgidas de sus conocimientos individuales, pero que jamás se han atrevido a proponer que sean justamente los colombianos los responsables y los decisores sobre una negociación con los diferentes grupos armados al margen de la ley.

Dentro del discurso de estos opinadores jamás se ha oído decir que serán los ciudadanos de a pie quienes tendrán que emplear y convivir en la cotidianidad con los nuevos reinsertados, dejando a un lado cualquier preocupación verdadera que la gente del común tenga sobre lo que en un futuro será su día a día. Así mismo se muestran ausentes análisis sobre posibles escenarios de postconflicto y sobre los recursos que lo deberán financiar. ¿Acaso alguien se ha preguntado sobre qué piensan los colombianos acerca de los beneficios económicos que obtendrán los excombatientes en un proceso de reinserción, en detrimento de quienes a lo largo de sus vidas han actuado al pie de las normas? ¿Han contemplado los analistas y líderes de opinión que el proceso de paz coincidiría en el tiempo con un inminente coletazo en Colombia de la crisis económica mundial?

Una nación donde su sistema de democracia representativa se ha mantenido en crisis desde hace varios años gracias a sus oscuras actuaciones y su incapacidad de establecer mecanismos de interlocución con la ciudadanía, para así representar de manera efectiva sus intereses y demandas; una nación donde instituciones fundamentales como el Congreso y los partidos políticos están en la cola de las listas de popularidad y aceptación; y una nación donde su gobierno cae vertiginosamente en las encuestas y busca desesperadamente estrategias para conseguir su reelección, no puede darse el lujo de dejar en manos de unos pocos la discusión y decisión de un tema tan relevante como lo es un proceso de paz.

Es por este motivo que hoy propongo que se convoque a los colombianos a las urnas para que sea el mismo pueblo, de manera autónoma y legítima, el que decida su futuro mediante un plebiscito. También propongo que se permita adelantar campañas limpias y transparentes que busquen informar a la ciudadanía sobre las bondades y perversidades, riesgos y posibilidades de una negociación con las FARC. Allí los llamados líderes de opinión podrán continuar con sus disertaciones, pero con una gran diferencia: será la sociedad colombiana la que tome la decisión final.

Solamente así Colombia podrá mostrar que posee la madurez para afrontar grandes retos políticos y sociales, siempre y cuando los bandos enfrentados en ese debate democrático sean capaces de aceptar y reconocer el mandato popular, logrando que la decisión que se tome tenga mayor legitimidad que cualquier otra que se haya tomado en la historia de nuestro país.

 

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