Desvalorización

Por: Javier Contreras/ @jcontrerasa.–

La indignación y el descontento ciudadano por el cobro del impuesto de valorización  ha generado una oleada de protestas contra el gobierno Petro, quien se justifica diciendo que este fue aprobado por el Concejo de Bogotá no bajo esta administración.

La protesta ciudadana se deriva no sólo por el escandaloso aumento del cobro del impuesto, sino porque las obras no se ven y la gente se siente asaltada en su buena fe, porque anteriormente han hecho el pago de sus obligaciones, pero no se ve reflejado en nuevas vías o en el mejoramiento de su entorno.

Cobros de 40 millones de pesos en estratos altos o de 4 o 5 millones en estratos bajos en valorización, ha desencadenado la protesta que hoy tiene en vilo el pago de esta obligación. Si bien no fue aprobado por este gobierno, sí le correspondió a este la liquidación y, por lo tanto, un cobro escandaloso sobre el cual si debe responder la administración Petro.

No hay que pasar por alto las denuncias que hizo Noticias Uno hace unas semanas, según la cual, el IDU, encargado de preparar el cobro de valorización de la ciudad, firmó más de 390 contratos con diferentes proveedores para saber cuánto valía ese tributo. Extrañamente el sistema arroja que al menos tres de estos contratos fueron hechos para el municipio de Baranoa, departamento del Atlántico, a más de 1.000 km de Bogotá. Por ejemplo, uno de ellos está suscrito a nombre de Jinna Marcela Serrano Saavedra por un valor de 12 millones de pesos”. http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/02/10/noticias/contratos-valorizacion/

Hasta el momento no hay completa claridad sobre la forma como se hizo la contratación para definir el monto real a cobrar por valorización, como tampoco que va a suceder con el pago de esta obligación, teniendo en cuenta que se acerca la fecha para el primer plazo.

La protesta ciudadana está plenamente justificada y la administración Petro está en mora de buscar una solución. No puede ser simplemente paguen y después reclamen, porque se sabe de antemano que, en algunos casos, no se atiende la reclamación o simplemente no hay devolución del dinero. Quien le responde entonces a los ciudadanos?

A la discusión del cobro del impuesto de valorización hay que añadirle un ingrediente mencionado con anterioridad. Para qué se paga si no se ven las obras?. Para qué se paga si la corrupción se queda con un alto porcentaje de los impuestos pagados? Basta recordar con algo de rabia el caso del transmilenio por la 26 y la décima.

Algunas cifras no dejan que se supere el pesimismo. Según un análisis en el primer semestre del gobierno de Samuel Moreno se rehabilitaron 388 kilómetros de vías, mientras que en el mismo período del gobierno Petro  solo se rehabilitaron 46 kilómetros. Con ese panorama la gente tiene el derecho de dudar sobre si lo que paga en impuestos se va a ver reflejado en obras y la administración tiene que generar confianza en los ciudadanos, no solo que estas se harán sino que se cobrará lo justo.

 

 

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