Cuatro años deben alcanzar

Si usted fuese contratado por una multinacional o compañía global en calidad de presidente ejecutivo o CEO por 4 años, para rescatar, nivelar y proyectar a la empresa durante ese período de tiempo,  y faltando 1 año para cumplirse su contrato usted le propone a la mesa directiva o junta de socios extender su contrato por 2 años más, porque no le alcanzaron los 4 años para mostrar resultados concretos, ¿qué cree que le dirían o qué cree que pasaría?

Llámese reelección inmediata o extensión del período para presidente y gobernantes electos popularmente en Colombia, ambas significan continuidad y sujetar la eficiencia de la administración y gestión públicas a la cantidad de tiempo con la que cuentan los dirigentes; con la idea de que existen solo unos cuantos de ellos capaces de llevar a cabo con éxito la labor. Sugiere entonces, que no es posible acertar y producir resultados en 1 año, ni en 2, 3 o 4, sino en 6 años, para el caso de la extensión propuesta recientemente por el presidente Juan Manuel Santos, u 8 años, para el caso de la reelección presidencial que se instituyó con Álvaro Uribe. En otras palabras, no podría haber gobernantes lo suficientemente buenos por 4 años (período constitucional), ni personas que pudieran sucederles con altura y darle continuidad a las obras ejecutadas y en curso.

Durante el periodo presidencial 2002 – 2006, el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en su afán por someter militarmente a las FARC, reducirlas y llevarlas a su rendición, promovió con su bancada y ministros una reforma constitucional que lo habilitó para su reelección inmediata. No contento con ello, durante su segundo mandato (2006 – 2010) fue impulsada una iniciativa de referendo con el fin de validar la posibilidad de un tercer periodo; esta última, tumbada por la Corte Constitucional al encontrar una “cadena de irregularidades”.

De esa experiencia al país le quedaron 2 escándalos y procesos judiciales: el primero, el de la denominada “Yidis-política” y el “carrusel de las notarías”, que implica a ministros, altos funcionarios del gobierno y congresistas de la época (2004), junto con sus cuotas políticas, acusados de dar o recibir dádivas a cambio de votos favorables para la reelección. El segundo, el fraude procesal por el cual se investiga a 9 miembros del comité del referendo reeleccionista, iniciativa en la cual se encontraron al menos 5 vicios de procedimiento (2009). Ambos procesos se encuentran activos.

Aceptada la reelección presidencial inmediata para Álvaro Uribe y validada ésta en las urnas, se ha revivido el debate sobre la conveniencia o no de la reelección inmediata para alcaldes y gobernadores, tema que históricamente ha hecho parte de la agenda política del país. La propuesta ha sido presentada cerca de unas 20 veces en el Congreso de la República sin éxito en diferentes legislaturas; más recientemente, en enero de 2013,  el senador del Partido de la U, Juan Carlos Vélez, manifestó su intención de revivir el proyecto de ley con el aval de esa colectividad.

Los más interesados, naturalmente, son los alcaldes y gobernadores, quienes el 19 de abril, durante el Congreso Nacional de Municipios, en Cartagena, sacaron a relucir su deseo de poder ser reelegidos o contar con un periodo más extenso de gobierno, sustentándose además en las dificultades del nuevo sistema de regalías para desembolsar los recursos.

En el evento, el presidente del Senado, Roy Barreras, se comprometió a impulsar una enmienda constitucional que permitiera la prórroga y dejó abierta la posibilidad de incluir dentro de la misma el actual periodo del presidente Juan Manuel Santos. Santos, a su turno, dijo estar de acuerdo con la ampliación a 6 años del periodo para todos los gobernantes de elección popular, pero que por ningún motivo iba a acceder a una prórroga de su periodo “porque eso sería inconstitucional” y agregó lo siguiente:

“En el caso del Presidente, si me llego a presentar a la reelección, ese período sería de 2 años. Solo de 2 años y, a partir de ese momento, seis sin reelección”. Finalmente puntualizó que debía hacerse todo con el mayor rigor posible para que la Corte no lo declarase inexequible: “si la Corte Constitucional lo llega a tumbar, quedamos en el peor de los mundos”.

El episodio en Cartagena no hubiese sido tan trascendente de no haber estado antecedido por las declaraciones de la exsenadora Piedad Córdoba el 4 de abril, en el mismo sentido, para salvaguardar el proceso de paz: “No pensemos en la reelección, sino que más bien ampliemos el periodo presidencial a 2 años más, que se quede el mismo Congreso que está y que se avance en la discusión estructural de la solución de los problemas que tiene este país”. Además, porque en medio de la actual coyuntura del país, próximo a una contienda electoral a la presidencia de 2014, se entiende claramente como un gesto de oportunismo político y complacencia con los alcaldes, para ir sumando apoyos a la reelección. El episodio se da también cuando las encuestas más recientes indican que entre el 60% y 63% de los colombianos no apoyarían la reelección de Juan Manuel Santos.

Frente a lo mal que cayó la propuesta en el país, este lunes 22 de abril el presidente Santos decidió retractarse y pidió expresamente a este Congreso no tramitar propuesta alguna con tal propósito (la prórroga o reelección inmediata para cargos de elección popular) durante la vigencia de este gobierno; no obstante, quedaron el guiño político y la expectativa de los concejales, alcaldes, diputados, gobernadores y el Congreso, de que pueda hacerse en 2014 si Santos llegara a ser reelegido. Hasta allí, todo parecería subsanado, pero al presidente Juan Manuel Santos, ahora interesado en la reelección, tal vez se le olvidan sus compromisos y declaraciones anteriores al referirse a este tema:

“Quiero salir de la presidencia con el 80% de popularidad y sobre todo habiendo podido rebajar la pobreza en 23%, claro que yo quiero hacerlo en 4 años y no en 8”. Agosto 5 de 2011.

“Dios, Ayúdame a que el poder nunca se me suba a la cabeza”. Enero 29 de 2013.

Siendo Juan Manuel Santos un presidente ambiguo para algunos y solapado para otros, preocupa en el contexto de una eventual reelección lo que el actual mandatario esté dispuesto a hacer para conseguirla. La experiencia con el expresidente Álvaro Uribe nos debe haber enseñado no solo los escenarios de clientelismo y corrupción a que nos expone una reelección, sino la inconveniencia de la misma. Álvaro Uribe no pudo, a pesar de sus 8 años de gobierno, poner fin al conflicto por la vía militar, ¿podrá entonces Juan Manuel Santos hacerlo por la vía del diálogo en 6 años y sin llevar a las FARC ante la Justicia?

Antes siquiera de contemplar la posibilidad, los colombianos debemos exigirle al presidente Santos que si se embarcó en un proceso de paz, por fuera de su programa de gobierno o promesas de campaña, guiado únicamente por su juicio, obtenga resultados concretos en los 4 años correspondientes a su actual período; pues de lo contrario, puede que esta “junta directiva” de 47 millones de colombianos que seguimos y evaluamos su gestión, le digamos que no pude seguir a cargo de esta empresa, Colombia. Si nuestro CEO a cargo del país no logra demostrar tangiblemente que le ha cumplido a los colombianos en los diferentes temas que abarcó su mandato, la responsabilidad de no poder dar continuidad a su obra recaerá toda sobre él y no sobre los colombianos, quienes tenemos derecho a la entrega de resultados. El enfoque del presidente Santos, en lo que resta de su periodo, debe ser entonces el logro de los objetivos trazados y no el contubernio político, ya que solo esto influirá en la aprobación de la población para una reelección.

Por último, tampoco podemos caer en la tentación de pensar que el presidente Santos es el único ser humano sobre la faz de la tierra capaz de continuar o finiquitar con éxito el actual proceso de paz.

Solemos pensar en Colombia que la reelección es un premio o castigo a los buenos gobernantes, cuando en realidad,  debemos exigir de todos ellos un buen gobierno dentro de los 4 años que les corresponde y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en campaña. También solemos creer que casos como el de Álvaro Uribe Vélez o Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, con alta aprobación en sus respectivos gobiernos, son la norma y no la excepción a la regla; y además, pretendemos aplicar la misma medida de reelección inmediata a todos los gobernantes regionales y locales.

Se nos olvida, de hecho, que en Colombia 91 de los 1103 municipios ( 8,3%) y 16 de los 32 departamentos (50%) se han quebrado y han tenido que acogerse a la Ley 550 a pesar sus riquezas y jugosas regalías; seguramente no producto de la buena administración de sus gobernantes. Para adicionar otro dato, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha señalado que por lo general, en los municipios y departamentos que han tenido que acogerse a la Ley 550, el poder ha estado históricamente concentrado en manos de un mismo partido político.

Darle la posibilidad de reelección inmediata a los gobernantes regionales y locales sería abrir la puerta a una mayor concentración del poder político en las ciudades y departamentos, en manos de un mismo partido. Extender a 6 años los períodos, a sabiendas de que solo un número limitado de gobernantes han sido capaces de ofrecer buenos resultados en término actual de 4 años, es igualmente riesgoso. Sea en 4 años o en 6, siempre deben haber buenos resultados, y si un gobernante puede, todos tienen que poder.

Cualquiera que sea la decisión que se tome a futuro en esta materia, ojalá que sea ajustada a la realidad del país, con el debido proceso y no para el beneficio de los mandatarios de turno. La Constitución Política de los colombianos no puede convertirte en el origami de los presidentes.

Por: Carlos Eduardo Márquez Zuccardi

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