Corte Constitucional tumbó régimen especial pensional de magistrados y congresistas

BOGOTA, 06 de Mayo ­_RAM_ La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el régimen especial para magistrados y congresistas establecido en la ley cuarta de 1992.

El alto tribunal fijó el tope máximo en 25 salarios mínimos lo que equivale a 14 millones 608 mil pesos.

En una histórica decisión, la Corte tumbó las pensiones de más de 25 salarios mínimos.

En adelante, no habrá mesadas a cargo del Estado superiores a ese valor

La ponencia, elaborada por el magistrado Jorge Pretelt, ordenaba la reliquidación de las pensiones de más de 25 salarios mínimos (unos quince millones de pesos) y les ponía techo. Ese fue el límite fijado por una reforma constitucional del 2005 que eliminó los regímenes especiales y que 8 años después seguía siendo letra muerta gracias a polémicas tutelas falladas a favor de excongresistas y exmagistrados.

El proyecto de fallo acababa además con los ‘carruseles’ de pensiones denunciados en el Congreso y las altas cortes.

La Corte admitió el caso en julio del 2012. Los demandantes, los abogados Germán Calderón España y Dionisio Araújo Angulo, argumentan que la norma fija un régimen de jubilación discriminatorio frente al resto de la población y piden a la Corte que ponga a los altos funcionarios en las mismas condiciones que al resto de colombianos, muchos de los cuales o no van a recibir una pensión o reciben un salario mínimo mensual (menos de 600.000 pesos).

El argumento del magistrado ponente es que la existencia de privilegios va en contra de una obligación del Estado: imponer una política pensional que tienda a la universalización, a la sostenibilidad del sistema y a la equidad.

Mientras que tres de cada cinco colombianos que trabajan están en la informalidad y no aportan para pensiones, cálculos del Estado señalan que al menos 2,6 millones de ancianos viven en la pobreza, sin ningún tipo de pensión. Casi un millón reciben un subsidio de menos de 100.000 pesos a través del Sisbén.

En contraste, unos 800 jubilados del Congreso reciben entre 15 millones y 20 millones de pesos de mesada y le cuestan al sistema pensional más de $ 12.000 millones cada mes.

En 1993, mediante la Ley 100, se creó un nuevo régimen pensional. Para que aquellas personas que ese año estaban a punto de pensionarse no perdieran los beneficios que habían adquirido, se creó un régimen de transición que cobijaría a las mujeres que el 1º de abril de 1994 tuvieran 35 años o más y a los hombres que, para esa fecha tuvieran 40 años o más. Además, podían ser beneficiarios quienes, aunque no tuvieran esa edad, llevaban 15 años o más cotizando para su pensión.

Mediante tutelas algunos magistrados y congresistas se han subido al bus del régimen de transición y han sido favorecidos sin razón. Algo similar ocurre con la Ley Cuarta de 1992, que les dio varios beneficios pensionales a quienes se pensionaron después de que esta norma entrara en vigor.

Lo que la Corte estudia es si hay excongresistas y exmagistrados que se estén aprovechando de los beneficios de esta ley sin tener derecho a ello. Los cuatro magistrados y el conjuez encargados de esta discusión deberían esclarecer quiénes son los beneficiarios de estas leyes y quiénes no.

Desde 2010, cuando se implementaron algunas medidas de la reforma pensional de 2005, las pensiones pagadas con dineros públicos no pueden ser superiores a 25 salarios mínimos mensuales. Esa misma reforma puso fin a los regímenes especiales; sin embargo, las personas que para ese momento ya se habían pensionado fueron protegidas y algunas de ellas quedaron con jubilaciones superiores a $20 millones.

Dos abogados, Germán Calderón y Dionisio Araújo, pidieron que se revisaran las normas que permitían que esto ocurriera y que magistrados y congresistas se pensionaran con el promedio de lo devengado en su último año de trabajo y no en los últimos 10, como ocurre con los demás ciudadanos.

El Gobierno, a través de su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, le perdió a la Corte Constitucional que le ponga límite a las jubilaciones millonarias, que han generado un hueco fiscal en las arcas de la Nación.

Los miembros de la Corte debían establecer si las pensiones de antes de 2010 deben tener el tope de los 25 salarios mínimos mensuales. La ponencia del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, que estudiarán sus compañeros en Sala Plena, apunta en esa dirección.

Jurisprudencia del Consejo de Estado, promovida entre otros por el hoy procurador Alejandro Ordóñez —promotor y beneficiario de estas millonarias pensiones—, ha permitido que conceptos como primas, vacaciones y viáticos a magistrados y congresistas sean incluidos en sus mesadas pensionales, lo que ha hecho que éstas aumenten.

En la Corte Constitucional se ha de debatir si estos rubros deben seguir siendo incluidos en las liquidaciones. O si, en cambio, se debe liquidar con base en los salarios solamente.La controversia que ha generado este tema ha puesto a hablar al procurador Alejandro Ordóñez, a la contralora Sandra Morelli, a magistrados de las altas cortes, a los fondos de pensiones y otros tantos.

 

 

 

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