Desminado humanitario

Los colombianos estamos a la espera de resultados concretos en las negociaciones que adelanta el Gobierno Nacional con la guerrilla de las Farc. Han pasado 6 meses desde el inicio de las conversaciones y ni siquiera el primer punto de la agenda común relacionado con el tema agrario ha sido evacuado.

Mientras tanto, se siguen escuchando propuestas para que se reduzca el conflicto y la población civil inerme sea alejada definitivamente de las acciones terroristas que dejan muertos o heridos. Es el caso de la iniciativa encaminada a lograr un acuerdo especial que permita un desminado humanitario ante la afectación que han tenido varios departamentos,  en donde han quedado varias víctimas de este flagelo, especialmente menores de edad.

La iniciativa del Representante a la Cámara Guillermo Rivera busca que haya un acuerdo previo a la firma de la paz en La Habana, Cuba que garantice no solo la eliminación definitiva de esta práctica sino que las propias Farc contribuyan a un desminado humanitario entregando los mapas o suministrando la información de los sitios donde están ubicadas estas minas.

Esta sería una enorme contribución al deseo de los colombianos porque se reduzca la acción terrorista de la guerrilla y que, junto con un cese unilateral del fuego, le permita recuperar la confianza en un proceso de paz sobre el cual aún persisten dudas sobre la verdadera voluntad por alcanzar la reconciliación.

Y es que el tema de las minas antipersonal debería ser parte de la discusión en las mesas de diálogo Gobierno-Farc, por lo menos frente a la posibilidad de ese acuerdo especial.

En  los últimos 13 años en Colombia 10.272 colombianos han resultado víctimas de estos artefactos. Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal en ese periodo murieron 2.131 colombianos y resultaron heridos 8.141. De las 10. 272 víctimas (muertos o heridos) 6.367 son militares, 3.905 civiles. De ellos 2.555 hombres, 302 mujeres, 222 niñas y 780 niños.

Aunque la situación es dramática en varios departamentos, especial atención merece el caso del Putumayo de acuerdo con  la Fiscalía Regional el 31 de marzo de 2012 al 8 de marzo de 2013 resultaron afectadas 38 personas en esta zona del país con este tipo de artefactos instalados por los grupos al margen de la ley. En ese período murieron 21 personas, entre ellos 18 civiles, (2 menores de edad y 16 adultos), así como 3 miembros de la fuerza pública. Entre tanto resultaron heridas 17 personas, 8 civiles, (4 menores de edad y 4 adultos), así como  9 miembros de la Fuerza Pública.

Por eso resulta indispensable que la propuesta de #DesminadoHumanitarioYa promovida a través de Twitter sea tenida en cuenta y apoyada. El país necesita una respuesta formal de las Farc para que se logre ese acuerdo especial y al menos sea un paso para reducir el impacto de la acción terrorista contra la población civil y las propias Fuerzas Militares y de Policía.

Por: Javier Contreras / @jcontrerasa

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