Rutas jurídicas para participación política de exguerrilleros

BOGOTA, Mayo ­_RAM_  ‘Rutas Jurídicas para la paz: Participación Política’, es el nombre del documento elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación Derecho Justo, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung-KAS, en el cual se analizan los diferentes escenarios y opciones para garantizar la participación política de excombatientes de las Farc, en caso de concertarse un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Tema polémico, segundo punto en la agenda de negociación de La Habana y una conclusión contundente de la MOE: no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente, pues existen diferentes mecanismos constitucionales que pueden llevar a una participación política efectiva de la agrupación política resultante del proceso de paz, como los actos legislativos y el referendo constitucional.

Según el análisis, lo primero a tener en cuenta es la ley estatutaria que debe surgir del Marco Jurídico para la Paz, en la que se determinarían cuáles son los delitos por los que serían procesados los eventuales desmovilizados, que no impedirían su participación en política. En segundo lugar, se requeriría de una reforma de carácter constitucional para eliminar la inhabilidad para qué personas condenadas por delitos dolosos puedan acceder al Congreso.

El documento concluye que cualquier acuerdo de paz requiere de la implementación de mecanismos de justicia transicional que garanticen la verdad, reparación, justicia y no repetición, para de esta manera no favorecer la impunidad de crímenes atroces como el genocidio, los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra.

En una segunda parte, el documento presenta las diferentes rutas jurídicas a través de las cuales se podría dar la eventual participación política de la organización que surja del proceso de paz. La MOE aclaró que en las diferentes opciones planteadas, que pueden a su vez combinarse entre sí, no se privilegia una ruta sobre otra.

Las distintas rutas para la participación a nivel nacional en el Congreso de la República planteadas son:

– Curules directas asignadas por el Presidente de la República.

– Creación de una circunscripción especial de la paz o campesina.

 

– Participación en las elecciones con un partido político que nazca con personería jurídica.

 

– Participación en las elecciones nacionales como minoría política.

– Incorporarse a los Partidos y Movimientos Políticos Tradicionales.

– Participación en las elecciones nacionales como grupo significativo de ciudadanos.

A su vez, las rutas para la participación política de excombatientes en el nivel local son tres:

– Curules directas asignadas por el Presidente.

– Creación de una circunscripción Especial.

– Participación en las elecciones locales como cualquier otro partido, movimiento político o grupos significativo de ciudadanos.

Ahora, la MOE advierte que antes, o de manera concomitante al debate de la participación electoral, es fundamental resolver quiénes pueden ser elegidos. Y en este punto, los temas relativos a delitos de lesa humanidad y narcotráfico toman una relevancia fundamental en un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos en general, y en particular de las víctimas del conflicto armado.

Según Alejandra Barrios, directora de la organización no gubernamental, de acuerdo con la Constitución (Acto Legislativo 1 de 2009), podrán ser sancionados los directivos y las organizaciones políticas, hasta con pérdida de la personería jurídica, que avalen candidatos que hubieren sido o sean condenados por delitos de lesa humanidad, narcotráfico o contra los mecanismos de participación democrática.

Y de otra parte, es necesario tener en cuenta lo que estipula el Marco Jurídico para la Paz, también de rango Constitucional, el cual señala que no podrán participar en política quienes hayan sido seleccionados por delitos de lesa humanidad o genocidios cometidos de manera sistemática o hayan sido condenados por dichos delitos.

“Así las cosas, la definición de quiénes puedan participar en política en el caso de firmarse el acuerdo de paz entre el Gobierno y la insurgencia, dependerá de lo que en el Congreso se apruebe frente a los instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extra judicial, de los criterios de selección de casos que se establezcan y de la definición que se adopte acerca de la conexidad de ciertas conductas con los delitos políticos”, explicó Barrios.

Finalmente, enfatiza la MOE, es necesario tener presente que la nueva organización política que surja del acuerdo de paz lo hace sobre una plataforma de mínimos comunes, que se han ganado en democracia, exigibles hoy a todas las organizaciones políticas como lo son, a manera de ejemplo, la cuota de género en la conformación de las listas y el régimen de responsabilidad política.

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