En bodega de Bogotá se pudren equipos que costaron millones de sus impuestos

 

En una bodega en la Autopista Sur en Bogotá, al frente de la terminal de transportes, están guardados equipos, motos, vehículos, cámaras, chalecos antibala y hasta teléfonos para la Policía, que han pasado a mejor vida porque cumplieron su vida útil.

 

Pero también hay allí objetos que distintos alcaldes compraron, como equipos de seguridad o vehículos para uso de la Policía que nunca se usaron. Se licitaron, se pagaron, se entregaron y nunca salieron de esta bodega. Es decir, esa plata se perdió.

¿Qué encontramos? Dos joyas. En 1994, sin licitación, porque se hizo baja la figura de urgencia manifiesta, el alcalde Jaime Castro firmó un contrato para la instalación, puesta en funcionamiento, entrenamiento y financiación de un sistema integral de control de seguridad computarizada para la Policía Metropolitana de Bogotá.

El contrato 046 de 1994 fue celebrado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y la Sociedad Francesa de exportación de Materiales, Sistemas y Servicios del Ministerio del Interior, SOFREMI.

El contrato lo firmaron el señor Raúl Gaviria Rueda, Gerente y representante legal del Fondo de Vigilancia y Seguridad, y Serge Lamboley, apoderado de la firma francesa SOFREMI. Esto se hizo en la alcaldía de Jaime Castro. El contrato tuvo un costo de 20.887.292 millones de pesos.

Estos equipos nunca se usaron. Hay entre otros, 40 grandes radios portátiles, pantallas de televideo, bastidores de expansión, microcomputadores, Kits de instalación, antenas y balanceadores. Estos objetos, que debían servir para fortalecer el sistema de seguridad de Bogotá, y que costaron más de 20 mil millones de pesos en 1994, están en una bodega pudriéndose y sin ninguna posibilidad de utilizarlos.

La Contraloría Distrital tiene el ojo puesto en este tema, 19 años después, pero solamente desde el punto de vista ambiental. Estos objetos, comprados por la alcaldía de Jaime Castro, tienen que salir de la bodega. El Fondo de Vigilancia de Petro ya logró que el ejército, en un convenio de cooperación, se lleven los equipos y los desechen.

La segunda joya es de la administración de Samuel Moreno y su gerente del Fondo de Vigilancia Mauricio Solano. Finalizando el periodo de Moreno, cuando ya estaba Clara López, se firmó un contrato con la firma Autoexpress Morato para la compra de 50 vehículos Autobalanceados para la policía.

Con dos problemas, la policía nunca los pidió y hubo un sobrecosto de 900 millones de pesos. Cada aparato costaba 6 millones de pesos, pero se compraron en 25 millones. El distrito tiene demandado a la firma Autoexpress Morato por el sobrecosto y busca la nulidad del contrato.

Los vehículos que fueron solicitados por la Policía debían tener una estructura metálica, mientras que los entregados cuentan con una estructura de fibra de vidrio y/o plástica.

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