Justicia en alta mar

El oleaje del mar embravecido, es producto del peso de conciencia, petrificado en el corazón de los Colombianos decepcionados y angustiados, por los miles y miles de expedientes con hasta veinte años de retraso, que forman parte de toda esta tramoya de la Justicia Colombina, en cabeza de la Magistrada Ruth Marina Díaz, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y sus  cómplices: ocho magistradas y un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  que la acompañaron en el crucero de las delicias.

Las muy ingenuas magistradas, pensaron que esta gracia propia de su vanidad femenina, entraría a formar parte del cumplimiento del deber: administrando justicia en alta mar, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de Ley.

Los expedientes que se llevaron en sus abultados equipajes, con el fin de apaciguar un poco los remordimientos y falta de eficiencia, muy seguramente que terminaron embadurnados de buenas intenciones, pero de poca sustancia jurídica, o a la mejor regresaron a los anaqueles de sus despachos, donde seguirán siendo víctimas de las polillas y demás anima lañas muy propias de la morosidad de nuestra justicia.

Este caso tan pintoresco y macondiano, solo se vive en la República de Colombia, bello País ubicado en el planeta tierra, hipotecado desde hace varios lustros a las extravagancias salariales y prerrogativas Estatales de los Magistrados de las altas cortes, que como los congresistas, son expertos en parir micos para beneficios personales, que les permita pensionarse en el menor tiempo posible, con sueldos de veinte y mas millones de pesos, todo a costa de los sufridos contribuyentes, que trabajan de sol a sol para sostener una burocracia arrogante y altanera, cuyos resultados se pueden medir en centímetros y sobra más de metro y medio.

Sea esta la oportunidad para pedir al Consejo Superior de la Judicatura, y los Organismos de Control, investigar hasta la saciedad los abusos que cometen los administradores de Justicia de nuestro País, de paso se eliminen tantas prebendas que reciben que, al final de cuentas, se vuelven como niños resabiados e intocables. Sobre todo, da grima verlos transitar por la carrera séptima en medio de un séquito de guardaespaldas, que son pagados indudablemente con los dineros de los Contribuyentes. Exagerada seguridad, para un pobre servicio judicial.

¿Se habrá preguntado querido ciudadano, cuando nos cuesta sostener un Magistrado de las Altas Cortes? El solo escuadrón de seguridad integrado por lo regular por cuatro personas, más las franquicias a que tienen derecho, pasajes aéreos, entre muchas otras prebendas, sobrepasa los costos de los Congresistas, que en su momento se publicó por esta columna y levantó mucha roncha, nacional e internacional.

Lo anterior es muy conveniente que lo conozca la opinión pública, con el fin de exigir a los “Honorables Magistrados” que por favor cumplan con su deber, que no dilaten más los fallos de la Justicia. Lo más importante, que fallen en Derecho, puesto que muchos ciudadanos y abogados litigantes, hacen comentarios muy desagradables, sobre fallos acomodados que no corresponden a la verdad jurídica.

La Justicia debe ser pronta, eficaz y verdadera. De este principio es de donde se deriva en buena parte, la estabilidad económica, social y emocional de los ciudadanos.

Cuando vemos este tipo de escándalos, los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho, se contraen, empezando a aparecer ciertos movimientos desafiantes que, ante la frustración de un proceso judicial en el cual los jueces de la causa se demoraron varios años, para finalmente, por salir del paso, emitieron un fallo inocuo que no corresponde a la realidad procesal.

La descomposición social de nuestro País, sumados los grupos que actúan al margen de la Ley, tienen que ver con la precaria administración de justicia. Basta con recorrer los despachos judiciales para darnos cuenta de semejante exabrupto. Muchas veces quienes llegan a las Altas Cortes, no son los más indicados para ocupar tan delicados cargos. Sin embargo, pesan más los padrinazgos y componendas políticas que la preparación jurídica de los postulados.

No es exagerado decir que, buena parte de la emergencia carcelaria que vive el País, con vergonzosos casos de hacinamiento, muertes, enfermedades y todo tipo de violación a los más elementales derecho humanos, son responsabilidad de  Jueces y Magistrados que, prefieren tener inocentes en las cárceles, antes que apurar sus procesos. Son miles los internos que en los actuales momentos se encuentran injustificadamente privados de su libertad, merecedores de otra oportunidad para resarcir sus deudas con la sociedad, pero que, lamentablemente, el estado paquidérmico de la justicia lo impide a toda costa.

Mientras los Poderes Legislativo y Judicial, sean apéndices entre sí, con vasos comunicantes para hacer y deshacer en las alturas de nuestro Estado de Derecho, es muy difícil que Rama Tan importante del Poder Público, como lo es la Administración de Justicia, cumpla con su deber diamantino en bien de la Sociedad Colombiana.

 

Por: Uriel Ortiz Soto (*)

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