Gobierno adopta medidas para enfrentar paro nacional que organizan las Farc

BOGOTA, 06 de Julio ­_RAM_ El gobierno nacional, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional anunciaron la adopción de medidas especiales para enfrentar un supuesto plan de la guerrilla de las Farc para extender la protesta campesina del Catatumbo al resto del país.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Rodolfo Palomino confirmó que el gobierno evalúa informaciones sobre el particular obtenidas por los servicios de inteligencia militar, a traves de la interceptación de comunicaciones entre los cabecillas del grupo guerrillero y el partido comunista clandestino.

Según la información, el propósito es realizar un paro nacional que estaría agitándose entre el 17 y el 20 de julio en coincidencia con unas asambleas constituyentes departamentales “por la paz y la justicia” que pretende instalar el movimiento Marcha Patriótica, haciendo eco a exigencias de las Farc en las negociaciones de paz en Cuba.

De acuerdo con una de las conversaciones detectadas, los cabecillas de las Farc han pedido a los dirigentes del Partido Comunista Clandestino “analizar los departamentos con mayores posibilidades de movilización de cara a un gran paro nacional, a partir del 20 de julio”.

La instrucción es articular en la movilización a diferentes sectores sociales, entre ellos los transportadores, sindicatos,. Campesinos y en general con todos “los indignados”, para lograr un bloqueo general.

El general Palomino advirtió que sin duda el movimiento campesino en el Catatumbo ha sido infiltrado por la guerrilla de las Farc y prueba de ello es que en los enfrentamientos con la fuerza pública se han utilizado los llamados “tatucos”, invención artesanal de ese grupo guerrillero, que han dejado ya 17 policías heridos, algunos de ellos de gravedad.

También se han registrado otros cuatro heridos, uno de ellos con arma de fuego, otros dos con ácido y uno más con machete.

Todavía no hay claridad sobre las circunstancias y autores de la muerte de 4 campesinos en la primera semana de disturbios en el Catatumbo, cuya investigación fue abocada por la fiscalía, advirtió el general Palomino.

Al respecto, el fiscal general Eduardo Montealegre, informó tras una reunión celebrada en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos, que la investigación avanza para esclarecer estos hechos.

A su turno, el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, dijo desde Cúcuta, que el ente acusador está investigando todos los hechos que han ocurrido en las manifestaciones que se adelantan en la zona del Catatumbo.

Perdomo señaló que se está investigando “todo el contexto de la protesta”, debido a que tienen en su poder evidencia “de que hay conductas delictivas en el interior” de las marchas.

Además, dio instrucciomes para orientar los procesos de investigación y anunció la conformación de un grupo con miembros de la Sección de Análisis Criminal del CTI, quienes serán los encargados de realizar un contexto de lo que ocurre en la región para poder avanzar con las investigaciones.

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa entregó las supuestas pruebas que demostrarían que los líderes campesinos tendrían nexos con las Farc, o por lo menos que estarían siendo presionados por guerrilleros para que marcharan.

Perdomo entregó las declaraciones después de encabezar una reunión de trabajo en la Fiscalía de Cúcuta donde se analizaron los hechos que han rodeado las protestas en el Catatumbo.

El funcionario confirmó que el ente acusador adelanta cuatro ejes de investigación: uno de ellos sobre las cuatro muertes que se han presentado durante las marchas, casos de lesiones personales, porte de armas y explosivos y por los daños causados a la sede de la Fiscalía en Tibú.

“Sobre los cuatro homicidios, la Fiscalía adelanta labores investigativas para establecer la procedencia de los proyectiles de arma de fuego por las cuales, según el dictamen de necropsia, murieron estas personas”, dijo Perdomo.

Asimismo, el funcionario señaló que el ente investigador analiza si se pueden adelantar otros procesos bajo la Ley de Seguridad Ciudadana por los bloqueos de calles y carreteras.

“La protesta social por si sola no puede ser penalizada, porque es un derecho constitucional que tienen todos los colombianos, pero que si se convierte en violenta y está acompañada de actos ilegales deja de ser protesta social legítima y puede ser judicializada”, advirtió el Vicefiscal desde la capital de Norte de Santander.

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