Salpican a la Ministra de Educación en el escándalo de baldios

BOGOTA, 14 de Agosto ­_RAM_. En debate citado en la Cámara Wilson Arias, salieron a la luz nuevos casos de mecanismos utilizados para la compra y posterior acumulación o usufructo de baldíos adjudicados a campesinos en proyectos agroindustriales en Vichada. Como representantes legales de algunas de estas empresas aparecen la ministra de Educación y expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Fernanda Campo, y otros miembros de su familia.

Dando continuidad a los debates sobre tierras que se han llevado a cabo en la Cámara de representantes desde 2010, el congresista Iván Cepeda rechazó los mecanismos de despojo y de adjudicación y acumulación fraudulenta de predios en varias regiones del país que han denunciado otros congresistas del Polo Democrático.

El congresista Cepeda expuso un caso que busca evidenciar el proceso de re acumulación de baldíos para el usufructo de un proyecto agroindustrial de caucho, originalmente destinados para el campesinado. Se trata del caso de la ministra de Educación, María Fernanda Campo y diferentes miembros de su familia, quienes constituyeron SAS para comprar baldíos adjudicados en Vichada, siendo en ese momento presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Aunque no se configuraría una ilegalidad porque cada SAS compró una UAF sin sobrepasar lo permitido por ley, se cuestiona que una misma familia cree varias SAS para realizar dichas compras y luego ponga esos predios al servicio de un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es el exesposo de la ministra, Rubén Darío Lizarralde.

“El Estado colombiano ha ejercido una política dual frente a los campesinos. Por un lado, está la mezquindad y la exclusión hacia el campesinado, que se refleja especialmente en las políticas de acceso a la tierra y en los mecanismos utilizados para alcanzar el desarrollo rural, y por el otro, el favorecimiento desmedido, en algunos casos ilegal, a latifundistas y empresarios”, declaró Cepeda.

El legislador apoyó la iniciativa de Wilson Arias, de pedirle al presidente Juan Manuel Santos que revele los conflictos de interés de todos los funcionarios y aliados del Gobierno que han acumulado tierras, que constitucional y legalmente son para campesinos, así como concluir los procesos de constitución de las Zonas de Reserva Campesina que están en trámite.

Del mismo modo, advirtió que a raíz de estos cuestionamientos, el Gobierno Nacional debe abstenerse de presentar el proyecto de la llamada Ley Urrutia al Congreso.

Con respecto a las Zonas de Reserva Campesina, argumentó que las objeciones que se han presentado frente a dicha figura que busca proteger la territorialidad y la economía campesina, no tienen fundamento teórico ni empírico.

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