Con documentos falsos y liquidaciones fraudulentas, embargan hipotecarios UPAC/UVR

Por: Uriel Ortiz  Soto (*).–

¿Cuándo será que el Estado, en cumplimiento del Artículo 51 de la Constitución Política del 91, expida Leyes claras y serias, para proveer a las familias más necesitadas de una vivienda digna, sin que se vean atropelladas y finalmente masacradas económicamente, por las mafias del sistema criminal y financiero?

Es increíble pero cierto, que por todo el País, miles de familias, estén llorando la pérdida de uno o varios de sus seres queridos, que se suicidaron, al no poder defender sus viviendas adquiridas inicialmente con los créditos usureros del sistema: UPAC/UVR.

Pero, lo más grave, es que miles de estos  procesos, que, cursan en diferentes juzgados del País, se han levantado sobre documentos falsos y liquidaciones fraudulentas. En todos los casos, no ha valido, el llanto y recursos interpuestos por sus víctimas, puesto, que, es más poderosa la mafia de remates de vivienda, que, la Administración de Justicia.

Son innumerables los casos que me han sido reportados, con soportes que a simple vista no admiten la más mínima duda, de que el deudor hipotecario es un mártir y perseguido por los sistemas financieros, simple y llanamente para despojarlo de su vivienda, en muchos casos ya cancelada hasta  quince veces, con intereses usureros, que al más mínimo parpadeo de un atraso en una o varias cuotas, le montan todo un drama con el fin de atemorizarlo junto con su familia y obligarlos a entregar su vivienda.

Sobre cada uno, existen documentos bastante comprometedores de la manguala de las Corporaciones Financieras con Agentes del Estado, que esperamos los Organismos de Control, especialmente la Fiscalía, empiecen a investigar sin pérdida de tiempo. Este caso, ante la indiferencia del Gobierno, y demás organismos competentes, ya se encuentra en manos de la Corte Penal Internacional CPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Si levantamos un censo de los suicidios ocurridos por casos de vivienda, muy seguramente que en cada capital de departamento, habría que construir un mausoleo con cientos de víctimas. Lamentablemente, nuestros Gobiernos y legisladores, como siempre, son sordos y mudos, ante semejante drama Nacional. Las Leyes que se dictan aparentemente para solucionarlo, no dejan de ser bobaliconas, siempre tienden a complacer a quienes desde cómodas e inaccesibles fortalezas financieras, expiden el pasaporte a la desgracia de miles de humildes familias.

Por esta sobrada y meritoria razón, más de 500.000, familias, que se encuentran en idénticas  condiciones, han conformado un grupo, para que las representen, y sean escuchadas en la Mesa de Negociación de Paz, en la Habana – Cuba. Para estos efectos, me han hecho llegar copia de su solicitud, que, sin lugar a dudas le daremos trámite ante los negociadores Nacionales e Internacionales encargados del tema.

Colombia, es el único País del Mundo, donde los créditos para vivienda se cobran con intereses tan excesivamente altos, que provocan la desintegración familiar, llevando a la ruina a miles de hogares, que, finalmente desisten de adquirirla, y fácilmente terminan involucrándose en negocios turbios y clandestinos para poder sobrevivir.

Este atropello tuvo sus inicios en el año 1.972, con el llamado sistema de: Unidad de Poder Adquisitivo de Valor Constante (UPAC) que permite el cobro de intereses sobre intereses. Posteriormente, en 1.999, fue declarado inconstitucional y reemplazado por el de: Unidad de Valor Real, UVR, que resultó igual o peor, puesto que, también aplica el mismo sistema UPAC.

Adquirir un préstamo de vivienda por este medio, es el camino más corto para quedar en la ruina, al más mínimo descuido del no pago de unas cuantas cuotas, la deuda fácilmente se convierte en impagable. Así es como se inicia el proceso, pre – jurídico; empieza el terrorismo de llamadas de la entidad financiera y los calanchines de los juzgados, a negociar el inmueble, creándoles a las familias la cizaña, que, es mejor entregarlo por las buenas, para evitar un vergonzoso desalojo con la fuerza pública, en presencia de todos sus vecinos.

Ante tan delicada situación,  no faltan los avivatos, que, aprovechan para pescar en río revuelto: creando organizaciones en defensa de quienes están a punto de perder sus viviendas, pero, la mayoría de las veces, el remedio resulta peor que la enfermedad, puesto que, finalmente en muchos casos terminan en manguala con las entidades financieras.

Revisando cientos de créditos hipotecarios, se ha llegado a la conclusión, que, los intereses que cobran los bancos, siempre son superiores a los que se pactaron al inicio de la transacción, sin tener en cuenta, que, la Ley 546 de 1.999, o la llamada Ley de vivienda, no contempla capitalización de intereses.

Esta forma usurera de cobrar de los Bancos, permite que un promedio de 100 familias, diariamente, pierdan su vivienda. Es inadmisible que un crédito se pague hasta quince y veinte veces en muchos casos, faltando pocas cuotas para coronar, la entidad financiera sale con cuentas extemporáneas, que nadie sabe de dónde se las inventaron, pero, como todo es posible,- porque aquí en Colombia, las leyes nacen con la trampa al cuello-, salen a relucir documentos falsos y liquidaciones fraudulentas, sobre los cuales se monta todo un proceso, para lanzar las familias a la calle.

En esta forma, según los delincuentes de cuello blanco, se: Administra Justicia, en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de Ley. ¡Qué vergüenza!

 

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