Divide y comprarás o como concentrar tierras baldías en Colombia. El Informe

La legislación colombiana establece límites a la compra de tierras que hayan sido anteriormente adjudicadas por el Estado en procesos de reforma agraria, con el fin de evitar su concentración y preservar su función social.

Sin embargo, entre 2010 y 2012 la empresa Cargill – la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo – adquirió 52.576 hectáreas en la Altillanura a través de 36 sociedades creadas con ese fin. De esta forma habría logrado evadir la restricción legal mediante una operación de compra fraccionada, superando en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario.

La resolución de éste y otros casos similares que contribuyen a desestabilizar la situación en el campo pondrá a prueba la coherencia política del gobierno de Colombia, el cual se enfrenta a una de las mayores movilizaciones campesinas en torno al problema agrario y acaba de comprometerse en la mesa de Conversaciones de Paz con una distribución más democrática de la tierra y con el fortalecimiento de la economía campesina.

Las anteriores son las primeras conclusiones del informe “Divide y Comprarás” que reveló hoy en Bogotá un colectivo de ONG´s lideradas por Oxafam que investigó la propiedad de tierra y la forma como se han adjudicado terrenos baldíos en llamada altillanura colombiana. Adjudicación de baldíos que enfrenta una gran polémica por la manera irregular que en que se ha desarrollado.

El informe fue presentado en Bogotá por Stephanie Burgos, Senior Policy Advisor, Oxfam Amrica y Aida Pesquera, Directora de Oxfam para Colombia. El informe fue sometido a un debate en el cual participó el abogado Luis Forero, vocero de la SAC. Sociedad de Agricultores de Colombia, el Senador Jorge Robledo, un representante del Incoder y otros especialistas en el tema.

El escándalo ya cobró la cabeza del Embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Carlos Urrutia líder del bufete de abogados que ideo un mecanismo para eludir la Ley que prohibe la acumulación de tierras consideradas baldías. Prohibición que el gobierno pretende desmontar con un proyecto de Ley que se conoce como la LEY URRUTIA.

Además de Cargill en la adquisición ilegal de predios están comprometidos ingenios azucareros, empresarios dedicados al cultivo de palma africana y familiares, amigos y patrocinadores del Presidente de la República y varios de sus Ministros.

Al responder al informa, Luis Forero se limitó a hacer un recuento histórico de las normas que regulan la propiedad de la tierra en Colombia insinuando que lo ocurrido en el Vichada es casi una tradición jurídica y política en Colombia.

Andrés Parra, vocero del Incoder advirtió que la justicia puede revertir las adjudicaciones hechas irregularmente, pero que eso no solucionará el problema ni hará que la tierra vuelva a sus propietarios originales. Y Luis Alberto Higuera, Contralor Delegado se abstuvo de opinar sobre el informe tras advertir que no se quería inhabilitar para analizar el caso. Sin embargo, criticó la política de tierras en Colombia y particularmente recientes declaraciones del nuevo ministro de Agricultura, Ruben Dario Lizarralde según las cuales mientras sea Ministro la política agrícola debe consistir en industrializar el uso de la tierra empeño en el que invitó a participar a los gremios del sector agrícola que, según la cita, deben salir de su zona de confort para enfrentar a una minoría organizada que puso en jaque al país.

“Se equivoca el MinAgricultura cuando considera que los campesinos pobres de Colombia son una minoría”, comentó, el Contralor Luis Alberto Higuera.

Julio Fuentes, negociador del pliego agrario con el Gobierno en agosto pasado, denuncia que la política de tierras está orientada a proteger al sector empresarial y no al campesino.

 AQUI EL INFORME COMPLETO DE OXFAM

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