Penalizarán el uso de capucha

Bogotá, 11 de Septiembre ­_RAM_.- El gobierno nacional, a través del ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, tramitó al Congreso de la República tres proyectos de ley, uno de los cuales endurece las penas contra los promotores de bloqueos viales y los vándalos que se infiltran en las protestas sociales, los cuales serán castigados por el solo hecho de cubrirse el rostro con capuchas.

En la misma iniciativa se fijan normas orientadas a fortalecer la lucha contra la extorsión, el microtráfico, el contrabando y la minería criminal.

Los otros dos proyectos tienen que ver con la Justicia Penal Militar, criterios de independencia y autonomía y disposiciones para el tránsito al sistema penal acusatorio. Y el último tiene que ver con el Acuerdo con la Organización del Atlántico Norte, OTAN.

Según lo explicó el ministerio de Defensa, el proyecto relacionado con los bloqueos de vías, contempla medidas para endurecer las penas y sancionar efectivamente a las personas que inciten, dirijan, proporcionen los medios y promuevan los actos de violencia y vías de hecho que afectan el orden público y la normalidad de las actividades de los ciudadanos, como sucedió recientemente con el paro.

La norma, además, introduce agravantes que hacen relación a la utilización de elementos que impidan la identificación de las personas que participan en los actos vandálicos –como las capuchas– y a la utilización de menores y personas de la tercera edad.

Las otras iniciativas buscan fortalecer la lucha contra la extorsión, el microtráfico, el contrabando y la minería criminal, y tratar de bloquear las fuentes de financiación de los grupos terroristas y criminales.

Por ejemplo, de acogerse este proyecto, la extorsión dejaría de considerarse como un delito económico y se vincularía como uno que atenta contra la autonomía personal, para fortalecer las penas contra los criminales que incurren en él.

La iniciativa contempla que si la extorsión tiene como fin financiar actividades terroristas o afecta la capacidad económica de la víctima, la pena por ese delito será aumentada. Además, el solo hecho de intentar incurrir en esta conducta se constituye en un delito.

En lo que concierne al microtráfico, el proyecto crea nuevos agravantes para castigar este delito y busca proteger a los menores de edad, para que no sean utilizados en la comercialización de estupefacientes. Esto facilitará la judicialización de las grandes estructuras criminales dedicadas a esta actividad.

Entre los agravantes está cuando el microtráfico se comete simulando adicción o porte de dosis personal, si se hace en inmediaciones de los centros educativos o dentro de ellos y si se simula comercio licito o fachada de ventas ambulantes.

En cuanto a la minería criminal, el proyecto pretende dotar de herramientas penales y administrativas a las autoridades y a la justicia para aumentar los controles en todos los eslabones de la cadena productiva de esta actividad ilegal.

Por ejemplo, las normas proponen incluir la conducta de explotación ilícita de yacimiento minero como fuente de lavado de activos, considerando que hoy es una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos al margen de la ley.

Sistema penal acusatorio en la Justicia Penal Militar

El otro proyecto que presentó el ministro está relacionado con el paquete legislativo de la reforma a la Justicia Penal Militar, “un esfuerzo histórico de este Gobierno por avanzar en la consolidación de una jurisdicción especializada independiente, ágil y eficiente”, según lo advirtió Pinzón.

La normatividad establece requisitos para el desempeño de los cargos en esa instancia judicial, implementa la Fiscalía General Penal Militar y Policial, organiza su Cuerpo Técnico de Investigación y adopta previsiones para el tránsito al sistema penal oral acusatorio.

Igualmente incorpora instancias y mecanismos que pretenden dar absoluta independencia e imparcialidad a esta jurisdicción.

En este sentido se destaca la creación de una Unidad Administrativa Especial como ente que garantiza la independencia judicial, laboral y presupuestal de la Justicia Penal Militar y de un cuerpo autónomo y un régimen propio de carrera para los miembros de esa jurisdicción, con sistemas de evaluación, disciplinarios y de ascenso independientes de la línea de mando de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Para financiar todo ese esfuerzo, el Ministerio de Defensa decidió trasladar a la Justicia Penal Militar $25.600 millones, provenientes de recursos extraordinarios.

Acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

La iniciativa con la que Colombia le daría el aval definitivo al acuerdo con la OTAN se presenta dos meses después de que el ministro Juan Carlos Pinzón firmó el documento de cooperación con esa organización.

Básicamente este acuerdo establece medidas para el intercambio y protección de la información que sea compartida entre las partes, lo que implica asegurar el cumplimiento de procedimientos de seguridad comunes, así como el compromiso de no divulgar a terceros datos sin el aval del otro firmante del convenio.

El ministro dijo que adicionalmente el acuerdo con la OTAN le permitirá al país tener acceso a buenas prácticas y a los estándares profesionales de esta organización en áreas como integridad y transparencia, operaciones humanitarias y de paz y al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares, entre otras.

Por su parte, Colombia ofrecerá a la organización internacional los conocimientos y capacidades adquiridas en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

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