Apuntes sobre un fallo esperado

Por: Santiago Garcia.–

El diario El Tiempo (principal diario de Colombia) informó en su edición dominical, que la Corte Constitucional iniciaría este jueves la discusión sobre la sentencia definitiva en el caso de la Plaza de Toros de Santamaría. Esto coincide con lo que han informado otras fuentes, consultadas por Burladero, que señalan que en cuestión de semanas sería inminente el fallo esperado desde hace más de dos meses.

Es importante recordar que esta sentencia, decidirá una tutela interpuesta por don Felipe Negret Mosquera, Gerente General de la Corporación Taurina de Bogotá, quien alega, entre otras, que el Alcalde Petro violó el debido proceso al terminar unilateralmente el contrato que la Corporación Taurina tenía para realizar las corridas de toros, pues la motivación para dicha terminación es contraria a la jurisprudencia constitucional y a la Ley 916 de 2004 (Reglamento Taurino).

Aunque ya corren rumores que el sentido de dicha sentencia será favorable a los argumentos de la Corporación Taurina de Bogotá, lo más sensato es no anticiparse, y esperar cual es la decisión de la Corte, la cual no obligará al Alcalde a pronunciarse sobre la Plaza de Toros Santamaría, como se ha dicho por parte de la prensa, sino a acatar una decisión judicial de última instancia, es decir gústele o no al Alcalde este fallo será definitivo.

Para mayor claridad de los lectores es importante recordar, que el optimismo frente a esta decisión es fruto de los precedentes que la Corte Constitucional ha marcado frente a la tauromaquia, desde la Sentencia C-1192 de 2005 el tribunal Constitucional señaló que “el arte de lidiar toros, ha sido reconocido a lo largo de la historia como una expresión artística de los pueblos iberoamericanos”, en la Sentencia C-246 de 2006 señaló la Corte: “la tauromaquia constituye una manifestación de la riqueza y diversidad cultural de nuestro pueblo”; a su vez en la Sentencia C-367 de 2006, sobre el rol de los alcaldes en las corridas de toros señaló la Corte: “La función del alcalde está limitada a vigilar que durante el espectáculo se cumplan las normas legales y administrativas que regulan la denominada fiesta brava. Según el artículo 209 de la Carta Política, el Alcalde debe cumplir sus funciones atendiendo, entre otros, al principio de imparcialidad”. Finalmente, la sentencia C-666 de 2010, la cual señala Petro lo faculta para prohibir las corridas en la Plaza de Toros de Santamaría señaló qué: “incluso el legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa puede llegar a prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal” dejando la facultad de prohibir la fiesta taurina únicamente en cabeza del Congreso de la República, de la misma manera sobre nuevas regulaciones a la fiesta taurina, donde por ejemplo se prohíba la muerte del toro, lo cual fue exigido por el Alcalde Petro a la Corporación Taurina, señaló el tribunal Constitucional: “excede el ámbito de la Corte Constitucional el determinar el detalle de los elementos normativos que debe incorporar dicha regulación, que cae dentro de la órbita exclusiva del legislador” de donde es claro que el Alcalde Petro malinterpretó a su antojo la jurisprudencia constitucional, para prohibir indebidamente la fiesta taurina en la Plaza de toros de Santamaría. Si bien el alcalde argumenta que no prohibió la fiesta taurina, en realidad si lo ha hecho alegando una supuesta violación a estos precedentes por parte de la Corporación Taurina, como fundamento para terminar el contrato, y es ahí donde se pronunciará el tribunal constitucional.

Pero para completar los precedentes constitucionales, de donde surge el optimismo frente a la próxima decisión de la Corte, en 2012 (C-889) al pronunciarse sobre la falta de necesidad de solicitar permisos a las Alcaldías para realizar corridas de toros en las Plazas permanentes, el tribunal constitucional señaló: “se mostraría desproporcionado que la autoridad administrativa tuviera competencia para prohibir, en las condiciones anotadas, la actividad taurina en los inmuebles que han sido construidos con ese propósito, más aún cuando están localizados en aquellas zonas geográficas en donde se verifican las condiciones de arraigo, localización, oportunidad y excepcionalidad que prevé la jurisprudencia para la validez constitucional de esa tradición cultural”.

El claro precedente constitucional, da lugar al optimismo para la reapertura de la Santamaría, pero habrá que tener paciencia, y acatar democráticamente la decisión; el Alcalde Petro en su desespero ya habla del “regreso a la barbarie” tratando de deslegitimar desde ya la decisión de la Corte. Reacción desesperada, de un hombre que vivió en la ilegalidad en su juventud, y que parece olvidar que al reincorporarse a la sociedad civil juró respetar y defender una Constitución, en cuya elaboración participaron muchos de sus compañeros de lucha armada; olvida el Alcalde que parte de su pacto de paz con nuestra sociedad, fue el obligarse a cumplir las leyes y la Constitución que mandan acatar los fallos judiciales aun cuando sean adversos, no hacerlo sería volverse a poner al margen de la ley, o regresar al más rancio absolutismo monárquico, entrado desuso desde la revolución francesa.

Es momento entonces de esperar con paciencia, de respetar las instituciones judiciales y sus decisiones. No es momento de especular, como lo hacen ya aireadamente algunos, sobre sí habrá licitaciones públicas o sobre el papel del empresario, pues esos son análisis que se hacen con fallo en mano y no con especulaciones anticipadas, el torear lento, las pausas prudentes no sólo hacen buenos toreros sino buenos periodistas taurinos. Ya habrá momento para analizar a fondo el contenido de la Sentencia, y ojala de disfrutar de la temporada taurina de 2014 en la Plaza de Toros de Santamaría.

 

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