Serios reparos al proyecto de Ley Urrutia

  • Organizaciones campesinas, ONGs e investigadores de centros de pensamiento independientes de Colombia, argumentaron que el gobierno pretende legalizar la acumulación de tierras con el proyecto de Ley de Baldíos. Además, coincidieron en que contradice el espíritu de los acuerdos logrados en las negociaciones de paz.

Bogotá, noviembre de 2013. El Gobierno no ha consultado a los campesinos para la construcción de una verdadera política nacional para el campo, es una de las conclusiones a la que llegaron los representantes de las principales organizaciones campesinas de Colombia, que sentaron su posición con respecto a las potenciales amenazas que presenta el Proyecto de Ley de terrenos Baldíos, elaborado por el Gobierno Nacional.

El debate fue iniciado por Eudoro Álvarez, representante de la organización Dignidad Agropecuaria, quien recordó que las inversiones en altillanura son para la especulación inmobiliaria, no de producción de alimentos por lo que los campesinos son excluidos de esa manera. 

Por su parte, Martha Reyes, de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, dijo que la ley “desconoce que hay inequidad, con miles de campesinos requiriendo acceso a las tierras”. 

A su vez, Julio Armando Fuentes, de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA) señaló que en Colombia “no hay una política agraria que incluya los intereses de los campesinos, solo incluye a las grandes multinacionales y eso desestimula la pequeña producción campesina. Necesitamos que el gobierno atienda las causas que originaron el Paro Nacional Agrario”, señaló. 

Entre tanto, el investigador Javier Medina, del CINEP, dijo que el proyecto “no reconoce el potencial económico de los sistemas productivos alternativos, genera una total inseguridad jurídica”. 

Más adelante, Carlos Salgado, director de Planeta Paz, fue enfático al afirmar que “el Ministro (de Agricultura) comete una usurpación a la ley al pretender desconocer el espíritu de la ley anterior. Además, el proyecto avala la ineficiencia del empresariado agroindustrial en Colombia”. 

El investigador Marco Romero, director de Codhes, afirmó que “hay enormes niveles de concentración de la tierra, una tradición de exclusión campesina con 6 millones de hectáreas despojadas y no se ha hecho una reforma agraria democrática y moderna”. 

Finalmente, Aida Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, concluyó que el proyecto con su propuesta de asociatividad, no permitiría que Colombia cumpla con compromisos internacionales de gobernanza sobre la tierra: los campesinos se convierten en jornaleros, con empleos de muy mala calidad, se endeudan con créditos que no pueden pagar y ponen en riesgo sus tierras. Es una propuesta basada en profundas asimetrías”. 

Al final, la directora de Oxfam dijo que Colombia necesitaría en el corto plazo poder avanzar en asegurar que haya medidas favorables a los campesinos y propuso que se decreten moratorias en la adquisición de tierras con antecedentes de baldíos. 

El evento, organizado por Oxfam, Planeta Paz, Codhes, Cinep, la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, Dignidad Agropecuaria, Dignidad Cafetera y la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, pretendió ofrecer argumentos, análisis e interpretaciones del proyecto de Ley de Baldíos (también conocida como ‘Ley Urrutia’), por parte de las organizaciones de base, organizaciones nacionales y organizaciones de cooperación internacional, con énfasis en los impactos para el sector campesino, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural incluyente. 

En el marco del encuentro, los principales líderes de la escena campesina nacional y las organizaciones nacionales e internacionales coincidieron en que la anunciada Ley de Baldíos amenaza el mandato constitucional de garantizar el acceso a la tierra para la población campesina. Además, el proyecto tal como está concebido, legaliza las prácticas irregulares de adquisición masiva de tierras por sectores empresariales, nacionales y extranjeros e introduce condiciones que prácticamente imposibilitan el acceso a la tierra por parte de los pequeños productores. 

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