La obsesión anticapitalista del doctor Petro

Por: Eduardo Mackenzie.–

Gustavo Petro pasará a la historia como el alcalde que, por razones ideológico-políticas,  llegó a casi destruir los servicios centrales  de una ciudad latinoamericana de más de siete millones de habitantes. En la destrucción del servicio de aseo y  recolección de basuras de la capital de Colombia –por lo que acaba de ser destituido por el ministerio público–, Petro no obró por “capricho”, como algunos creen, ni por “populismo”, ni por  estar “mal asesorado”. El obró a ciencia y paciencia, pues quería hacer “anti capitalismo”, como se lo dictaban su credo marxista y sus compromisos con el chavismo venezolano. En vano los organismos especializados colombianos, como la Superintendencia de Industrias y de Servicios Públicos y la Contraloría, entre otros, se lo  advirtieron: lo que usted pretende hacer es ilegal, no es viable y pondrá en peligro la salud de los habitantes de la ciudad. 

Petro no oyó esos consejos. La ideología estatista y colectivista del alcalde no podía ceder ante  las advertencias de la gente razonable. El ex guerrillero amnistiado estaba convencido de que su talento de organizador valía más que la experiencia y el realismo de esas entidades. Pero se equivocó.

Los daños ocasionados al Distrito por la decisión absurda – transferirle la recolección de las basuras de esa ciudad enorme a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), organismo que no sabía ni estaba preparado para hacer eso–, fueron graves. Durante varias semanas montañas de basuras aparecieron en todos los barrios de Bogotá, con su cohorte de ratas, incendios, trancones, infecciones y olores nauseabundos.

De los 160 camiones que Petro quiso arrendar apresuradamente en Estados Unidos para recoger las basuras tras sacar de un plumazo a las empresas que hacían bien ese trabajo, sólo 20 llegaron un mes después a Bogotá. El concejal Juan Carlos Flores explica que la mayoría de esos camiones (por los que Bogotá tiene que pagar 25 millones de pesos al mes), ingresaron a Colombia ilegalmente (de contrabando) y su utilidad fue muy baja: varios estaban carcomidos por el óxido y los choferes no recibieron siquiera capacitación para hacer un uso eficiente de ellos, ni para darles mantenimiento.

Petro tuvo que renovar los contratos con las empresas afectadas cuando vio que el sistema creado por él solo recogía el 18% de las basuras de la capital. Veinte meses más tarde, la crisis de las basuras persistía, como lo constató, en octubre de 2013, el concejo municipal de Bogotá. Antonio Sanguino, un concejal del partido Verde, resumió así la situación: “La desafortunada promesa de estatización del servicio so pretexto de defender lo público ha terminado en un enredo contractual que otorga el 52% de la operación a Aguas de Bogotá en calidad de operador estatal y el 48% a casi todos los operadores privados cuestionados por la propia administración. La calidad del servicio parece estar sufriendo un serio deterioro si observamos el voluminoso incremento de las quejas y reclamos de la ciudadanía, mientras que la tan anunciada rebaja tarifaria aún está por verse”.

La cifra exacta de los daños causados fue ocultada por el alcalde aún en funciones. La oposición del concejo de Bogotá maneja una cifra provisional de esos daños: 60 mil millones de pesos. El concejal Flores afirma que el costo del nuevo servicio de basuras “es el doble de lo que pagaba la ciudad cuando esos servicios los realizaban tres firmas privadas”.

Lo peor es que  la orden de darle el aseo a la EAAB ha llevado a que la calidad del agua y del alcantarillado de la capital se deterioren aún más, pues Petro se vio forzado a sacar dineros del acueducto para llenar los déficits del ineficiente servicio inventado por él. Así, Petro no solo echó abajo un servicio de aseo que funcionaba bien sino que es incapaz ahora de reparar los huecos de casi todas las calles y avenidas de la ciudad. Y lo que es peor: está arruinando el suministro de agua. “El elefante blanco de las basuras está poniendo en peligro la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”, advirtió Flores.

Tras la destitución fulminante, la prensa comunista francesa salió en defensa de Petro y lo mostró como un “defensor de los pobres” y una víctima del Procurador Alejandro Ordóñez y “de la derecha colombiana”, sin evocar, claro está,  las injusticias, ilegalidades y abusos cometidos por el alcalde. Por eso hay que citar los hechos de esa caótica gestión y la lógica política que preside dicho proceso.

Lo de las basuras no fue el único proyecto anticapitalista de Gustavo Petro. En 2011, poco después de ser elegido, tuvo otra idea genial para acabar con la economía de mercado en Bogotá. Sin un estudio previo  ni nada parecido, decidió que fusionaría las tres más estratégicas empresas del Distrito capital: la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la Empresa de Acueducto de Bogotá ( EAAB). ¿Por qué? Porque eran rentables. Petro decidió  golpearlas y conformar  un monstruo burocrático para cumplir con un pésimo dogma socialista: que los dividendos de las empresas eficientes sean destinados “a subsidiar a las compañías que no lo son”, como lo explicó Luis Ernesto Mejía. El ex ministro de Minas y Energía estimó, en efecto, que esa fusión significaría “el traslado de las rentas de una empresa bien gestionada a otras que han tenido dificultades”, lo que “afectaría el valor de la empresa”.

Petro trató de utilizar los sindicatos de esas empresas públicas para que respaldaran la creación del “holding” que él proponía. La reacción ciudadana fue tan grande  y tan fuerte la caída del precio de los títulos de la empresa de energía (un 17%), que el alcalde tuvo que echar marcha atrás.

Petro mostró cuánto detestaba la economía de mercado cuando se indignó al saber que la empresa de energía de Bogotá tenía exitosas inversiones en Perú. “Cómo es posible que invierta en negocios de gas en Lima”, exclamó. Días después tuvo que echar marcha atrás.  Tan pronto fue elegido, Petro viajó a Francia y se reunió con gente del Partido Socialista. De allí salió diciendo que copiaría el sistema de transporte parisino, para fortalecer el transporte público de Bogotá y reducir el privado. Error: el sistema de París descansa sobre un trípode que Bogotá no tiene: un sistema empresarial que conjuga el servicio de metro, trenes, tranvías y buses. Y de elevados impuestos. El plan de Petro se quedó en el tintero.

Demagogo, Petro prometió que bajaría el precio del agua a los más pobres  y que no aumentaría los impuestos. Bajó el agua, es cierto, pero les aumentó a los estratos menos favorecidos el impuesto predial.  Sus otras promesas han fracasado: la seguridad de Bogotá se ha degradado, los “mil jardines infantiles” no existen, y la reapertura del Hospital de San Juan de Dios fue suspendida. Mientras tanto, el despilfarro en propaganda oficial y el nombramiento de amigos y conmilitones, llega a niveles jamás conocidos.

El ex senador Gustavo Petro había sido elegido alcalde de Bogotá el 30 de octubre de 2011 por el 32 % de los votantes, gracias a la división de sus rivales y a una falla de la legislación electoral de los alcaldes, pues no prevé una segunda vuelta. Petro fue elegido por una minoría. Su candidatura solo alcanzó a ser la mayor minoría, no una mayoría. Bogotá confirmó que no era una ciudad “de izquierda”. Así Petro se montó en la alcaldía.

El personaje es desaprobado por gran parte de la población colombiana, la cual no olvida que él hizo parte de un escuadrón de la muerte de extrema izquierda que se llamaba M-19 y que fue arrestado, juzgado y condenado en el marco de esas tristes aventuras. Él fue, pues, el primer alcalde de Bogotá que tiene sangre en las manos. Además, su candidatura era ilegal porque la ley colombiana prohíbe que una persona que ha sido condenada a una pena privativa de la libertad pueda ser candidato a un cargo de elección popular. Como Petro había sido condenado por porte ilegal de armas su elección fue impugnada, pero la justicia, en un fallo politizado, favoreció a Petro.

Cuando él llegó a la alcaldía, la administración de la capital estaba hundida por la corrupción. Lo que algunos olvidan es que los responsables de ese escándalo  no eran otros que los amigos políticos de Gustavo Petro,  miembros del partido Polo Democrático Alternativo, una agrupación castro-chavista que se apoderó de Bogotá, en enero de 2004, por las fallas del sistema electoral de la ciudad. Ese grupo terminó saqueando las finanzas de la ciudad. Samuel Moreno Rojas, alcalde de Bogotá y camarada muy cercano de Gustavo Petro, fue destituido por la Procuraduría en mayo de 2011 y encarcelado por orden de un juez el 23 de septiembre del mismo año.

Astuto, desde  comienzos de 2011, Petro se retiró del PDA para fundar el Partido Progresista y tratar de limpiar su imagen y no ser visto como alguien que había dirigido el PDA cuando esa formación saqueaba la ciudad. En octubre de 2010, Petro había denunciado a Samuel Moreno como el instigador de unos “manejos irregulares” en esa alcaldía. Clara López Obregón, del PDA, quien será alcalde fugaz de Bogotá tras la caída de Moreno, desempeñaba en ese momento el cargo de Secretaria de Gobierno. Ella aseguró que “no [había] corrupción ni clientelismo” y que ella era otra víctima más de las “insinuaciones malsanas” de Gustavo Petro.

A mediados de noviembre de 2013, los seguidores de Petro anunciaron que responderían con una “primavera criolla”, es decir con violencias callejeras, si la Procuraduría elevaba un pliego de cargos contra su jefe por sus irregularidades en la contratación del nuevo sistema de recolección de basuras. Un diario explicó en esos días que con la amenaza de “meterle pueblo” a ese debate, Petro le estaba enviando “una señal inequívoca al procurador Alejandro Ordóñez de que esa destitución sería un quiebre de la voluntad popular”. Cuando el único camino que le quedaba al alcalde para evitar la destitución era el jurídico, “donde las cosas se ven cada vez más enredadas.”

Tras la destitución, Petro reaccionó por fuera del sistema jurídico: rehusó recibir la notificación de la decisión, calificó al Procurador de “fascista” y declaró que la plaza de Bolívar era “la plaza Tahir” de Egipto. Ese llamado a la asonada fue desoído por la gente: la plaza de Bolívar fue ocupada unas horas de manera pacífica. Entonces, Petro optó por difundir el rumor que su  destitución era “ilegal” pues el procurador Ordóñez no podía destituir a los “funcionarios elegidos por voto popular”. Falso. Jaime Bernal Cuellar, un ex Procurador que no es de la misma cuerda del Procurador Ordóñez, subrayó: “Desde 1991 los que hemos ocupado el cargo de Procurador hemos hecho uso de esa norma, y en concordancia al Código Disciplinario se ha aplicado a gobernadores, alcaldes, congresistas y otros funcionarios de altos rangos (…), aquí entiendo que el Procurador seleccionó una norma del código disciplinario”.

Rápidamente la prensa admitió que el Procurador anterior a Ordóñez había destituido, entre 2004 y 2008, a 460 funcionarios elegidos por voto popular, entre los que se encontraban un senador, dos representantes a la Cámara, 428 alcaldes y 29 gobernadores.

La Procuraduría, en efecto, desde 2004 hasta el 2013, destituyó a 791 funcionarios públicos elegidos por voto popular (congresistas, alcaldes y gobernadores), sin que ninguno de los políticos que hoy se rasgan las vestiduras en defensa de Gustavo Petro hayan manifestado la menor objeción contra esas destituciones, basadas, además, como en el caso de Petro,  en claros textos Constitucionales y legales.

En cinco años al frente de la Procuraduría, Alejandro Ordóñez  ha destituido a 331 funcionarios: 288 alcaldes, 31 gobernadores, 9 senadores y 3 representantes a la Cámara. Su lucha contra la corrupción y los abusos es muy apreciada por la ciudadanía quien ve en él uno de los altos funcionarios más valientes y prestigiosos del país. Como él combate la criminalidad político-financiera y se opone a que los crímenes de las Farc queden impunes, el es objeto de atentados. El más reciente ocurrió hace unas semanas cuando la bala de un francotirador cayó a pocos metros de su despacho.

Si Gustavo Petro se sale con la suya y sigue al frente de los destinos de Bogotá, a pesar de las otras investigaciones que cursan contra él, su obsesión anticapitalista volverá a generar daños en la capital y afectará a todo Colombia pues el hombre aspira a ser presidente de la República para seguir los pasos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

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