El affaire Petro gira hacia lo nauseabundo

Por: Eduardo Mackenzie

En realidad, ni el magistrado José María Armenta, ni el oficial retirado de la Policía José Gotardo León, salvarán a Gustavo Petro. Ellos intentaron salvarlo. Pero no lo han logrado. Por el contrario: sus actos revelan algo y se vuelven contra su defendido pues confirman, una vez más, que el alcalde destituido de Bogotá trata de salvar su pellejo acudiendo a las maniobras más grotescas.

Entre más se entra en la caverna donde ocurre la operación para atornillar al ex guerrillero del M-19 a la alcaldía de Bogotá el aire se hace más fétido.

La prensa cree saber que la incursión del magistrado Armenta en defensa de Gustavo Petro le puso “un tatequieto temporal” a la decisión de la Procuraduría de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años. No hay tal. Ni freno ni tatequieto. Lo que hay es abuso y confusión. Lo de Armenta, miembro de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es la intromisión abusiva de un magistrado que cree que el andamiaje judicial del país está tan pervertido que puede, sin pagar un precio, defender intereses particulares bajo la apariencia de una decisión de justicia.

Es cierto, muchas parcelas del aparato judicial están bajo la bota mamerta, y la impopularidad creciente de esa rama del poder público se debe a ello, pero no todo el árbol está podrido. Armenta lo sabrá dentro de poco. Lo hecho por él tiene escandalizados a millones de ciudadanos y a no pocos magistrados honestos, y no sólo de Bogotá, aunque no lo griten desde los techos.

La acción de tutela que acaba de resolver Armenta tiene unos ribetes de escándalo, corrupción y comicidad que pocos querrán respaldar.

Ese recurso, en efecto, no fue interpuesto por el interesado, Gustavo Petro, como exige la ley, sino por un “agente oficioso”, es decir por un tercero: por alguien que aceptó jugar el papel de comodín en esa farsa.

Ese “agente oficioso”, José Gotardo León, es un coronel (r) de la policía que tiene lazos y cuantiosos negocios con el Distrito, es decir con la institución que Petro dirige. Sus contratos con Petro ascienden a los 184 millones de pesos. Ese comodín está cerca de los altos jefes distritales. El fue condecorado el 26 de diciembre de 2011 por la Alcaldía de Bogotá, dirigida en ese momento por Clara López Obregón, copartidaria de Petro, por “por sus valiosos aportes al Distrito Capital en temas de seguridad”. ¿Quién le exigió a José Gotardo embarcarse en esta loca aventura? La investigación que pronto tendrá que abrir la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Magistratura lo descubrirá sin dificultad.

El otro hecho, aún peor, es este: el alcalde Gustavo Petro es el patrón de la esposa del magistrado Armenta: Cecilia Calderón Jiménez se desempeña como jefe de activos fijos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Por ese hecho, el magistrado Armenta ha debido declararse impedido para atender la tutela de Gotardo. No lo hizo y cometió probablemente varios delitos: obstrucción de la justicia, prevaricato y abuso de poder, entre otros.

Armenta mintió cuando a periodistas de Bogotá le preguntaron si algún familiar suyo trabajaba con el Distrito. Al darse cuenta de que la prensa conocía el tema de su esposa, admitió eso pero no reconoció la falta y trató de restarle importancia. Radio Caracol reiteró: “Cecilia Calderón Jiménez ingresó a la EAAB en 2012 con el inicio de la alcaldía de Gustavo Petro. Sin embargo, en 2011 tuvo un contrato de prestación de servicios con la gerencia Jurídica [de EAAB] por $30 millones de pesos.”

El jurista y periodista Fernando Londoño Hoyos explicó ayer la esencia del asunto en su programa radial La Hora de la Verdad: ningún juez puede favorecer a su esposa en un fallo judicial. Además, el magistrado Armenta suspendió un acto del Procurador General que no había leído siquiera, como él mismo, Armenta, lo dice en su texto. Y sobre el fondo del asunto: Armenta trata de cambiar el sentido de la Constitución eliminándole a la Procuraduría su poder disciplinario sobre los funcionarios públicos, incluso los de elección popular.

El mismo día, otro agudo observador criticó la voluntad de Armenta de violar la Constitución en lo que hace a la facultad disciplinaria del Procurador General. Abdón Espinosa Valderrama, decano de los editorialistas de El Tiempo, se asombró, además, ante la orden que Armenta le da “al jefe del Estado, ni más ni menos, [de] abstenerse de darle cumplimiento [a la destitución de Petro] mientras se decide de fondo el recurso interpuesto por un contratista del Distrito”. Igualmente, Espinosa rechaza el intento de Armenta de pasar por encima de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. “Hasta ahora, era entendido que las sentencias de la Corte Constitucional sentaban doctrina en materia de tutela y de las demás de su órbita. Pero estamos viendo cómo un magistrado sostiene abiertamente lo contrario y trata de comprometer a la institución de que hace parte.”

Esas rupturas, visiblemente interesadas y malolientes, y deberían avergonzar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿El Consejo Superior de la Magistratura será capaz de reparar el daño hecho al orden jurídico?

La otra lección que se desprende de este folletón tóxico es que Bogotá, y las otras ciudades colombianas, deben elegir mejor a sus alcaldes. Hay una falla en la legislación actual en materia de elección de alcaldes: ésta no contempla la posibilidad de una segunda vuelta, de suerte que un grupo minoritario puede tomarse el poder si alcanza a ser la mayor minoría. Las ciudades del mundo civilizado tienen alcaldes que han sido respaldados por una mayoría, amplia o no, pero mayoría de votantes. Cosa que no se logra sino en una segunda vuelta. Petro ganó esa alcaldía sin conquistar la mayoría de votos de la capital. El fue elegido, no me canso de repetirlo, por la mayor minoría, gracias a la división y dispersión de sus adversarios en la primera y única vuelta. En una segunda vuelta el no habría tenido posibilidades de ganar. Los resultados de ese error están a la vista. ¿Seguirá el país en ese juego desestabilizador? Esa falla del legislador le está costando cara a la democracia. Petro no renuncia a combinar las leguleyadas más lunáticas con la ocupación del espacio urbano, lo que indica que la violencia “de masas” no está lejos y puede ser empleada como último recurso.
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