Inpec

Por: Andrés Felipe Castañeda.—

En las cárceles del país hay algo que hiede. Algo que va más allá de las pésimas instalaciones sanitarias atestadas de tuberías en mal estado y desagües inservibles que inundan los pisos de los baños produciendo hongos en los pies y toda clase de infecciones en la piel. A veces no hay disponibilidad de agua potable durante horas, incluso días y todas las actividades cotidianas deben llevarse a cabo con el agua acumulada en albercas y canastas con la consiguiente proliferación de enfermedades como el dengue. Las condiciones de hacinamiento desencadenan también plagas de chinches y pulgas sin que las directivas de los centros penitenciarios ofrezcan ninguna solución. En ocasiones el agua de los inodoros de desborda porque los sistemas de evacuación de aguas negras no funcionan. Además, las cárceles colombianas no cuentan con una infraestructura hospitalaria adecuada que permita atender de manera efectiva las emergencias médicas que se presentan a causa de las pésimas condiciones sanitarias. Dudo mucho también que la preparación de la comida para consumo de la población carcelaria esté regida por estrictos estándares de calidad.

Sin embargo, aunque las paupérrimas instalaciones sanitarias despidan mal olor, lo que hiede en las cárceles, para no ir más lejos, es la conducta de algunos de los que tienen por función el cuidado y la vigilancia de las personas privadas de la libertad.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, es una entidad pública adscrita al Ministerio de Justicia creada en 1992 mediante el Decreto No. 2160, que tiene “personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa” (Ley 65 de 1993, párrafo 15).

El Inpec es, de lejos, una de las entidades más corruptas del país. Al interior de los penales, escudados en la clandestinidad de los muros y en la impunidad del silencio, los guardianes aplican su ley, la ley del más fuerte: sobornos, abusos del poder, violaciones, maltrato físico y psicológico. De todo deben soportar miles de internos en los centros penitenciarios y sus familiares.

Algunos guardianes han tejido lucrativos negocios al interior de las cárceles. Han llegado incluso a cambiar los cupos en los talleres de redención por favores o dinero. Sin vergüenza alguna, reciben por parte de familiares de internos desesperados o presionados dinero, mercados e incluso, carne para hacer asados al interior del penal. Todo a cambio de un trato preferencial, un trato digno. En últimas, de un trato humano.

El negocio que más réditos representa es el de la venta de celulares. La cosa funciona así: un guardia ingresa un teléfono celular al penal y lo vende en uno de los patios por una suma cercana a los 500 mil pesos. Un par de días después informa a otro guardia de la existencia del celular. Este, a su vez, realiza una requisa en la que incauta el elemento prohibido y genera la respectiva anotación. Luego, vende el teléfono incautado en otro patio por una suma similar. Es un negocio redondo. Otro tanto sucede con las armas y en algunos casos con la droga.

No salen bien librados tampoco quienes hacen parte de las oficinas jurídicas de las cárceles, que piden dinero a los familiares de los internos a cambio de enviar los documentos relacionados con el trabajo de redención realizado al interior de los penales al juzgado correspondiente. En algunos casos, cuando los familiares se niegan a pagar sobornos, los documentos de la redención pueden tardar meses archivados en las oficinas jurídicas. La peor parte es que ésta enferma inoperancia es alcahueteada por los directores de las cárceles, lo cual no deja de ser preocupante.

El Inpec requiere una profunda y urgente reestructuración para hacer frente a todos estos desmanes. La reforma al Código Penitenciario y Carcelario no parece ocuparse del tema, negándose a realizar un cambio de fondo que permita hacer a un lado estas lamentables prácticas y el Ministerio de Justicia no ha demostrado interés real en solucionar esta problemática.

NOTA: En su más reciente columna, que tituló “Mamertología” (El Espectador, Ene. 5/14), Mauricio Botero Caicedo pretende hacer creer que las culturas indígenas, con sus actividades agrícolas, son más perniciosas para el medio ambiente que la explotación realizada por empresas multinacionales de oro, níquel, carbón y petróleo. La verdad, es que el chiste se cuenta solo.
@acastanedamunoz 

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