130 periodistas amenazados en Colombia en el último año

Bogotá, 10 de Febrero ­_RAM. En el marco de la conmemoración del día del periodista, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, se mostró preocupado por los riesgos a los que están expuestos los periodistas y comunicadores sociales en Colombia.

Según datos del Grupo de Valoración Preliminar en la Unidad Nacional de Protección (GVP) del que hace parte la Defensoría del Pueblo, en 2013 se realizaron 130 evaluaciones de riesgo para los periodistas, de los cuales se determinó que 67 están en el nivel de riesgo extraordinario, es decir, en inminente peligro de que atenten contra su vida, y 63 figuran en el nivel de riesgo ordinario.

La mayoría de las amenazas se hace a través de llamadas telefónicas, seguimientos y escritos, teniendo como agentes intimidatorios a miembros de grupos armados ilegales como las Farc, el ELN y las denominadas ‘bandas criminales’ conformadas con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas.

Bogotá es la región donde más se presentaron amenazas contra los comunicadores el año anterior con 19 casos; le sigue Cesar con 18; en el tercer lugar figura el departamento de Antioquia con 16, y en la cuarta casilla se ubica Valle del Cauca con 14 casos. Con siete evaluaciones de riesgo aparece el departamento del Magdalena, ubicándose en la quinta posición; comparten la sexta casilla, cada uno con seis casos, Atlántico, Córdoba y Huila. Arauca, Cundinamarca y Santander están en la séptima posición, cada uno con cuatro casos.

Guaviare, Putumayo y Tolima se ubican en la posición octava, cada uno con tres casos. Caldas, Cauca, Nariño, Risaralda y Sucre, de a dos casos por departamento, comparten la posición novena. Y en el décimo lugar aparecen Amazonas, Caquetá, Casanare y Norte de Santander, de a un caso de evaluación de riesgo por departamento.

Para finalizar, el Defensor del Pueblo le recomendó a la Unidad Nacional de Protección reforzar las medidas a las que haya lugar para garantizarles la seguridad a los comunicadores amenazados, pues en el pasado los beneficiarios se quejaron por la mora en la puesta en marcha de los esquemas de seguridad.

 

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