La máquina del tiempo

Por: Andrés Felipe Castañeda.—

En el nuevo episodio de chuzadas hay varios cabos sueltos. Si bien el comandante del Ejército Juan Pablo Rodríguez y posteriormente el presidente Juan Manuel Santos han dicho que el sitio desde donde operaba ‘Andrómeda’ era legal, aún queda por resolverse si desde allí se realizaron interceptaciones ilegales a los miembros del equipo negociador del gobierno en La Habana y a líderes de oposición. Por supuesto que quedan interrogantes, como por ejemplo si existe alguna relación entre estas actividades y la manera como obtuvo el expresidente Álvaro Uribe la información que le permitió revelar que el gobierno de Juan Manuel Santos sostenía conversaciones con las Farc dos semanas antes de que el presidente lo anunciara y, meses más tarde, publicar las coordenadas en las que se suspenderían acciones militares para permitir el traslado de miembros de ese grupo insurgente a La Habana.

El diario El Colombiano, de Medellín, publicó un artículo en el que se relaciona a  “la generación del 70”, un grupo de altos mandos del Ejército en uso del retiro, con el espionaje a Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y Alejandro Eder. “Un grupo de militares que se opone al actual proceso de paz del Gobierno con las Farc estaría detrás de las interceptaciones a los negociadores, según un oficial de inteligencia” señala el informe.

De resultar esto cierto, la situación no puede ser menos que alarmante. Antes debíamos preocuparnos por la posible existencia una disidencia de las Farc que no está de acuerdo con la mesa de negociación; ahora hay que preguntarse si algo similar ocurre al interior de las Fuerzas Armadas, lo cual resultaría extremadamente peligroso, sobre todo si se tiene en cuenta que esas “fuerzas oscuras” de las que habló el presidente en sus primeras declaraciones tendrían a su favor no solamente departamentos de inteligencia, sino también armamento y apoyo político. Otro cabo suelto: hace año y medio, unos meses antes de que se conocieran las negociaciones con las Farc, se filtró una información según la cual miembros de la ACORE (una asociación de militares retirados) estaría orquestando un golpe de Estado contra el presidente Santos en compañía de un sector de las Fuerzas Militares inconformes con proceder del primer mandatario.

Dos hechos más, aparentemente inconexos, no pueden pasar inadvertidos. El primero es la feroz persecución en todos los ámbitos posibles contra la Marcha Patriótica que ha dejado como saldo, desde su fundación en abril de 2012, la muerte de 29 militantes (12 de ellos a manos de la fuerza pública), 3 desaparecidos y cerca de 200 procesos judiciales en contra de sus miembros. El segundo son las amenazas en contra de líderes del Polo Democrático, la Marcha Patriótica y la UP, los movimientos de izquierda más grandes del país. Esta semana Iván Cepeda, Alirio Uribe Muñoz, Piedad Córdoba, Aida Avella e incluso el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro denunciaron amenazas en contra de sus vidas atribuidas a las Bacrim Los Rastrojos y las Águilas Negras.

Lo cierto es que la paz –como concepto meramente abstracto- tiene muchos enemigos. Poderosos detractores que se valen de todas las formas de lucha, eso que tanto se ha criticado en el discurso de las Farc, para atajarla. Ojalá el país no permita que lo arrojen hacia una guerra interminable, ojalá que las amenazas no desencadenen un nuevo genocidio. Las chuzadas y la persecución radical contra miembros de la oposición son, tristemente, fantasmas que el país no ha podido superar y que aún rondan, campantes e impunes, empujándonos hacia el pasado. La esperanza es que el país haya aprendido de sus errores y esté dispuesto a caminar hacia el futuro.

NOTAS:

1. El honorable, dignísimo, impoluto, excelentísimo, incorruptible Concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez debería ponerse a trabajar en lugar de estar haciendo una campaña para censurar el nuevo video de Shakira. La verdad es que produce mucha tristeza saber que del dinero de los impuestos que se pagan en Bogotá sale el sueldo del pastor Ramírez.

2. La crisis carcelaria y el hacinamiento están tocando fondo. ¿Será que el Inpec tiene cómo indemnizar a las familias de los reclusos que han muerto como consecuencia del incendio en la cárcel Modelo de Barranquilla? Ya van 15 muertos. Esperamos respuestas.

@acastanedamunoz

 

  Share: