Optimismo digno de otra época

Por: Eduardo Mackenzie.–

Ya no deberíamos inquietarnos más. El presidente Santos y las Farc no están negociando, eso está claro, “ni la estructura ni las funciones de nuestras Fuerzas Militares” en La Habana, ni las van a discutir allá. ¡Qué gran alivio! Qué gran oración patriótica la que acaba de pronunciar Humberto de la Calle Lombana, jefe de los negociadores de Santos, al ripostar ante la nueva andanada de insultos de las Farc contra las Fuerzas Armadas y el ex presidente Álvaro Uribe. Qué bueno tener en el tinglado habanero un hombre tan recio y decidido como el señor De la Calle, que sabe disipar, con una serie de frases sentidas, el temor más grande que tenemos los colombianos sobre lo que las Farc les están imponiendo allá.

Todo eso está muy bien. Sin embargo, como siempre en este berenjenal de La Habana, una duda nos asalta. Lo que dice el jefe negociador del gobierno, por inferencia, es que, pese a todo, es posible que más tarde discutan eso mismo en otro escenario, una vez termine esta fase de intercambios en la isla de los dictadores Castro.

¿De qué sirven, pues, esas cuentas alegres? Además, hay otra razón. ¿Cómo explicar que, mientras Humberto de la Calle nos promete no tocar el tema preferido de las Farc de la “reducción” del Ejército, las Farc están logrando, en una verdadera operación relámpago, desorganizar unidades claves de las Fuerzas Militares sin necesidad de pleitear nada en Cuba? De hecho, en menos de un mes, ellas lograron la destitución y la reubicación de siete altos mandos activos en sectores vitales, como la inteligencia y la contrainteligencia militar, y la renuncia del general Rey y hasta la remoción del comandante general de las Fuerzas Militares, todo de manera rápida y confusa. Y, como si fuera poco, están intrigando, por vías indirectas, para que la operación desestabilizadora se agudice.

Esta vez hemos visto cómo, de la manera más barata y paradojal, es decir con un sorpresivo artículo de Univisión, basado en intercepciones telefónicas ilegales de alguien hasta hoy desconocido, pero que actúa para golpear al Ejército, y que la Fiscalía y la prensa oficialista creyeron al pié de la letra, la fuerza pública fue transformada, de la noche a la mañana, en una “red de corrupción”, contra la cual habría que obrar, como lo hizo Santos, con sanciones rápidas, desproporcionadas y humillantes.

Estamos pues ante una nueva variante de la muy eficaz técnica de los falsos positivos, es decir de la acusación nebulosa típica contra los uniformados, cinco o diez años después de los hechos, sin testigos o con testigos comprados en la calle o en presidios, con destituciones ruidosas, con andanadas estigmatizadoras en la prensa, y con un fallo a tres o cuatro años más tarde. Lo de ahora es mucho más veloz y destructivo. Y ello es posible porque el grado de participación de personalidades traidoras del Estado en esa aventura es mucho más alto que antes.

Por eso Humberto de la Calle puede decir ahora, con gran convicción, que en La Habana no se está negociando, ni se negociará, “la estructura ni las funciones” de la fuerza pública. Claro que lo puede decir, pues lo que ocurre es el resultado de un paradigma distinto: la “reducción del Ejército” está en camino, con obscuros grupos que “chuzan” a quien se les antoja y que logran acusar de eso a la fuerza pública y que cuentan, además, con ayuda interesada de un órgano secundario de la prensa americana.

A eso se suma, al mismo tiempo, la emergencia de un cierto discurso que pide la reducción del Ejército colombiano a la porción mínima –lo que expresa las ambiciones de La Habana, Caracas y Quito–, posición que es teorizada por distinguidos sociólogos de la Universidad Nacional, sin que nadie conteste semejantes soflamas. Así tenemos, por ejemplo, al profesor Francisco Leal Buitrago quien estima que en Colombia hay unas “fuerzas militares sin control” y unos “militares crecidos”, que la fuerza pública colombiana es una “institución compleja y sobredimensionada con relación a una subversión notoriamente disminuida”, razón por la cual, dice él, habrá que “normalizar” la institución castrense tras el “fin del conflicto”.

Esa tesis absurda que trata de posar como algo racional, intenta adquirir el estatuto de discurso oficial. Qué quería decir el general Jaime Lasprilla, nuevo comandante del Ejército, cuando admitió ante Semana que “hay un plan de transformación que tiene el Ejército” para el periodo del postconflicto. ¿De qué transformación se trata?

En todo caso, la actual ofensiva anti militar dispone hasta de un segundo vector internacional. “No es suficiente destituir […] a siete altos cargos militares, sino que es necesario juzgarlos por esos graves hechos de corrupción”, proclama desde Europa una Ong extremista. Luego de saludar las “chuzadas” telefónicas, dice que en Colombia “no se está haciendo justicia” y que por eso ella va a pedir la “intervención” de la Corte Penal Internacional (hace más de veinte años que esa Ong amenaza a Colombia con eso).

Esa Ong de izquierda quiere que la CPI condene no sólo a los siete militares injustamente removidos en estos días, sino a todos los militares colombianos destituidos “desde octubre de 2008”. La patética Ong “defensora de derechos humanos” niega a los militares colombianos los derechos más básicos, reconocidos por todas las democracias a sus militares. Exige que el Estado colombiano “limite el fuero carcelario” de los militares para que éstos “no estén recluidos en establecimientos militares”. Tal petición desnuda el carácter subversivo de esa Ong y muestra el tono de las futuras campañas de agitación y propaganda. Esta Ong termina con la habitual amenaza: “Si el ministerio de Defensa sigue contribuyendo a proteger a los militares”, esa Ong pondrá el caso “en manos de la Corte Penal Internacional”. Si todo esto no es una vasta conspiración para alterar la estructura y las funciones de las Fuerzas Militares colombianas, ¿qué es?

Por eso llama la atención la declaración del general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, quien dijo a la revista Kien&Ke que la reciente “depuración” de la cúpula militar, “fortalece las instituciones, patrimonio de este país”. ¿Un optimismo digno de otra época?

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