¿Por quién votar?

Por: Uriel Ortiz Soto.– (*)

Si Usted querido ciudadano, es de los que vota con conciencia y pleno conocimiento de lo que hace, tiene derecho a exigir que su voto sea programático.

¿Pero qué es el voto programático? Está regulado por le Ley 131/94 en desarrollo del Artículos 259 de la Constitución Política y consiste en obligar a quienes ocupan cargos por elección popular, a cumplir sus planes y programas de desarrollo con los cuales se hicieron elegir. Nos referimos en línea ejecutiva: Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes; y en línea Legislativa: Senadores, Representantes, Diputados, Concejales y Ediles.

Lamentablemente el común de nuestros electores no hace valer estos derechos y siempre se resignan a decir que votaron mal, pero, a la próxima contienda electoral cometen el mismo error, eligiendo los mismos con las mismas.

Para que el voto programático tenga validez, y el elegido que incumple el programa de Gobierno, o Legislativo, sea sujeto de revocatoria, se ha debido agotar uno de los mecanismos de participación ciudadana consagrado en el Artículo 103 de la Constitución Política.

Quien aspire a ser elegido para un cargo por elección popular, ante todo debe ser un ciudadano íntegro, y vinculado a la Región, es decir, que durante por lo menos en los dos últimos años haya estado en contacto con las comunidades ante las cuales se postula para representarlos en los diferentes Organismos del Estado.

Es muy común por estas épocas de vísperas electorales ver paracaidistas de la política que acuden a los pueblos a enganchar incautos prometiéndoles el oro y el moro, o en la mayoría de los casos comprando conciencias con: mercados, materiales de construcción y dinero en efectivo. Pero también, vemos los casos de los delfines, que recorren el País en busca de borregos para llevarlos a las urnas a votar por ellos, simplemente con el argumento que son los hijos privilegiados de la democracia, puesto que sus antepasados le prestaron ingentes servicios a la Patria.

Por favor, no nos dejemos engañar por estos, espécimen, que lo único que hacen es pescar votos para asegurar sus curules y luego perderse en los laberintos  y delicias del poder, sin haber adquirido responsabilidad alguna por quienes dócilmente se dejaron manipular.

Los primero que deben tener en cuenta los votantes, es que su candidato no vaya a estar incurso en alguna inhabilidad para ocupar el cargo, o con procesos pendientes con la Justicia y los Organismos de Control. Es bastante doloroso  que después de una elección, los ciudadanos que de muy buenas fe votaron por determinado candidato, vean frustrados sus anhelos de desarrollar sus planes y programas de desarrollo para sus municipios y veredas, puesto que el candidato de marras no les hizo claridad sobre su situación jurídica.

En las elecciones para el Congreso de la República, a realizarse el próximo 9 de marzo, y habidas las vergonzosas experiencias con buen número de Congresistas en las Cárceles por diferentes delitos, otros en la antesala de la prisión, y la mayoría con problemas jurídicos de una u otra índole, bien vale la pena que los ciudadanos exijan a los partidos y movimientos políticos que los avalaron, les expidan un certificado de aptitud electoral, para que después no se llevan amargas sorpresas.

Un buen candidato ante todo debe tener amplio conocimiento de cómo construir un Plan de desarrollo para su comunidad, para lograr este objetivo, lo más importante, es que conozca los coeficientes sociales de desarrollo del sector por el cual se va a hacer elegir, esto quiere decir, que debe identificar cuales las fortalezas y debilidades de las mismas, con el fin de dar un diagnóstico social adecuado para que después como Congresista lo convierta en Proyecto y posteriormente en Ley de la República.

El orden de las prioridades básicas de las comunidades, se conocen con los coeficientes sociales de desarrollo. Un diagnóstico social de desarrollo mal aplicado choca contra las necesidades básicas de las mismas comunidades, en el sentido que muchas veces se sobresatura de lo que ya realmente tienen.

Cada Región o Departamento tiene sus necesidades básicas, pero también tiene sus fortalezas y debilidades, que hay que saberlas interpretar, pero que son las mismas comunidades a través de una evaluación bien hecha las que las manifiesta.

De nada le sirve al Legislador hacer apropiaciones presupuestales, si no se tiene un plan de desarrollo equilibrado, entre las necesidades básicas y la inversión social que debe ser el equivalente a una solución permanente. Las obras que se realizan simplemente para motivar una campaña política no deben ser tenidas en cuenta por las comunidades, estas son flor de un día, y llevan inoculado en la mente del futuro Legislador el estigma de la mala fe.

Todo lo anterior debe estar contenido en un Plan de desarrollo, en lo posible aprobado por los departamentos de Planeación, muchas veces sucede que las obras propuestas en él, son inviables, puesto que se están violando normas de tipo administrativo, presupuestal o ambientalista, también para el caso de la minería, poblaciones índígenas o Afrodescendientes, se hace indispensable contar con la aprobación de las comunidades, este es un requisito de Ley, que no puede pasar desapercibido en los planes y programas de desarrollo, son miles las obras que se encuentran en suspenso precisamente por esta causa.

No olvidemos que los Planes de Desarrollo, se definen como: la evaluación del recurso humano frente a los diferentes procesos de desarrollo. Si no tienen viabilidad financiera, administrativa o ambientalista, carecen de toda posibilidad y como consecuencia no debe ser incluido como bandera una campaña política.

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