Gobernar contracorriente

 

Por: Andrés Felipe Castañeda.–

Gustavo Petro estuvo lejos de ser el alcalde ideal. De hecho, he pretendido siempre que la afinidad que siento por su figura (como político, como hombre de paz) no me impida mantener una posición crítica frente a su gestión.

El ‘Caso Petro’ –como lo llamaron los medios, que tienen por costumbre empacar y vender las noticias como una telenovela- podría llamarse perfectamente “Crónica de una destitución anunciada”. La información estuvo rondando varios meses antes de conocerse el fallo del procurador Alejandro Ordóñez. Yo la conocí en octubre, cuando no pasaba de ser un rumor. Desde el momento en que el procurador anunció la destitución hasta la convulsa semana pasada, la información no ha parado de generarse. Dada la magnitud de caso es entendible: la destitución de Petro del segundo cargo de elección popular es, sino el más relevante, uno de los más transcendentales hechos políticos de la historia reciente del país.

La odisea de Petro en la alcaldía comenzó desde el momento mismo de su victoria en las urnas. Quisieron demandar su elección por haber pertenecido al M-19, la destitución comenzó a gestarse prácticamente desde el momento en que tomó posesión de la alcaldía. El proyecto de ciudad progresista era ambicioso y resultaba amenazante para intereses económicos instalados plenamente en Bogotá. Empresarios, políticos y periodistas iniciaron una campaña de desprestigio a su labor y Petro, por su parte, se atrevió a tocar los intereses de “los intocables”, intereses que quizás nadie más se habría atrevido a tocar. Así, “se metió con los que no tenía que meterse”. Pues, yo creo todo lo contrario.

Claro que Petro cometió errores administrativos, de planeación y ejecución. Quizás por soberbia, quizás por ambición, quizás por afán de cumplir lo prometido. Pero es también innegable la persecución que emprendieron en su contra los dueños de esos intereses afectados por sus decisiones.

La novela parece haber finalizado la semana pasada con la decisión del presidente de dejar en firme la sanción de la procuraduría: a Colombia se le vino la horrible noche encima convertida en un país donde los derechos políticos no son fundamentales. El libreto malogrado se suma al “se acata pero no se aplica”, o sea “sí pero no”, y se me hace imposible no pensar en el presidente como la Chimoltrufia, ese personaje escrito por Roberto Gómez Bolaños: “es que yo como digo una cosa digo otra”. Y así, Colombia se dibuja ante el mundo como un país irrespetuoso del Derecho Internacional. La decisión de Juan Manuel Santos no obedece a un apego a la legalidad y la Constitución. No. Su decisión obedece a un cruento y simple cálculo político (electoral): la derecha ganó las elecciones parlamentarias en Bogotá –pensó el presidente- hay que congraciarse con la derecha. Con la derecha más radical, aclaro, porque no hay que olvidar quién es Juan Manuel Santos.

Porque Santos está haciendo campaña en Bogotá, eso está perfectamente claro. ¿Acaso alguien lo duda?

Sin embargo no se puede pasar por alto que quién empujó a la ciudad a la situación de interinidad que hoy vive y que se prolongará por varios meses no fue Juan Manuel Santos sino Alejandro Ordóñez, el procurador, el hombre que usa arbitrariamente el poder que la Constitución le profiere, el hombre que decretó la muerte política de Gustavo Petro.

Termino como empecé: Petro no fue el alcalde ideal. Cometió errores administrativos, quiso cambiar la ciudad desde la institucionalidad y olvidó el trabajo de base. Pero es su proyecto político y su visión de ciudad, por encima de sus errores, lo que hace que muchos aún hoy, lo apoyen. Queda plenamente demostrado que es imposible gobernar contracorriente.

@acastanedamunoz

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