Del oro al coltán

Por: Fanny Kertzman.–

  • El Gobierno ha dicho que lo que pretende es perseguir la minería ilegal y no la informal, pero ¿cómo las distingue?
Todos los años el Ministro de Minas asiste al más importante foro minero mundial en Toronto. El Ministro de turno pinta bellezas de Colombia, sus buenos indicadores económicos y la supuesta estabilidad jurídica. El año pasado iba a asistir también la ministra Luz Helena Sarmiento, pero se quitó el día anterior. Mejor era no dar la cara en esa oportunidad.

Ahora, después de haber sido la heroína de Santurbán, la Ministra quiere declarar como parque natural la Serranía de San Lucas, precisamente donde Mineros S.A. tiene terrenos que no ha podido explotar por años, por la presencia permanente del ELN. La Ministra no respeta títulos adquiridos con anterioridad, en forma legal. Están aplicando la ley en forma retroactiva.

Pero si por el lado de la minería a gran escala llueve, por los alrededores de la pequeña minería no escampa. En Colombia, un porcentaje muy importante de la producción de oro proviene de la pequeña minería y del barequeo, las cuales se desarrollan en regiones apartadas.

El Gobierno, en su afán por prevenir la minería ilegal, podría estar cometiendo graves errores, que dejarían la explotación de oro completamente en manos de la guerrilla y las Bacrim, desplazando a la población que vive de la minería ancestral.

Las mafias tienen todos los recursos económicos y logísticos para darle apariencia de legalidad al negocio. Por ejemplo: comprar un título minero. Para el Estado entonces este minero es legal. Pero es una compañía de papel que no paga impuestos ni regalías, y usa el oro para lavar las ganancias ya no del narcotráfico sino de la corrupción.

El Gobierno ha dicho que lo que pretende es perseguir la minería ilegal y no la minería informal. ¿Cómo las distingue? ¿Porque una tiene draga y la otra no? ¿Porque una tiene un título y la otra no? ¿Acaso los mineros ancestrales tienen título?

La legislación referente a los barequeros y pequeños mineros es imposible de cumplir. Este grupo de la población tiene muy poca educación y aun así los ponen a llenar toda clase de papeles, como inscripción en la alcaldía, ante la Dian, y en Cámara de Comercio. En sus municipios no hay un computador que les permita comunicarse con la Dian, por ejemplo, donde ya los trámites son electrónicos y menos Cámara de Comercio.

Los comerciantes y fundiciones legales y profesionales tienen que acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos que les exige la Dian para poder hacer la deducción del costo de adquisición del oro. Entonces el comerciante o fundidor debe pedirles todos los certificados al comerciante, al minorista y a los mineros, a toda la cadena. El control del cumplimiento de esos requisitos se ha trasladado al particular.

Los mineros y pequeños comerciantes deciden entonces vender a las organizaciones criminales que no les exigen requisitos burocráticos. Es mucho menos engorroso. Mientras tanto, los comercializadores, fundidores y exportadores legales se quedarán sin proveedores y el oro que saldrá del país no habrá pagado regalías, solo para mencionar un tema.

Ante la inseguridad jurídica y la falta de carácter del Gobierno, que está en campaña y que no ha tenido realmente la voluntad política de apoyar a la minería aurífera en su integridad, se puede venir una catástrofe: que el oro ilegal sea la nueva coca. Más rica se hará la guerrilla.

Bye bye para siempre inversionistas inscritos en la Bolsa de Toronto. Esos ya se fueron, perdieron toda esperanza. Es increíble que siendo la minería un sector que genera tanta riqueza para el Estado, en dinero, empleo y beneficios sociales, haya sido regalado a la ilegalidad y a las presiones de ONG’s que no se sabe en realidad a quién representan.

El negocio se ha cerrado porque el Estado no está interesado. Proteger inversiones de larguísimo plazo y que exigen enormes recursos debe ser política de Estado, no de un gobierno, o de una Ministra. A este paso la única exportación de minerales será el coltán, pero ese no paga regalías y los títulos mineros reposan en Caracas y La Habana.


1. Comunicación enviada al Foro de Comapañías NAcionales de Petróleo, organizaco por Ecopetrol.

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