Banco Popular: respuesta a réplica, denuncia por estafa

Por Uriel Ortiz Soto (*)

Cuando la verdad jurídica tiene el marco de la plena prueba, es imposible entrar a desvirtuarla con artimañas y trapisondas, puesto que estas siempre se van por los despeñaderos de la mentira y el engaño, y a simple vista salta la figura delincuencial, señalando a los responsables que quedaran descubiertos al final del proceso, para que les caiga todo el peso de la Ley.

El señor Orlando Lemus Gonzales, secretario general del Banco Popular, con fecha 09 de abril del 2014, envío al Suscrito Columnista del Espectador, oficio de siete páginas a través de las cuales trata de desvirtuar las denuncias que hicimos en nuestra columna titulada: Banco Popular: cronograma de una Estafa, con fecha 25 de marzo del 2014, donde aparecen perjudicados: el Mayor General (R) del Ejército, Marino Gutierrez Isaza, su señora Esposa e Hijo; pidiéndome con desvergüenza y cinismo que rectifique lo expresado en dicha columna, so pena de dirigirse al señor director del Espectador, con el fin de pedir su rectificación.

Pero mi pregunta para el señor Lemus es: si tan falsas son las acusaciones y las injurias, ¿Por qué, no acude también a la Fiscalía General de la Nación? Donde sin lugar a dudas esteremos listos a acudir en el momento en que se nos requiera, con el fin de exponer la verdad documentada, tal cual sucedieron los hechos.

Se olvida el señor Lemus González, que en el Diario El Espectador, medio periodístico al cual me honro de pertenecer desde hace quince años en calidad de columnista semanal, no acostumbramos levantar falsos testimonios y que las acusaciones que hacemos, es porque han sido sometidas a una rigorosa investigación, con el acopio documental, que para el caso que nos ocupa obra en nuestro poder.

Han causado tanto estupor estas denuncias, que varias organizaciones expertas en fraudes bancarios, se han dirigido al suscrito pidiendo autorización para iniciar las investigaciones respectivas, y ser utilizadas como modelo de antifraudes bancarios en simposios nacionales e internacionales.

Es conveniente solicitarle al señor secretario general, Orlando Lemus González, que explique ante la justicia y los medios de comunicación los siguientes puntos:

1º- Habiendo sido fusionada la empresa: Arprint de Colombia Ltda, con fecha 28 de febrero de 1997, según acta 0945 registrada en la notaría segunda de Bogotá, no era posible que se les fuera a prestar dinero al General (R) Marino Gutierrez, Señora e Hijo, el 18 y 30 de abril, cuando dicha empresa ya no existía.

2º-¿Porqué las firmas de los pagarés, no fueron colocadas al dorso de la primera página, ya que sobraban seis renglones y cabían perfectamente en esta?, sin embargo, como obra en los expedientes se hicieron firmar en otra hoja completamente en blanco, para poder hacer el cambio posteriormente.

3º- ¿Porqué en audiencia de exhibición de documentos ante la Magistrada: Clara Inés Marqués Bulla, del Tribunal de Bogotá, Sala Civil, de fecha 14 de mayo / 2008, los abogados de Banco manifestaron que era imposible exhibir los originales, puesto que no existían? Siendo que sobre ellos cursan investigaciones de tipo penal y civil, – las fotocopias no son competentes para las pruebas grafológicas -.

4º- falta a la verdad el señor secretario general del Banco Popular, Orlando Lemus, cuando se refiere a un estudio grafológico, que en honor a la verdad fueron cuatro los dictámenes, todos, -incluido el del perito del juzgado 25 Civil del Circuito-conceptuando, que los pagarés, materia del presente lio jurídico: Son falsos por adicción.

5º- Tampoco se refiere el señor secretario General del Banco Popular, Orlando Lemus, a la constancia de cuatro páginas dejada por el perito grafólogo, – que reposa en el expediente-, designado por el Juzgado 25 Civil del Circuito, sobre la nula colaboración prestada por el Banco Popular, para cumplir tan delicada misión.

6º- No explica tampoco el Secretario General del Banco Popular, Orlando Lemus, con qué criterio se pagaron los impuestos de timbre de los pagarés con fecha 6 de octubre 1997, es decir, 25 días antes de elaborar el documento. ¿Se podrá pagar un impuesto de timbre sobre un documento inexistente?

Estas y muchas otras preguntas tendrán que responder los implicados en tan vergonzosa estafa, que salpica a una de las entidades bancarias más prestigiosas del País, pero que lamentablemente se ha querido manejar con un sesgo mas de complicidad entre ciertos funcionarios, que de claridad ante la Justicia de Nuestro País.

Es lamentable también la respuesta tan vaga que da la Superintendencia Financiera, a este vergonzoso caso, que después que los estafados enviarán un Derecho de Petición con fecha reciente, pidiéndole investigar los abusos del Banco Popular sobre este caso, responde con que no tiene competencia para hacerlo.

Quisiera pedir con el debido respeto al Señor Superintendente Bancario, que nos diga, cuales las funciones de tan flamante Superintendencia Financiera, que a mas de no prestarle ningún servicio a los clientes estafados por las entidades financieras, se escuda en una serie de epítetos que no son entendibles bajo ningún punto de vista.

Querrá decir señor Superintendente Financiero, que los bancos pueden continuar haciendo de las suyas, sin que nada pase en nuestro País, pues según parece está allí para ver correr las aguas turbulentas que arrastran cadáveres con la lápida de la desgracia de quienes un día tuvieron que acceder a un préstamo bancario.

No olvide Señor Superintendente Financiero, que son millones los usuarios de vivienda UPAC / UVR, que han sido estafados por diferentes entidades bancarias. Despierte por favor señor Superintendente, antes que se lo lleve también la corriente.

 

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