La Ley del ‘Montes’:¿Campaña presidencial o lodazal de agravios?

POR: ÓSCAR MONTES
Los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga están obligados a mostrar mayor transparencia en sus campañas electorales.

En momentos en que se esperaba que el debate político adquiriera una mayor altura y los votantes pudieran tener un mejor conocimiento de las propuestas de los candidatos, la campaña presidencial entró al peor de los mundos: el de la guerra sucia entre dos de los aspirantes favoritos en las encuestas, escenario en el que el único gran perdedor será el país.

No hay manera de que Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga salgan indemnes de la red de desprestigio que han tejido en su afán por enlodar a su principal contendor.

En efecto, ni el episodio de los 12 millones de dólares que habrían sido entregados por uno de los jefes de las bacrim a JJ Rendón, estratega de comunicaciones de la campaña oficialista, ni la vinculación del hacker Andrés Fernando Sepúlveda a las huestes del candidato del Centro Democrático podrán recibir un tratamiento benévolo por parte de la justicia, ni de los medios de comunicación, ni tampoco de los votantes, quienes deberán emplearse a fondo para poder separar los simples chismes de cocina de versiones fundamentadas en pruebas y certezas jurídicas. Sepúlveda, junto con su esposa la actriz Lina Luna, había trabajado con JJ Rendón y con el gobierno de Santos.

El talante camorrista que están mostrando las dos campañas no se compadece del momento histórico que atraviesa el país y que exige de su clase dirigente un mayor decoro y –sobre todo– una mayor transparencia en el manejo de asuntos tan delicados como el ingreso de millones de dólares provenientes de organizaciones mafiosas, así como el supuesto saboteo al proceso de paz, señalamiento que de forma apresurada salió a ventilar el fiscal general Eduardo Montealegre. Ni la renuncia de Rendón, así como de Germán Chica, ex alto consejero de Asuntos Políticos del presidente Santos, ni la de Luis Alfonso Hoyos, “jefe espiritual” de la campaña de Zuluaga, ponen fin a la crisis desatada y, por el contrario, generan más preguntas sobre dos asuntos que resultan tan graves como vergonzosos para uno y otro candidato.

Es por ello que ahora más que nunca se requiere de un sistema judicial poderoso que permita afrontar las investigaciones que se deriven de las aseveraciones de uno y otro bando con el fin de determinar qué es cierto y qué es mentira de todo lo que hasta ahora se ha afirmado.

Ahora más que nunca se requiere de un sistema judicial garantista y eficiente que en el menor tiempo posible ponga fin a la serie de conjeturas que terminaron empañando la actual campaña presidencial y que podrían comprometer la legitimidad de la misma.

La contienda electoral –que había sido señalada como una de las más aburridas de la historia del país– terminó convertida en un campo de batalla en el que todas las armas utilizadas tienen plena validez, incluyendo aquellas que tienen asiento en el Código Penal y que tendrán que dirimirse en los estrados judiciales y no en las urnas, como corresponde a un sistema que se precia de ser democrático. Y ello debe ser así porque la gravedad de los hechos así lo amerita. La justicia tiene, pues, el reto de llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

Las afirmaciones de uno y otro bando son demasiado graves como para creer que la simple dimisión de algunos de los actores involucrados en los hechos pondrá fin a la crisis. Todo lo contrario: cada renuncia viene acompañada de múltiples interrogantes.

En el caso de la campaña del presidente-candidato, el ciudadano del común se pregunta que si Santos conocía de los contactos de JJ Rendón con jefes de las bacrim, ¿por qué razón volvió a contratar sus servicios como asesor de comunicaciones? O si tenía conocimiento de los hechos que fueron denunciados por Daniel Coronell en Semana y por el diario El Espectador, ¿por qué no informó a las autoridades competentes la grave situación?

Y en el caso de Zuluaga el interrogante tiene que ver sobre cómo llegó el hacker Sepúlveda a su campaña y a cumplir qué funciones, porque son graves las afirmaciones del fiscal Montealegre de que este trabajaba en actividades ilícitas encaminadas a sabotear los diálogos de La Habana.

Con los recientes episodios lo que finalmente queda demostrado es lo bajo que ha caído el umbral ético del ejercicio de la política e incluso de los valores familiares, pues ya se ve una campaña utilizando el parentesco del primo del presidente de la República para descalificar a este sobre la base del conocimiento filial.

Unos y otros tienen el deber moral de sacar las campañas del lodazal de agravios en que las han convertido, para llevarlas hacia la promoción de ideas, de banderas y de proyectos de manejo del país, de modo que los electores sepan a quién y por qué eligen a uno de los candidatos o candidatas y no simplemente que los obliguen a tomar partido por el que menos asco les produzca, que parece ser el propósito de los estrategas electorales.

Fiscal general, ¿actor político de la campaña presidencial?

El fiscal general Eduardo Montealegre terminó convertido en un actor más de la política colombiana al poner la Institución que orienta al servicio de una de las campañas presidenciales. El país tiene derecho a preguntarse si el “descubrimiento” de las actividades ilegales de Andrés Fernando Sepúlveda, justo al día siguiente de que la campaña santista enfrentaba el escándalo de los 12 millones de dólares supuestamente recibidos de manos de narcotraficantes por JJ Rendón, es una real y afortunada coincidencia, o una reacción de la Fiscalía en apoyo de la campaña presidencial.

En este orden, el país debe ser informado de cómo obtuvo la Fiscalía la ‘notitia criminis’, como la definen los juristas, desde cuándo la tenía, qué tipo de investigación había hecho y por qué razón el allanamiento se ordenó precisamente ese día y a esa hora. Las anteriores actuaciones del fiscal general, que lo muestran más que como un aliado del Gobierno, como un apéndice del Ejecutivo, son las que permiten hacer esta clase de preguntas. El país no olvida al fiscal marchando por la negociación de La Habana e increpando, desde la vía pública, al procurador general, ni su pelea personal contra la contralora Sandra Morelli por el caso Saludcoop, con respaldo del presidente Santos, ni su toma de partido por el alcalde Petro, ni sus participaciones en los debates electorales de las cortes, al punto de hacer elegir en la Constitucional a una cercana colaboradora suya, y estar a punto de hacerlo en la Suprema con un subalterno suyo en la Sala Penal, con el “invaluable” apoyo de Leonidas Bustos, su nuevo mejor amigo. Todas estas actuaciones son más propias de un político en campaña que de un fiscal general, que pertenece a la Rama Judicial y por tanto no solo debe ser autónomo e independiente, sino dejar que los demás órganos estén libres de su injerencia y de sus apetitos burocráticos.

¿Quiénes ganan con la polarización?

La polarización de la campaña presidencial terminará por ‘moler’ a los demás candidatos, quienes –si siguen sin reaccionar– terminarán por desaparecer en el imaginario de los electores. La polarización entre Santos y Zuluaga terminará afectando a los demás candidatos, concretamente a Enrique Peñalosa, quien ha logrado posicionarse como el aspirante de la tercería, un papel muy similar al que en su momento desempeñó Noemí Sanín en la campaña en la que se enfrentaron Horacio Serpa y Andrés Pastrana. Hay quienes consideran –entre ellos algunos asesores de Peñalosa– que la mejor manera de capitalizar la situación es guardando silencio y esperar que Santos y Zuluaga se “despedacen” y se saquen todos los ‘trapitos al sol’, lo que terminaría por tenderle el tapete del triunfo al exalcalde de Bogotá. Se trata, sin duda, de una apuesta riesgosa, pues su mutismo estratégico lo puede llevar a “desaparecer” ante la polarización Santos-Zuluaga.

Pierde el país y ganan las Farc

Aunque parezca increíble, las grandes ganadoras del triste y lamentable espectáculo que están brindando las campañas oficialista y del Centro Democrático son las Farc, cuyos jefes podrán ahora decir que su discurso contra la clase dirigente nacional tiene hoy mucha más validez que antes. En efecto, la mezquindad con que vienen adelantando la campaña los dos candidatos con mayores posibilidades de triunfo, quienes decidieron anteponer los golpes bajos a las propuestas y los insultos a las ideas, terminará validando el discurso de quienes sostienen que la grave crisis que atraviesa el país tiene su origen en una clase dirigente incapaz de ofrecer reales soluciones a los problemas nacionales y que por esa misma razón se valen de los golpes bajos para alcanzar triunfos electorales.

Las Farc –sin participar directamente en la guerra de insultos de las campañas de Santos y Zuluaga– tendrán a partir de esta campaña mayores argumentos para vender ante la opinión pública su tesis de ‘barajar de nuevo’ a partir de una clase dirigente más comprometida con los verdaderos problemas nacionales y que son precisamente los grandes ausentes de la agenda de los candidatos más opcionados, quienes decidieron apostarle a la diatriba y al insulto en lugar de ofrecer soluciones reales a la agobiante situación que viven millones de colombianos en la actualidad. La bajeza moral que ha alcanzado el debate es de tal peligrosidad que el único mensaje audible que están mandando los altos heliotropos es que todos son tan despreciables y tan ruines que no hay de dónde escoger. Así empezaron en Venezuela y miren dónde van.

El papel de los medios de comunicación

Los medios de comunicación del país están ante el inmenso reto de salir fortalecidos de la actual coyuntura política y para ello es necesario que marquen distancias y fijen linderos a todas y cada una de las campañas presidenciales. No hacerlo implica correr el riesgo de terminar convertidos en simples cajas de resonancia de la campaña del candidato de sus afectos, lo que –sin duda– terminará comprometiendo el único patrimonio con que cuentan: su credibilidad. Es evidente que el interés de los candidatos no es el mismo de los medios de comunicación. Aquellos quieren obtener el triunfo a cualquier costo –como ha quedado demostrado– mientras que la responsabilidad de quienes informan a la opinión pública es buscar la verdad y contarla de la mejor manera posible y sin ningún sesgo partidista o ideológico.

La obligación de los medios es ofrecerles garantías a todos los candidatos de manera tal que al final sean los votantes quienes de forma libre y voluntaria puedan elegir al candidato o candidata que logró persuadirlos. El llamado es también a los protagonistas políticos para que respeten la autonomía e independencia de los medios de comunicación y entiendan que el mejor servicio que ellos pueden prestar en la actual campaña presidencial es ofrecer un cubrimiento transparente de la contienda.
@leydelmontes

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