¿Montealegre es el Fiscal de quién?

Por Eduardo Mackenzie

Tres preguntas. ¿Desde cuándo las comunicaciones clandestinas de las Farc son un secreto de Estado? ¿Desde cuándo las Farc son un Estado? ¿Desde cuándo las Farc hacen parte del Estado colombiano? Esos interrogantes emanan de las recientes declaraciones del Fiscal General a una radio colombiana en las que él trata de explicar porqué el domicilio y la oficina del ingeniero informático Andrés Fernando Sepúlveda Ardila fueron brutalmente allanados por 30 agentes del CPI, el 5 de mayo de 2014.

En declaraciones a Caracol Radio, 32 horas después de la detención de Sepúlveda y de la incautación de sus computadores y demás material informático, el Fiscal General acusó al ingeniero y especialista en marketing electoral de “interferir el proceso de paz”, por haber “interceptado correos electrónicos” de varios jefes de las Farc, los unos en La Habana, como alias Iván Márquez, y los otros, como los de alias Timochenko, jefe supremo de la banda narco terrorista, en no se sabe qué lugar. Por eso, dijo Montealegre, “se le va a imputar [a Sepúlveda] el delito de espionaje” porque él “estaba obteniendo indebidamente secretos de Estado”.

En esa entrevista, el Fiscal repitió dos veces la frase: “él [Sepúlveda] va a ser imputado por el delito de espionaje”. En otras palabras, a la misma hora (si no fue antes) que un juez de la República realizaba la audiencia para legalizar la captura de Sepúlveda, y antes de que ese u otro juez hubiera podido valorar las “pruebas” que el CTI dice haber encontrado en los dos lugares allanados –convertidos por la magia de las palabras de Eduardo Montealegre en “salas de interceptaciones”–, el Fiscal Montealegre ya había condenado al detenido. Ese abuso de procedimiento cometido por el Fiscal General va a tener necesariamente un fuerte impacto dentro del proceso que sigue. En un Estado de derecho ese tipo de arbitrariedad desemboca en la anulación del proceso.

Al hablar a Caracol, Montealegre no empleó siquiera la expresión “presuntas intercepciones” o “presuntos delitos”. El presentó al ingeniero como un delincuente acabado que, además, había cometido otro gran crimen: el de tener un “sesgo ideológico” contra el “proceso de paz”.

El ingeniero fue satanizado ante los medios sin que pudiera defenderse. Fue recluido en el “bunker” de la Fiscalía y presentado ante la juez 49 de garantías pero “a puerta cerrada”, para que no pudiera hablar a la prensa, pues se trata, según Montealegre, de un individuo de la más alta peligrosidad pues es un “espía” que conoce “secretos de Estado” que pueden poner en peligro “la vida de muchas personas que están metidas (sic) en este proceso de negociación en La Habana”. Sin embargo, hasta la víspera, Andrés Sepúlveda era un hombre respetado y respetable. El experto en desarrollo web y seguridad informática había trabajado con la presidencia de la República de Colombia, bajo Santos, y en las campañas del ex presidente Álvaro Uribe (2006) y en la de Juan Manuel Santos (2010) y hasta en la de un candidato que ganó la presidencia de México, Enrique Peña Nieto. También ha trabajado en Venezuela y Honduras. Al momento de set detenido, Sepúlveda trabajaba con la campaña de Oscar Iván Zuluaga, candidato del partido de oposición Centro Democrático.

La ley obliga al Fiscal General a ser el primero en respetar la presunción de inocencia de los ciudadanos. No obstante, Montealegre pateó ese principio de derecho. Abrumó a un acusado, lo declaró “espía”, sin tener ni exhibir prueba alguna de eso, y no lo envió a un centro de reclusión. Había que mostrarlo como un monstruo para que el escándalo cuajara y golpeara, con la ayuda de cierta prensa, a Oscar Iván Zuluaga, y ahogara, de paso, el escándalo destapado horas antes por las revelaciones de que el principal asesor de la actual campaña del presidente-candidato Juan Manuel Santos había estado en andanzas secretas con traficantes de drogas y paramilitares y hasta recibido de ellos la suma de 12 millones de dólares para que ambientara unas negociaciones con el actual gobierno (que nunca comenzaron).

Ante lo de JJ Rendón, Montealegre reaccionó con parsimonia. JJ Rendón no fue detenido y todo el asunto depende ahora, según explicó Montealegre, de que un jefe de los Combas, encarcelado en Estados Unidos, “confirme o no” las acusaciones. No se sabe cuando ese preso podrá ser interrogado. ¡Qué contraste con la actuación precipitada y con la satanización de Sepúlveda!

Montealegre inventó el cuento (hasta el momento no hay ninguna prueba que permita creerle) que Sepúlveda estaba robando “secretos de Estado” de las Farc. La detención del ingeniero obedece a que interceptó correos electroncitos de jefes de las Farc, no del presidente Santos. Pues ante esto último Montealegre confirmó que no sabe nada, que son meras “hipótesis de trabajo” y “posibilidades”. Es decir, no hay ningún hecho que confirme que Sepúlveda interceptó mensajes de JM Santos.

Conclusión: lo que desató el furioso allanamiento y la destrucción de la oficina del ingeniero informático fue el hecho de que él trataba de saber qué están planeando las Farc desde sus guaridas y desde La Habana.

Luego surge la pregunta: ¿Por qué Montealegre considera los correos electrónicos de los jefes de las Farc como “secreto de Estado”? ¿Por qué el Estado colombiano, a través del Fiscal General, trata de proteger las informaciones de una banda narco terrorista que está en guerra contra el Estado y contra la sociedad colombiana? ¿Por estar en diálogos de paz? Pero esos “diálogos” no han hecho sino aumentar la ferocidad de las Farc.

El fiscal pide “sigilo” con lo que se complota en La Habana contra todos los colombianos. Lo que están tramando allá los terroristas debe ser algo muy grave pues el Fiscal dice que “de llegar a ser públicos pueden llevar al traste las negociaciones”. ¿Llevar al traste las negociaciones? Si lo que están pactando es tan bueno para la democracia, para las libertades y para la prosperidad de Colombia ¿por qué saberlo tendría tan terribles efectos?

No, quien debe explicar muchas cosas sobre este obscuro episodio es el Fiscal General Montealegre.

El funcionario dejó ver que actúa con criterio político, que es capaz de favorecer a una campaña presidencial, la de Santos, obrando con toda prudencia ante el escándalo de JJ Rendón, y obrando con precipitud y violencia en el caso de Sepúlveda.

Cuando se dió cuenta de que jamás podría probar que la campaña de Oscar Iván Zuluaga había “comprado” informaciones “ilegales” sobre el proceso de paz, Montealegre echó máquina atrás y afirmó, en tono de perdonavidas: “Aún no hay evidencias entre actividades ilegales y la campaña de Zuluaga”. Ese “aún” quiere decir que él tratará de mostrar algo al respecto. Esa es la pretendida “neutralidad” de Montealegre ante el candidato uribista.

El Fiscal General dice que Sepúlveda fue capturado pues fue encontrado en “estado de flagrancia”. Eso también es improbable. Sólo hasta dentro de dos semanas los técnicos de la Fiscalía podrán saber si el acusado había obtenido información ilícita, pues sus archivos informáticos estaban “encriptados”, según Montealegre. Luego ni el Fiscal General, ni los agentes del CTI, pudieron ver si lo que estaba haciendo el detenido en su oficina, al momento del allanamiento, era ilegal. El ingeniero estaba trabajando en su computador. Eso no es un delito. Su detención y encarcelamiento fueron actos arbitrarios. Esa detención y lo que ha seguido, muestra un odio profundo, no un interés en averiguar la verdad.

El Fiscal tampoco ha probado que Sepúlveda desarrollaba “actividades ilícitas”. No ha probado que el tuvo acceso a “correos electrónicos” sobre lo que se dice en la mesa de La Habana. El Fiscal no ha probado que Sepúlveda controla un “mercado negro de información”. Dijo: “nosotros ya tenemos establecido” (¿quién es ese “nosotros”?) que Sepúlveda ha vendido información “por varios cientos de millones de pesos”. ¿Pero donde están las pruebas de eso? El Fiscal lo supone. Eso es todo. No tiene certeza de nada. Lo supone porque la oficina de Sepúlveda estaba bien ubicada y bien equipada. Una deducción no es un hecho.

La prensa sin haber visto una sola prueba de nada, se sintonizó con Montealegre de la manera más dócil y abyecta. Montealegre habla y lanza acusaciones sin más y todos tragan entero. Así es como una democracia puede derrumbarse. Montealegre no ha siquiera intentado probar nada. Le basta con lanzar unas frases a unos periodistas complacientes dispuestos a quedar bien con él y a no exigirle detalles de nada. Esos periodistas llegaron, incluso, a preguntarle por qué no había ido más lejos, por qué no había detenido a otras personas, como la esposa del ingeniero, y por qué no agrava las penas y crea otro tipo penal para reprimir el derecho de expresión y obstruir, como en las dictaduras comunistas, o como en el Irán fundamentalista, la libertad y el acto de poder investigar y reunir información mediante internet. Tales actos son sancionados en esos países con la cárcel o la muerte. Colombia ya empezó a imitarlos en eso.

Un ciudadano ha sido privado de la libertad y transformado en enemigo público número uno por tratar de saber qué están planeando las Farc contra Colombia. Ese ciudadano ha sido abrumado con acusaciones infamantes, sin que se haya podido defender ante los medios. Es la tortura moral. Como van las cosas el abogado que lo defiende será acusado de algo, para que abandone a su defendido. Como en Venezuela. ¿A dónde va Colombia?

Imputarle el delito de “espionaje” a alguien que trata, si es cierto, de saber qué preparan las Farc contra Colombia en La Habana, es obrar como un agente extranjero, como un policía de Cuba, no de Colombia.

Ante el secretismo y los embustes sórdidos y sofisticados que entre las Farc y el gobierno preparan para desorientar a la opinión sobre las capitulaciones de La Habana, es un derecho y un deber de todo ciudadano libre tratar de saber qué está pasando en esa mesa. Si bien es cierto que es un delito interceptar correos electrónicos de las personas, de los funcionarios y hasta del presidente Santos, lo mismo no se puede predicar de los correos de un movimiento terrorista que comete atrocidades todos los días contra los colombianos. Allí no hay “secreto de Estado” que valga. Desde La Habana las Farc han ordenado cometer atentados en Colombia. ¿Por qué la información de esos criminales debe ser protegida? No es Montealegre uno de los que dicen que las acciones del hacker Julian Assange eran legitimas? ¿Si es legítimo hackear los correos del Ejército y de la diplomacia norteamericana, por qué es ilegitimo hackear los correos de las Farc? Y qué dice Montealegre de la actividad de Edward Snowden, quien reveló documentos secretos del gobierno norteamericano? Si el Fiscal pretende que la información de las Farc es un secreto de Estado es porque ya integró en el Estado al estado mayor de las Farc. Si ello es así que nos explique cuando y cómo se dió esa escalofriante operación.

Montealegre es coherente consigo mismo (pero no con Colombia) pues él ha dicho que los crímenes de guerra cometidos por los jefes y miembros de las Farc deben ser indultados o amnistiados para que se pueda firmar la paz. Por eso, debemos suponerlo, los correos electrónicos de las Farc deben ser protegidos y quien los interfiera debe ir a la cárcel, como le ocurre a Andrés Sepúlveda. Quien dice eso no es alias Timochenko, sino el propio Fiscal General de la Nación. En esos abismos estamos ahora en Colombia.

El alto funcionario judicial dijo con cinismo glacial que Sepúlveda se auto acusó de controlar un “mercado negro” de la información: que él supo eso “a partir de las conversaciones con Andrés Fernando Sepúlveda”. Tal acusación fue rechazada por el abogado de Sepúlveda. Bernardo Alzate aseguró, además, que su defendido no tiene previsto aceptar los cargos que le imputa la Fiscalía.

El Fiscal se queja de que Sepúlveda también trató de interceptar correos electrónicos de una persona “defensora de derechos humanos, la ex senadora Piedad Córdoba”. Esa persona, hay que recordarlo, fue destituida por la Procuraduría por sus vínculos con las Farc. ¿Cómo puede el Fiscal General llamar a esa persona “defensora de derechos humanos”? Montealegre agregó que Sepúlveda “tenía gran parte de la base de datos de los desmovilizados de la guerrilla”. ¿Dónde está la prueba de eso?

Montealegre estima que se trata de “correos que donde se hubieran sido expuestos en su momento hubieran puesto en riesgo este proceso de paz, que es una misión constitucional”, pues la paz, según él “es un derecho y un deber que trae (sic) la Constitución colombiana y un deber que le impone a todas las instituciones”.

Yo no conozco a Andrés Sepúlveda, ni he visto sus trabajos ni sus “trinos” (twitters), que tanto le molestan a Santos y a Montealegre. No sé si el ingeniero es un “hacker” o si ha interceptado correos de alguien. Lo que digo es que Eduardo Montealegre debe probar públicamente lo que dice.

Montealegre utilizó en su charla con Caracol las fórmulas que todo buen periodista detesta: “tal parece”, “fuente confiable”. Con ese “tal parece” el fiscal lanzó a la cara de todos los ciudadanos el cuento de que el “hacker” recibió “100 millones de pesos por datos”. ¿Donde están las pruebas de eso? Un Fiscal no puede acusar a nadie de esa manera. El Fiscal debe tener pruebas, antes de hablar. No conseguirlas después de haber hablado. Pretender que le creamos lo que dice por el solo hecho de que él lo dice, es mucho pedir.

Lo que hay hasta ahora es la detención de un ciudadano que utilizaba el ciberespacio y el Twitter para expresar su repudio a la política de Santos. ¿Eso es un delito? Sólo en una dictadura puede serlo. Hace unos días, otros aprendices de brujo la emprendieron contra la representante electa uribista María Fernanda Cabal por haber escrito un Twitter. Eso prueba que estamos ante una ofensiva feroz del gobierno y del santismo contra la libertad de expresión.

Detienen a un twitero y le acomodan una serie de cargos. ¿Y cuál es su pecado? Tener un “sesgo ideológico contra el proceso de paz”. La próxima fase de la ofensiva del Fiscal tendrá que ser la detención masiva de los millones de colombianos que tienen ese mismo “sesgo”.

Lo que acaba de ocurrir muestra una cosa: que en Colombia estamos ante una justicia stalinista, que arrojó al erial el Derechos y las garantías del Derecho “burgués” para poder comenzar una caza de brujas de “enemigos del pueblo”: quien tenga un “sesgo ideológico” contra el mandatario de turno, o contra las Farc o contra el llamado “proceso de paz”, puede ser enviado a la cárcel y verse transformado, de la noche a la mañana, de “insecto dañino”, como llamaba Lenin a sus enemigos en 1918. Eso es posible, como acabamos de verlo, pues hay una prensa cortesana e irresponsable que ni quiere ni puede exigirles a los funcionarios de la dictadura en formación que justifiquen lo que dicen y que respeten las exigencias y la ética del periodismo.

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