¡Cuando los cables se cruzan!  

Por: Uriel Ortiz Soto (*)

En un hermoso país llamado Colombia, ubicado en el planeta tierra, ocurren las cosas más inverosímiles del universo: funcionan tantos órganos de control, cuantas dependencias oficiales del nivel nacional, departamental y municipal, existen.

Pero, para peor desgracia, el monstruo de la corrupción tiene tanto poder, que extiende sus tentáculos a la mayor parte de entidades de la administración pública, es decir, que existe mas Estado de corrupción, que Estado de Derecho.

Como una muestra de lo que está pasando, no sabemos qué órgano es el encargado de supervigilar los dineros del Estado: si la Contraloría General de la República o la Auditoría General de la Nación. Con el debate que se ha suscitado en torno al pliego de cargos que le corrió la Auditoría a la Contralora Sandra Morelly, quedamos más despistados que nunca.

Ambos organismos son constitucionalmente válidos, pero, con el gran inconveniente que los cables de control fiscal se están cruzando y produciendo cortos circuitos a diestra y siniestra, que finalmente no  sabemos, quienes son los defraudadores de los dineros del Estado.

Para el caso de la Contralora Sandra Morelly, sus bienes le fueron embargados por la Auditoría General de la Nación, puesto que según este organismo, violó las disposiciones fiscales, al firmar un contrato para cambiar de sede, generándose un interesante debate, sobre si realmente este último organismo que ejerce funciones paralelas a las de la Contraloría, su justifica.

Son varios los conceptos que se escuchan en reuniones y mentideros políticos, sobre si el pliego de cargos contra la Contralora, además de improcedentes, es producto, de una revancha politiquera, que se escuda más allá, de lo que debe ser el control fiscal serio y bien ponderado.

Eso de poner en la picota pública, la majestad del máximo organismo fiscalizador, deja mucho que desear y debido a este menjunje fiscalizador, es que van apareciendo las fisuras por donde se filtran los bichos de la corrupción, para impedir que el organismo competente cumpla con sus funciones.

Los cortos circuitos se suceden cuando los cables de alta tensión se cruzan entre sí, provocando efectos contrarios para los cuales fueron instalados, esto ocurre porque quienes los instalan no tienen la menor idea de cuáles son las funciones de cada uno, y las corrientes eléctricas cogen canales diferentes, causando graves estragos.

Lo anterior para hacer referencia a lo que sucede en nuestro País con los organismos de control, existen tantos, que comparados con los cables de alta tensión, resultan tan nefastos para la Administración Pública, que muchas veces los funcionarios no saben donde están parados para actuar de conformidad con las funciones propias de su cargo, presentándose el fenómeno de dualidad de funciones.

El titulo X, de nuestra constitución política, define muy claramente cuales, son los Organismos de Control en nuestro País: sus funciones específicas, su radio de acción y su aspecto jurisdiccional.

El artículos 267 hace referencia a la Contraloría General de la República, que es el organismo encargado de ejercer el control previo y posterior, sobre la ejecución de los dineros del Estado en cada una de las instancias de la Administración Pública; esto para evitar que los pillos y ladrones de cuello blanco, se roben los dineros del Estado, y que las obras que se realicen estén ajustadas a las disposiciones legales. La máxima autoridad de la Contraloría General de la República está en la Contralora, elegida por el Congreso de la República para un período de cuatro años.

El capítulo 2 del título I de los Organismos de Control, en su artículo 275 y siguientes define que el Ministerio Público, es el encargado de vigilar la conducta de los funcionarios de las tres ramas del Poder del nivel nacional, departamental y municipal y que a la cabeza, está el Procurador General de la Nación, también elegido por el Congreso de la República para un período de cuatro años.

Hasta aquí todo está perfectamente bien, pero sucede que existen unos organismos paralelos que se han inventado los ministerios, y demás organismos de la administración pública y son las llamadas oficinas de control interno, cuyos directores son nombrados por los ministros o gerentes de los respectivos institutos descentralizados, superintendencias; gobernadores y alcaldes.

Aquí es donde está precisamente la sal del cuento, solamente en nuestra desvirolada administración pública se nos ocurre pensar que los directores de control interno, dependan de sus respectivos nominadores. ¿Será sana esta práctica? Considero que no, fuera de que revisando el manual de funciones de cada uno de ellos, todos en su mayoría se rajan, ni siquiera saben para que existen, pero como se trata de hacernos creer que existe una lucha frontal contra la corrupción, entonces hay que sostenerlos a como de lugar, así no cacen un ratón con bocadillo y queso parmesano en la trampa de los hermanos Nule.

Pero viene lo más jocoso, las Asambleas Departamentales, también nombran y administran sus organismos de control: contralor departamental y procurador departamental, con manual de funciones tan pobre, que todas se rajan en la misma forma que las primeras.

Pero sigamos: existen los organismos de control del nivel municipal, en las mismas proporciones elegidos por los concejos municipales, cuyos funcionarios no tienen la menor idea para que fueron nombrados, sin embargo, devengan sus salarios normalmente.

Colocada toda esta escala de atrocidades de los organismos de control en nuestro País, llegamos a la conclusión que deberíamos por lo menos ser los reyes de pureza en la administración pública, lo que lamentablemente es todo un adefesio, la corrupción galopa en nuestro País, más rápido que las olimpiadas de alta velocidad.

Si hacemos un balance de cuantos organismos de control existen a todos los niveles, llegamos a la conclusión que son tantos, que las grandes falencias de la administración pública radican allí, por eso decimos que los cables se cruzan administrativamente cuando el funcionario muchas veces de buena fe, aplica normas que van en contravía de las que realmente deben ser.

Por eso se requiere con urgencia su reestructuración, buena tarea para el próximo Congreso de la República.

 

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