Taxis en Bogotá, nivelando por lo bajo

Cuando los bogotanos parecíamos haber encontrado una solución al desastre que implica conseguir un taxi en Bogotá que nos lleve a donde vamos sin abusar de la velocidad, el volumen de la música y la tarifa. Cuando habíamos encontrado un servicio en carros cómodos y limpios. Con conductores atentos y serviciales. Que llegan a tiempo y escogen la mejor ruta. Cuando creíamos que el sueño de tener un servicio de transporte público decente, el Ministerio de Transporte se encargó de devolvernos a la cruda pesadilla de la realidad.

El Gobierno, que debería velar por el bienestar de la mayoría de ciudadanos, decidió salir presto a proteger el monopolio. Si, les estoy hablando de la rápida, eficiente y eficaz, pero también encarnizada e inexplicable reacción del Ministerio ante las quejas de Don Uldarico Peña, el zar de los taxistas en Bogotá por el auge que ha tomado en la ciudad el uso de UBER, una aplicación para teléfonos inteligentes que nos permite a los usuarios contar con un servicio de alta calidad aunque tenemos que pagar un poco más por él.

Aunque a UBER sólo tenemos acceso quienes tenemos un celular de alta gama y estamos dispuestos a pagar casi el doble por el servicio, Peña no pudo soportar que ese nuevo negocio no esté bajo su control y puso el grito en el cielo alegando todo tipos de argumentos jurídicos y amenazando con paralizar la ciudad si no se atienden sus exigencias.

El Ministerio de Transporte, salió de inmediato a declarar ilegal el uso de la App de UBER, como si la regulación del uso de la tecnología fuera de su resorte y se apresuró a decir que, en aras de proteger la competencia, hay que nivelar el servicio. Pero no obligando a los amarillos a mejorar su oferta, sino a los blancos (los UBER son blancos) a desmejorar el suyo imponiéndoles todo tipo de trabas para encarecer el costo de los carros, las pólizas de los seguros y su sistema de amortización.

Según el Ministerio, los UBER no están obligados a indemnizar a sus pasajeros en caso de accidente y deben cambiar sus pólizas. Los amarillos si lo están, pero nunca lo hacen, entre otras cosas porque nadie los obliga a cumplir la Ley. Los UBER no pagan “cupo”, una especie de licencia que restringe el ingreso de vehículos al servicio público, que deben pagar los amarillos y que va a parar a las empresas como la del señor Peña, y deberían.

Y la última perla es que sólo podrán entrar al negocio si antes “chatarrizan” sus vehículos anteriores. Una figura inexplicable si consideramos que la mayoría de los carros UBER son camionetas de último modelo. ¿Será posible que el Ministerio de Transporte piense por una vez en los usuarios y en lugar de atravesársele a un buen servicio le mete mano de una buena vez a los amarillos y los obliga a prestar un servicio seguro, decente y respetuoso de los pasajeros?

  Share: