Ley de baldíos: ¿Es capaz el Gobierno de sostener los retos de una reforma rural integral?  

Por: María Soledad Betancur Betancur (*)

Bogotá, 14 de Octubre ­_RAM_ El día 3 de octubre de 2014, se presentó de nuevo al Congreso de la República el proyecto de baldíos “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la Ley 160 de 1994”.

Así, el Gobierno de Juan Manuel Santos agiliza los compromisos que hizo con los empresarios en el tema de la Ley de Baldíos para romper las trabas que la Ley 160 de 1994 les pone a sus ambiciones rentistas. En esta –ley 160- el artículo 72 es explícito en plantear que personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional no podrán ser acreedoras a estos terrenos, se supone que son reservados para campesinos que no tienen acceso a la tierra, ni tampoco se podrán acumular terrenos que sobrepasen en extensión las dimensiones ajustadas en la Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

Esta rapidez con que se responde a los empresarios en la Ley de Baldíos para que ordenen el territorio en el formato de “Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE)”, no se compadece con las innumerables trabas que le han puesto al desarrollo y concreción de las Zonas de Reserva Campesina –ZRC, propuestas como mecanismo de freno a la concentración de la tierra y como reconocimiento a los campesinos como sujetos de derecho; esto es con derecho al territorio, con identidad, con dignidad. Estas ZRC reconocidas en la Ley 160 desde 1994, han sido estigmatizadas como territorios de guerra controlados por las FARC y, de igual modo, se ha estigmatizado como guerrilleros a sus voceros y pobladores. Pero se supone que las recientes movilizaciones agrarias y la negociación en La Habana, ponen de nuevo a las zonas de reserva campesina en el campo de las soluciones a la concentración de la tierra y, por tanto, a una de las causas del conflicto armado y social del país.

(*) Directora Observatorio de Derechos Humanos del IPC

 

 

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