Congresito para blindar procesos de paz  

Por: Uriel Ortiz Soto (*)

Con el hermetismo que se desarrolló durante tres días el nuevo derrotero de paz para el 2015, cobra mayor vigencia e importancia la iniciativa del Centro Democrático, de elegir un congresito para que lo supervigile

La propuesta de un congresito para blindar el proceso de paz, es acertada, y viable desde todo punto de vista. Considero que sería una especie de veeduría, para que los colombianos se den cuenta como se está desarrollando el proceso de paz, a través de sus interlocutores elegidos por voto popular.

Partiendo de la premisa que queremos la paz, es saludable buscar mecanismos válidos para hacer algunas aclaraciones de lo acordado en la mesa de negociación, para que los ciudadanos se mantengan informados de lo que se negocia y de los acuerdo a que se está llegando.

El clamor en reuniones sociales y mentideros políticos, es que el proceso de paz, viene desarrollándose a espaldas de la opinión pública, razón por la cual se ha perdido la confianza, por lo tanto es indispensable retomarla agotando uno de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en el artículo 103 de la Constitución del 91.

La propuesta que al finalizar el 2014 hizo el expresidente y senador Alvaro Uribe Velez, de elegir un congresito con miras a blindar el proceso de paz, es totalmente válida, esto permitiría a los colombianos retomar plena confianza en las negociaciones, puesto que a decir verdad, sobre los temas que se han acordado no hay nada claro, ni tampoco se ha dicho la última palabra.

La descalificación que de esta propuesta están haciendo algunos dirigentes políticos afectos al presidente Santos, como lo expuesto por el expresidente de la Cámara, doctor Penagos, me parece en cierta forma irresponsable y salida de tono, puesto que lo que se está proponiendo en la sana lógica, no es más que blindar el proceso de paz de algunas animadversiones y malos entendidos, que al final de las negociaciones pueden convertirse en el peor de los obstáculos para avanzar.

Es muy importante que el pueblo se constituya a través del congresito en una especie de veedor para que además de supervigilar los acuerdos entre las partes, reciba sugerencias de los colombianos y una vez analizadas, sean llevadas a la mesa de negociación para su discusión y fines pertinentes.

El País no puede continuar asistiendo como convidado de piedra a la firma de un acuerdo de paz con el grupo guerrilero de las Farc, que por más de sesenta años ha sembrado nuestros campos de tumbas y calvarios, produciendo como consecuencia lógica más de seis millones de desplazados, además practicando todo tipo de oprobios contra la población civil, como: la violación de miles de campesinas, voladura de infraestructuras, secuestro de menores de 18 años, extorsiones, pescas milagrosas y masacres colectivas, especialmente en las áreas rurales.

El País también tiene derecho a saber, que va a pasar con la inmensa riqueza que atesora la Farc, en el interior y el exterior, producto de sus acciones criminales, pero muy especialmente del comercio del narcotráfico, secuestros y extorsiones, y donde se recaudan inmensas sumas de dinero por el derecho a la siembra, industrialización y comercialización de todo tipo de drogas ilícitas.

El País también tiene derecho a saber que va a pasar con los miles de predios de humildes familias campesinas, que una día o una noche los tuvieron que abandonar bajo el terror de ser también masacrados como lo fueron varios de sus moradores vecinos, y que finalmente todo se ha quedado en el silencio sepulcral de los anaqueles polvorientos de la justicia, donde son comidilla fácil de: abogados, jueces y magistrados corruptos.

El País también tiene derecho a saber que va a pasar con la minería, que detrás de su ilegalidad decretada por el Gobierno, para unos casos, pero para otros no, se esconden toda una cadena de negociados entre las multinacionales y frentes guerrilleros de las Farc, aún violando las más elementales normas medioambientales.

Es inaudito que a los mineros: mazamorreros, barequeros y ancestrales, con más de cincuenta años en sus predios, sean perseguidos, encarcelados, sus pocas herramientas de trabajo confiscadas, cuando las multinacionales tienen todo el horizonte abierto para hacer y deshacer a su antojo.

El País también tiene derecho a saber que va a pasar con los proyectos posconflicto, de los cuales se ha hablado tanto, pero que no obstante lo avanzado del proceso de paz,- a pesar de sus incongruencias-, aún no se conocen su estructura y formulación por ninguna parte, no olvidemos que en lo que respeta al sector agropecuario, estos proyectos para que funcionen deben estar encadenados con sus respectivos nueve eslabones y a su vez conectados con las diferentes alianzas estratégicas.

Debemos aceptar que el sector agropecuario es el mejor aliado para el proceso de paz, sin embargo, es bien preocupante, que el recurso humano frente a cada uno de los procesos de desarrollo convenidos en el acuerdo de paz a la fecha, ni siquiera estén enunciados, para hacerlo se requiere: definir el mapa productivo de cada una de las regiones donde se va a proponer el proyecto posconflicto, pero con la regulación específica del recurso humano para cada caso en particular.

Estos y muchos otros interrogantes se podrían citar como razones fundamentales para que el Gobierno, ponga a consideración el congresito, pero, lo más importante que esté integrado por ciudadanos que conozcan cómo viene avanzado el proceso de paz desde un comienzo, y tengan una visión clara de lo que va a ser la etapa posconflicto, puesto que lo considero la parte fundamental, para que los colombianos podamos tener una paz duradera y sin tropiezos.

De aceptarse la propuesta del Senador Uribe, podría interpretarse como la sana contribución del Partido Centro Democrático al procese de paz.

 

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