Banco popular: cronograma de una estafa (III parte)

Por: Uriel Ortiz Soto (*)

“La Justicia cojea pero llega”, no existe peor vergüenza para una entidad bancaria, como en el caso del Banco Popular, acaba de ser condenado junto con varios de sus funcionarios por hechos de corrupción, esperamos la Fiscalía y demás organismos competentes apliquen todo el rigor de la Ley.

Cuando, quienes, han sido víctimas de una injusticia, son resarcidos mediante sentencia judicial de última instancia, es como si hubiesen regresado de un secuestro: social, económico, comercial, moral y sicológico. El secuestro al cual voy a referirme duró 15 años, y su sitio de reclusión fue la conciencia de varios funcionarios corruptos, que en complicidad con el Banco Popular, se amangualaron con jueces, magistrados, abogados y auxiliares de la Justicia de la misma calaña.

Es reconfortante abrir el tercer capítulo de lo que inicialmente llamamos a través de esta columna: Banpopular cronograma de una estafa, calificados como  delitos de: Fraude Procesal, estafa Agravada y Concierto para Delinquir, donde aparecen incursos funcionarios, y la misma entidad financiera; pero, que gracias a sentencia de última instancia, los responsables acaban de ser condenados a pagar las indemnizaciones de Ley, a una familia que vivió plenamente el secuestro: social, económico, comercial, moral y sicológico, gracias a las trapisondas torticeras de nuestra justicia casquivana y corrupta, que se amangualó con tan poderosa entidad bancaria, para someter durante 15 años, a quienes actuando de buena fe, cayeron en sus garras, al solicitar un  crédito bancario con fines empresariales-,  que a la postre se les convirtió en el peor drama de sus vidas.

Después de 15 años de  estar secuestrados en las condiciones anteriormente descritas, la familia: del mayor general (R) del Ejército, Marino Gutierrez Isaza, fue liberada, gracias al fallo de tutela: proferido a su favor por la Corte Suprema de Justicia,- Sala de Casación Penal-, en Sentencia de última instancia: SP-2638 de marzo 11 / 2015.

Sus apartamentos les fueron embargados y secuestrados, lo mismo que las cuentas bancarias, y reportados a las centrales de riesgo como personas nada recomendables para adquirir créditos y contraer obligaciones,  todo por culpa  de  funcionarios corruptos del Banco Popular, que actuando con la permisibilidad de la institución Bancaria, no tuvieron el menor pundonor y delicadeza, para subsanar tan aberrante adefesio cometido en tan largo tiempo, no obstante las continuas súplicas de la familia Gutierrez Isaza.

Fueron varias las visitas, que hicieron al secretario general: Orlando Lemus Gonzales, y al actual gerente general Carlos Upegui, quiénes, a sabiendas que se estaba cometiendo tamaña injusticia, no se atrevieron llevar a remate los apartamentos embargados, puesto que preveían lo que se les podría venir encima en un fallo adverso, como efectivamente ocurrió el pasado 11 de marzo/2015.

Ante las reiteradas denuncias hechas por este columnista sobre abusos del sector financiero en el caso de deudores hipotecarios: UPC/UVR, la familia Gutiérrez, se puso en contacto y analizando el acerbo probatorio de documentos que no admiten la mas mínima duda, se llegó, a la conclusión que se estaba frente a una estafa técnica agravada, con falsedad de documentos y asociación para delinquir, orquestada por los funcionarios del Banco Popular: Orlando Lemus Gonzalez, Secretario General; Rómulo Orjuela; Marco Fidel Urbano Franco, gerente regional, y Myriam Ramirez Peña, gerente de la sucursal de la carrera 8º  con calle 14; para la época de los hechos.

Los pagarés firmados por la familia Gutierrez para garantizar el pago del crédito fueron cambiados y adulterados; para corroborar esto, el Mayor General (R) Marino Gutierrez, los hizo analizar del mejor grafólogo forense de País, quién dictaminó que los pagarés materia de la presente demanda: “Son Falsos por adicción”, en la misma dirección se pronunció el grafólogo forense auxiliar de la Justicia nombrado por el Juez 25 Civil del Circuito, dejando constancia de la nula colaboración que le prestó el Banco Popular para cumplir su labor.

Pero lo más denigrante de todo, es que las diferentes instancias judiciales: Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,  por donde se movió el proceso, hicieron caso omiso de los documentos falsos que se presentaron,- pagarés adulterados y con firmas falsificadas-, absolviendo a los responsables en primera y segunda instancia.

Ante tamaña injusticia y acosado por la entidad Bancaria, el Mayor General  (R) Marino Gutierrez, presentó una Acción de Tutela, ante la Corte Suprema de Justicia, – Sala de Casación Penal-, invocando la violación al debido proceso, alegando que con absoluta seguridad contra él y su familia se estaba cometiendo todo un atropello, fue así, como procedió a radicarla, la cual fue admitida sin ninguna objeción por parte de la Secretaría de la Sala de Casación Penal.

Meses después la Procuradora Delegada para la Casación Penal, rindió concepto favorable sobre el caso, es decir, desvirtuando todos los argumentos mentirosos y marrulleros sobre los cuales se fundamentó el Juzgado 25 Civil del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para condenar a la familia: Gutierrez Isaza y otros, concepto que fue acogido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el pasado 11 de Marzo del año en curso, Según Sentencia: SP2638/2015.

Los medios de comunicación estaremos muy pendientes, haciéndole seguimiento a este caso tan vergonzoso, donde aparece implicada una de las entidades crediticias más importantes del País,  pero, que lamentablemente pareciera que actuara como rueda suelta, sin ningún control y vigilancia, puesto que este caso fue puesto también en conocimiento del Superintendente Financiero, quién días después de radicada la queja, salió con  una respuesta tan banal y vergonzosa que no amerita siquiera mencionarla.

Esperamos que los daños y perjuicios sean reparados, con todo el rigor de la sentencia, con el fin de sentar un precedente en el sentido, que las instituciones financieras en lo sucesivo deben cuidarse, y no creerse tan omnipotentes, puesto que lo que acaba de ocurrir con este fallo, es  también la tragedia de los millones de Colombianos que en los actuales momentos se encuentran en iguales o peores circunstancias, ya que sus viviendas están a punto de ser rematadas por la acción de los carteles de remate: UPAC/UVR, que se inventan liquidaciones fraudulentas, utilizando pruebas falsas, con adulteración de pagarés, y otros documentos, para  mediante un proceso temerario poderlos despojar de sus viviendas, como en su momento lo pretendió hacer el Banco Popular con la familia Gutierrez Isaza.

 

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