Planes de desarrollo y veedurías ciudadanas

Por: Uriel Ortiz Soto (*)

Las Veedurías ciudadanas están reglamentadas por la Ley 850 de noviembre de 2003 y se definen como organizaciones sin ánimo de lucro, conformadas por un grupo de ciudadanos que pretenden hacer seguimiento a las gestiones de la administración pública dentro de su municipio, pero muy especialmente a los presupuestos asignados para obras de infraestructura y desarrollo.

Pero, también la Ley las faculta para que ejerzan como grupo de presión ante los demás organismos municipales especialmente las personerías donde muchas veces sus agentes devengan pero no cumplen sus funciones como representantes del Ministerio Público; así mismo, pueden hacer seguimiento a otras actividades: en educación, seguridad y demás decisiones administrativas que toman los alcaldes por complacencias políticas o simples caprichos.

Desde luego, que deben ser organizaciones dotadas de estatutos, personería jurídica, junta directiva y con un representante legal, que en lo posible sea persona lejos de mundanal ruido político y con reconocida solvencia moral y honorabilidad a toda prueba, lo suficientemente versada en los  intríngulis de la Administración Pública.

Son muchas las obras que se desperdician, no se realizan ó los dineros se esfuman, puesto que no existe doliente que haga cumplir los contratos celebrados con las administraciones municipales, cuantas veces los ciudadanos no se dan cuenta de los derechos y deberes que tienen frente a los procesos de desarrollo de su entorno, puesto que no existe una organización que los motive para que en un momento dado los hagan valer.

Ante tanta corrupción que invade la Administración Pública en todos los órdenes, y la ineficacia de las contralorías: Nacional, Regionales y Municipales, lo más aconsejable es que se creen y fortalezcan los organismos de veedurías ciudadanas, con el fin de que hagan seguimiento a cada uno de los presupuestos apropiados por el Gobierno Central para sus Regiones, pero especialmente a través de del: Plan Nacional de Desarrollo.

Cuando las comunidades no se involucran en la discusión y final aprobación de los planes y programas de desarrollo, es porque han perdido el sentido de pertenencia de sus regiones y esta la razón para que se de origen a los llamados: elefantes blancos, obras inconclusas o de mala calidad, cuando no es que los presupuestos que se asignan, se esfuman y van a parar a los bolsillos de funcionarios y politiqueros deshonestos, puesto que al no tener dolientes, son presa fácil de los chanchullos, robos y peculados.

Siempre hemos insistido que si queremos derrotar la corrupción que tanto daño nos está causando en todos los niveles de la administración pública, las veedurías ciudadanas deben existir obligatoriamente  en cada una de la regiones y municipios de Colombia, con el único fin de hacer seguimiento a los dineros que han sido apropiados por el Gobierno Nacional para obras de infraestructura y desarrollo.

Muchos se preguntarán que para eso están los Organismos de Control, la respuesta es sumamente clara: Especialmente las Contralorías, han demostrado su total ineficiencia, no se justifica, que un organismo con miles de funcionarios y delegaciones en la mayoría de las regiones y municipios del País, a costos elevadísimos para el Contribuyente, se haya dejado acorralar de la corrupción en forma tan vergonzosa, no existe entidad del Estado que no esté permeada por el fenómeno de la corrupción.

Soy de los que cree que  las contralorías, deben reestructurarse o en lo que sea posible acabarlas con el fin de trasladar el control fiscal a organismos particulares y de paso fortalecer las veedurías ciudadanas, que cuando actúan en defensa de intereses regionales y municipales, lo hacen bien.

Se han presentado casos en algunos municipios donde las veedurías ciudadanas ejercen un control tan eficiente, que amerita ponerlas como ejemplo para demostrar a las contralorías que son entes totalmente politizados, que su función es tan pobre, que no amerita que continúen desempeñando una gestión tan deficiente a costos demasiadamente altos.

Para que un Plan de Desarrollo: Nacional, Regional o Municipal, quede lo suficientemente bien estructurado, debe hacerse con las respetivas comunidades, o sectores de la producción, aplicando el mecanismos de Participación Ciudadana, consulta popular, consagrados en el Artículos 103 de la Constitución Política, tarea que desde luego debe corresponder a las veedurías ciudadanas.

No hacer está convocatoria es dejar los presupuestos asignados por el Ejecutivo, a la deriva, para que finalmente se conviertan en el festín de funcionarios y políticos corruptos, si hacemos un inventario de obras que han fracasado por falta de acción de las comunidades, encontramos miles y miles de obras inconclusas, pero, lo más grave, es que los responsable no se ven por ninguna parte, o como premio reciben un cargo en el alto gobierno.

Lamentablemente el Plan Nacional de Desarrollo que hace unos días presentó el Gobierno al Congreso para su aprobación, adolece de una serie fallas que no se compadece con lo que se nos viene en el inmediato futuro con la firma del Acuerdo de Paz, que todo parece indicar que está en sus últimos hervores.

Para cada caso específico se requiere un plan de desarrollo, especialmente para la población desplazada y reinsertada y quienes fueron despojados de sus predios por los grupos guerrilleros y demás organizaciones que operan al margen de Ley.

La pregunta del millón que deben hacerse quienes están manejando la etapa Posconflicto, es ¿si existen los presupuestos apropiados para cada caso en particular?, no olvidemos que los Organismos de Control, no pueden extralimitarse en avalar presupuestos extras que no hayan sido aprobados por el Legislador, puesto que, estarían incurriendo en el delito de peculado.

Todos los días se escuchan diferentes sectores de la producción y sociales, quejándose que no fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, razón por la cual valdría la pena que mientras el proyecto hace trámite ante el Congreso de la República hagan valer sus derechos, a través de los Parlamentarios de sus respectivas regiones.

 

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