Impunidad

Por Lola Portela.–
En días pasados, se conmemoraron 26 años del asesinato de Luis Carlos Galán, 16 años del de Jaime Garzón, 21 años del de Andrés Escobar; en noviembre hará 20 años que fue asesinado el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. A estos homicidios se agregan muchos otros “mártires” que, desde la muerte de Galán, hacen parte del registro de impunidad que mi memoria histórica y periodística registra a partir de mi retorno a esta patria amada: Colombia.
Pero además de la muerte de estas personalidades, miles de colombianos recuerdan, cada mes y cada año, el asesinato de alguno de sus familiares o allegados. Asesinatos que no tienen la resonancia nacional de los que se conmemoran periódicamente. Muchos de ellos, sin embargo, comparten el hecho, no sólo triste sino vergonzoso, de que son crímenes que han quedado en la más completa IMPUNIDAD.
Mediante una conversación familiar, frente al asesinato impune de un joven de 22 años, uno más de los atropellados sin doliente en nuestro país, una tragedia simple para muchos, pero muy dolida y lamentable para quienes hoy lo lloran: sus padres, amigos y allegados. Anoche pude verificar y comprobar el daño familiar y social que la impunidad causa. Lo cual me obliga a seguir luchando por un cambio verdadero desde todas las instancias. Porque veo que cada día somos más conformistas. Y es que ya se volvió costumbre, cuando sucede el hecho, escuchar el anuncio, siempre repetido, de los gobernantes o funcionarios de turno, que aseguran “adelantar las más exhaustivas investigaciones y castigar ejemplarmente a los culpables”, pero nunca se han llevado estas palabras a la realidad. Por el contrario, cuando se acercan fechas como las anteriores, y únicamente en estos casos extraordinarios, lo único que sucede es que se diseñan mecanismos tendientes a impedir que prescriban las acciones penales por los atroces delitos cometidos.
En Colombia las causas de la impunidad son muchas, no puede desconocerse el papel predominante que han jugado los dineros del narcotráfico en la corrupción del sistema judicial y de los organismos de seguridad del Estado. Desde la época en la que Pablo Escobar y Rodríguez Gacha intentaron doblegar al Estado y a la sociedad a través de sus ejércitos de sicarios y de millonarios sobornos, esta mezcla de intimidación y corrupción se ha convertido en una práctica habitual utilizada por todos los grupos al margen de la ley. Y aún por los que se visten impecablemente, y que coloquialmente son llamados “de cuello blanco”, pero cuya conciencia es tan negra que difícilmente retomarían el BLANCO DE JUSTICIA, que es el de la paz.
Esto significa que muchos delincuentes confían en que sus actos no acarrearán ninguna sanción, y otros en que podrán “comprar” una decisión judicial favorable.
Y aun cuando la infiltración de las mafias en la política es objeto de extensas denuncias y continuos debates, la forma como ha incidido sobre la administración de justicia no recibe igual atención; sus consecuencias, sin embargo, son igualmente graves y quizás, a largo plazo, aún peores. Por ahora, podemos ver una sociedad conformemente dolida, indiferente, sin esperanza, sin confianza en los estamentos legales. Y esto conlleva a no denunciar, a la falta de solidaridad, al desinterés político, pues el decir del común es: aquí nada pasa.
Las cifras de la impunidad en Colombia son aterradoras; esta se ha mantenido en un porcentaje cercano o superior al 90 por ciento. Sólo 20 de cada 100 delitos se denuncian, y de éstos 14 prescriben. En estas condiciones, resulta sorprendente que alguien se moleste en denunciar. En muchos casos, la denuncia pone en riesgo la integridad física de quien la interpone, y la probabilidad de que lleve a la captura y condena del delincuente es más que remota. Si a esto se agregan los enormes problemas atinentes al acceso a la justicia, el atraso judicial y la demora en los procesos, la idea de una justicia “pronta y cumplida” parece ser un mito en el que ya pocos creen. Colombia patria querida cómo me dueles.
Como si fuera poco son interminables las reformas del sistema judicial, que al parecer han surtido poco efecto, es necesario que el Estado adopte un enfoque más amplio frente a este flagelo, y que tome medidas que resulten más efectivas.
Mientras los casos de linchamiento, como los ocurridos en Bogotá, Barranquilla, Santa Marta van en aumento, es un síntoma de la creciente desconfianza de los colombianos en la justicia. Una sociedad que no cree en su Estado siente que es necesario y obligación tomar la justicia en sus propias manos, sencillamente porque no confían en que los organismos que deben proteger sus derechos.
Creo que todos los colombianos viviríamos mejor si existiera realmente un “Estado de Derecho”, en el que se pudiera confiar, sencillamente, por la aplicación de la ley.
Mientras esto no suceda, y no hay indicios de que se estén adoptando medidas tendientes a lograrlo, tampoco podemos hablar, estrictamente, de una “seguridad democrática.” Y es difícil que los índices de impunidad, que prácticamente no pueden aumentar ya más, disminuyan, cuando ni siquiera se considera un problema que amerite los más urgentes y denodados esfuerzos.
Sin embargo, a pesar del pésimo panorama, desde esta orilla, creo pertinente seguir formando en el tema de Derechos Humanos que tanto necesita conocer nuestra Colombia. Porque quien no conoce sus derechos, no los reclama y tiende a irrespetar los del prójimo.Impunidad

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