La JEP, rama judicial paralela y a la medida de las Farc

Colombia recibió alborozado y optimista el anuncio de que las Farc y el gobierno habían consolidado acuerdos sobre Reparación a las Víctimas y Jurisdicción Especial para la Paz. Pero con el paso de los días y a medida que abogados, militares, empresarios y periodistas vamos develando los verdaderos alcances de esos acuerdos el alborozo y el optimismo ser han transformado en desconfianza y la preocupación. En especial por los efectos del segundo de ellos.

La llamada Jurisdicción Especial para la Paz consiste en realidad en la creación de un nuevo poder judicial paralelo que funde y sustituye de un tajo a la justicia penal ordinaria, la justicia penal militar, la justicia administrativa y el régimen único disciplinario, con un inmenso poder que le permite revisar fallos y sentencias pasadas, presentes y futuros de toda la rama judicial, pero que no admitirá intromisiones externas. Ni siquiera de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional.

“La jurisdicción especial prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. Esto aplicará no solo para procesos en curso sino para las condenas y sanciones impuestas en el pasado.”  les explicó el presidente, Juan Manuel Santos a los militares durante la ceremonia de ascensos el fin de semana. Y para completar con una evidente violación de la soberanía nacional pues le permitirá a jueces y magistrados extranjeros aplicar justicia en Colombia y sobre ciudadanos colombianos.

Santos les insistió a los militares que “no van a estar nunca en inferioridad de condiciones” frente a la guerrilla. Pero ni ellos, ni el país entienden qué tiene de “equilibrado” que mientras los terroristas no pagarán un solo día de cárcel y podrán ser amnistiados e indultados, los soldados, suboficiales y oficiales que dedicaron sus vidas a proteger a la ciudadanía y defender la Constitución deberán pagar sus condenas, largas o cortas, encerrados en guarniciones militares y no podrán recibir amnistías e indultos.

Tampoco entienden porque a las Farc, según Iván Márquez se les permitirá “declarar su verdad de manera colectiva”, mientras a los militares les exigirán declaraciones individuales. “Tenemos la idea de hacer nuestra declaración de verdad de manera colectiva, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera, colectivamente”, dijo Márquez.

Algo parecido deben estar pensando y sintiendo otros agentes del Estado, empresarios o civiles a quienes seguramente el nuevo poder judicial llamará a rendir cuentas por haber apoyado, auxiliado o financiado a grupos ilegales de derecha que corren el riesgo de ser condenados hasta a 60 años de prisión si no dicen la verdad, toda la verdad y se les demuestra.

Pero esa no es la única preocupación en estrados judiciales, gremios empresariales y sectores de opinión. A pesar de las repetidas declaraciones de Iván Márquez en el sentido de que las Farc son como la “Pobre Viejecita” de Rafael Pombo, llama la atención que la Jurisdicción Especial para la Paz se ocupa de calificar al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el boleteo como delitos conexos a los delitos.

Ni hablar del bastante discutible hecho de que los jefes de las Farc podrán escoger a sus jueces, no podrán ser extraditados y no tendrán que pagar de su bolsillo la reparación de sus víctimas porque según Iván Márquez su riqueza es un mito urbano.

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