Liquidación Incoder toda una farsa

Por: Uriel Ortiz Soto (*)

Considero que antes de liquidar el Incoder, se debe llamar al orden a quienes lo han administrado, puesto que si se levantan las enjalmas de la entidad, no se verán más que peladuras superantes de corrupción y malos manejos, donde están comprometidos políticos de alto nivel, que sin ninguna vergüenza desde hace varias décadas vienen cabalgando en el lomo de las necesidades de nuestros humiles campesinos, que silenciosamente se están muriendo de necesidades ante la indiferencia del Estado y los organismos de control.

Definitivamente las instituciones del sector rural no levantan cabeza, siempre nacen con el virus inoculado de la corrupción y finalmente mueren asfixiadas por los malos manejos administrativos y financieros de todo orden, con la liquidación del Incoder ya son más de diez entidades que en los últimos veinte años han sucumbido como consecuencia de la corrupción y las improvisaciones del gobierno nacional, con el ministerio de agricultura a la cabeza.

El caso que nos ocupa en la presente columna, tiene que ver con la liquidación del Incoder, ordenado por el ministerio de agricultura y Desarrollo Rural, mediante decretos: 2365 del 2015, y que mediante decretos: 2363, 2364 y 2366, creó las agencias: nacional de tierras y de desarrollo rural, que asumirán las funciones de la entidad en liquidación, que desde su nacimiento en el año 1.993 no ha sido más que un escenario de escándalos, corrupción y malos manejos.

Lo más grave es que para dicha liquidación, no han sido consultadas las organizaciones: indígenas, afrodescendientes y comunidades negras, que en un momento dado serán las más perjudicadas, debido a todas las improvisaciones que son producto de una burocracia inoperante y arrogante, que solo mira el valor de los contratos, pero sin ningún beneficio de orden social, no les importa que se generen  problemas de todo orden con cargo de los contribuyentes.

Lamentablemente las entidades que se crearon mediante los mencionados decretos: agencia nacional de tierras y agencia de desarrollo rural, adolecen de los estudios técnicos correspondientes y planta de personal, razón por la cual han sido demandadas por inconstitucionalidad y  las fechas señaladas para ponerlas en funcionamiento también se han vencido, o sea que todo se encuentra en el limbo jurídico- administrativo y en entredicho, sin que el País que espera ansioso la firma del tan cacareado acuerdo de paz, tenga conocimiento de semejante exabrupto.

Pero, lo más grave es que todo este embrollo tiene nombres propios desde las altas esferas del poder: en primera línea está su majestad el ministro de agricultura y desarrollo rural, con ínfulas presidenciales, puesto que su arrogancia para hacer cabriolas y embrollos  administrativos son la fiel copia de su émulo Juan Manuel Santos;  como segundo a bordo está   su viceministro Juan Pablo Díaz Granados, y como el liquidador el señor Mauro Palta, anterior secretario de la entidad, que está cometiendo las más descaradas violaciones a los derechos de los trabajadores, sin darse cuenta tan improvisado funcionario, que los derechos laborales de las entidades que entran en liquidación hay que respetarlos, desconocerlos, es pisar predios penales y claras demandas contra el Estado, que una vez falladas se revertirán en contra de los responsables; finalmente aparece el flamante contratista de: consultorías DLP, a cargo del señor José Miguel de la Calle, – hijo del jefe negociador del proceso de paz en la Habana- Cuba, por parte del gobierno; doctor Humberto de la calle Lambona.

El diagnóstico presentado por la firma: consultora: DLP, adolece de una serie de contradicciones, puesto que no se ajustan bajo ningún punto vista a lo que es la normatividad jurídica de lo que deben ser las normas que regulan la ley de justicia y paz,  lo más grave la restitución de tierras; es decir, sin ninguna relación con las dos agencias referidas, que como queda dicho su creación han sido demandadas por violación de normas legales.     

Escuchado el señor Gustavo Ramos Álvarez, presidente del sindicato del Incoder, manifiesta su viva molestia y e inconformidad por los procedimientos que se están adoptando, puesto que en el proceso de liquidación del Incoder, además de encontrarse en entredicho por estar demandada su liquidación y los decretos que crean las dos entidades anunciadas, se prevé una masacre laboral puesto que las plantas de personal de las dos entidades creadas y demandadas, aún no tienen los soportes técnicos y jurídicos de conformidad con lo ordenado por el departamento administrativo de la función pública, donde se debe especificar, que las plantas de personal hay que someterlas a estudios técnicos  con funciones específicas de cuerdo a la naturaleza de la entidad creada.

El Incoder tenía 676 funcionarios cuando se decretó su liquidación, de los cuales 625 estaban provistos, sin- embargo, a la fecha reina la incertidumbre, puesto que cientos de ellos, aún no saben cual, será su futuro laboral, puesto que tanto ministro de agricultura como liquidador, no les han dado un respuesta concreta, lo cual esperamos a través de los medios de comunicación ocurra en unos días, ya que de vulnerarse estos derechos se estaría configurando toda una masacre laboral, con abuso de autoridad, de graves perjuicios para las instituciones nacientes y los mismos trabajadores. 

En consecuencia, lo primero que se debe hacerse para subsanar todos estos errores producto de la improvisación, es reformular la liquidación del Incoder, partiendo desde el punto de vista de la legalidad y un juicio análisis administrativo, toda vez que el que presentó la firma: DLP, adolece de tantos errores, que aceptarlo, sería continuar por los caminos oscuros de la incertidumbre.

Lo segundo sería revisar el ámbito jurídico y conceptual que dio origen a la liquidación del Incoder y al nacimiento de las dos entidades que lo van a reemplazar, puesto que en ambos casos no existe relación de causa y efecto, entre estas tres entidades, puesto que de seguir promoviéndolas desde el ostracismo jurídico, sería engañar a la opinión nacional que está en todo su derecho de saber que va a pasar con el diagnóstico del sector agropecuario, producto de los delirios  de los siete sabios, que simplemente soñaron, pero que jamás acertaron.

Es verdaderamente preocupante que el gobierno, pretenda firmar el acuerdo de paz, sin saber cómo va a sostener el postconflicto, son más de doce millones de habitantes que esperan su firma, para vincularse a alguna actividad productiva que les permita reincorporarse plenamente a la vida civil, y democrática de nuestro País, pero muy especialmente en el sector rural, que si bien es prodigioso, lamentablemente ha estado tan mal administrado, que ha sido el paraíso para que los pillos y ladrones de cuello blanco incrustados en las altas esferas del poder, se enriquezcan con las ilusiones de nuestros humiles campesinos.    

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