¿El Bloque de constitucionalidad es blindaje para un proceso de Paz?

Por: Gustavo Petro.—

Gran discusión ha suscitado la propuesta jurídica de blindar los acuerdos entre el gobierno y las Farc, con un mecanismo que utilice el Derecho Internacional Humanitario, y se remita al llamado Bloque de constitucionalidad del articulo 93 de nuestra Constitución Política

Efectivamente el articulo 93 ordena que todo tratado internacional de derechos humanos que Colombia ratifique automáticamente se convierte en parte de la Constitución y con su mismo rango, y el articulo 214 lo hace explícitamente al Derecho Internacional Humanitario.

El problema es que las altas cortes no aplican el artículo 93 y en Colombia no ejercen el control de convencionalidad que es el que lo volvería práctico. La prueba de esta afirmación es Piedad Córdoba y yo mismo.

En 1972 Colombia ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 23 y 29, se afirma que los derechos políticos no se pierden sino por sentencia de juez penal, y que ninguna legislación de las partes que ratifican esa convención pueden adoptar medidas adicionales o interpretarlas para deteriorar esos derechos políticos.

Pues bien Piedad, y yo, y centenares de servidores elegidos por la ciudadanía, han perdido sus derechos políticos en Colombia, sin que medie ninguna sentencia de Juez penal, sin cometer un delito; solo por decisión de un funcionario administrativo: El procurador, muchos por un contralor.

En la búsqueda de protección de nuestros derechos por las instancias judiciales, se ha rechazado una y otra vez, la aplicación del art 23 y 29 de la convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Colombia que de acuerdo al art 93, es parte de nuestra Constitución.

El mismo gobierno de Santos al no cumplir con la medida cautelar que por unanimidad me aprobó la Comisión Interamericana y que ordenaba la suspensión del fallo disciplinario del Procurador suspendiendo mis derechos políticos, demostró su burla al bloque de constitucionalidad.

Y el mismo gobierno de Santos en las reuniones de conciliación, siendo yo el demandante contra el Estado, en el seno de la comisión interamericana, ha dicho que es impotente para cambiar las normas nacionales que permiten que un funcionario administrativo y no judicial pueda suspender derechos políticos. Es decir, que es impotente de cumplir con la Convención Americana, parte de nuestro bloque de constitucionalidad.

El art 93, por razones de política interna, no es un blindaje para los acuerdos de Paz, a menos que la Justicia Colombiana acepte aplicar el control de convencionalidad y volverlo efectivo, con lo cual tendríamos una democratización real de la política en Colombia.