El discurso de odio y la libertad de expresión

Por Germán Ortiz Leiva*

BOGOTA, 03 de mayo_ RAM_ A propósito de la conmemoración del Día Internacional sobre Libertad de Expresión – para muchos, Libertad de Prensa que, aunque complementarias no significan lo mismo – es válido preguntarse por la legitimidad ahora, de una frase pronunciada hace más de 30 años por uno de nuestros gobernantes: prefiero una prensa desbordada a una prensa amordazada.

En un contexto como el que vive Colombia resulta legítimo preguntarse hasta dónde podemos ser tolerantes pero sobre todo si estamos preparados para serlo, de cara a ciertos pronunciamientos que puedan enmarcarse con la expresión discurso de odio, un término sensible que designa expresiones públicas -generalmente a través de los medios de información- que inciten eventualmente al rechazo y menoscabo de la dignidad de otros seres humanos por su condición social, de raza, fe religiosa, ideología política, condición militar u orientación sexual.

Expresiones públicas que a su vez, deben estar garantizadas por la libertad de expresión que matiza a cualquier sociedad democrática respetuosa de lo que piensan sus ciudadanos de manera libre y espontánea. Sin embargo y como se evidenció entonces en los debates que antecedieron la promulgación del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que estableció que toda persona tiene el derecho a expresar y opinar lo que piensa, la tensión entre poder decirlo ante el límite de lo que eventualmente significa, es ambigua ya que contrapuso valores morales y jurídicos que no siempre marchan en igual dirección.

Para la sociedad norteamericana, por ejemplo, prevalecerá el reconocimiento a su primera enmienda que garantiza el enfoque liberal en sus derechos, sobre todo el de la expresión y pensamiento, aunque para otros – minorías raciales y latinos – parecerán indignantes los pronunciamientos de odio como acontece ahora dentro de su campaña presidencial.

En el caso de la sociedad colombiana, nuestro referente jurídico inmediato no solo está en la Constitución Nacional (Artículos 20 y 93) sino en una sentencia de la Corte de 1993 en la que fija ciertos límites a la libertad de expresión en el marco del respeto a los derechos humanos pactados internacionalmente por el estado aunque omite referirse específicamente al discurso de odio.

Sin embargo, es un derecho poco tratado en todas sus consideraciones no solo en la comunidad misma sino incluso al interior de las empresas de medios y sus salas de redacción.

Generalmente, se reduce la libertad de expresión a la libertad de prensa que nuestros periodistas deben tener como un derecho inherente a su labor profesional de informar sobre lo que acontece – en no pocas ocasiones y según el lugar y la naturaleza del conflicto – con el riesgo de ser amenazados o censurados por los poderes locales.

La otra dimensión se refiere al valor intrínseco que tiene la práctica de este derecho para las personas en general que sienten que pueden comunicar sus desacuerdos ante las acciones políticas de quienes gobiernan. En ese sentido hay que reconocer que nuestros medios de información abren espacios cada vez más importantes para que los ciudadanos manifiesten sus carencias – no solo a manera de protesta social organizada – aunque luego se haga poco para evaluar sus resultados. 

Por último, la libertad de expresión fortalece el debate social ya que garantiza y promueve el pluralismo de ideas, no obstante, es aquí donde aparecen con mayor riesgo los llamados discursos de odio que en el caso de Colombia serán relevantes en los próximos meses ante un eventual posconflicto.

Si se espera una verdadera reconciliación de carácter nacional, la prensa tendrá un rol definitivo al permear y permitir ciertas expresiones que se enmarquen bajo estos discursos sin afectar la libertad de aquellos que tienen el derecho a expresar sus desacuerdos en asuntos complejos como el de la justicia para víctimas y victimarios.

Solo basta con dar una mirada a los foros de los lectores al cierre de las noticias, los debates en redes sociales o los pronunciamientos de funcionarios del estado para entrever una polarización que se hará más evidente en la medida en que se acerque la firma definitiva de un acuerdo de paz.

Entonces nos haremos la reflexión de nuevo ahora como pregunta frente a la paz y la justicia, ¿preferimos una prensa desbordada a una prensa amordazada?

(*) Director del Observatorio sobre Libertad de Expresión de la Universidad del Rosario