¿Le convienen al País las cuotas burocráticas?

BOGOTA, 04 de mayo_ RAM_ Luego que el Presidente Santos anunciara los cambios en su gabinete ministerial, la opinión pública dio a conocer diferentes posiciones trascendentales respecto a la medida.

Por un lado, el primer mandatario transmitió un mensaje de inclusión regional y multipartidista, nombrando a diferentes líderes políticos oriundos de la Costa Atlántica, del Chocó y del interior del país.

A ese factor se añadió el componente de “gabinete para el posconflicto”, donde cada ministro asumirá en los territorios la defensa del proceso en la recta final de la negociación de paz con las Farc.
No obstante, los medios de comunicación registraron la inconformidad de ciertos sectores políticos, respecto a qué tanto resultaron favorecidos al nombrar en los diferentes ministerios, a personas pertenecientes a sus colectividades.

Esta situación fue percibida como una puja burocrática y revivió críticas desde líderes de opinión y ciudadanos en redes sociales.

A lo anterior se sumó una contradicción al interior de algunos partidos que, sin ser integrantes de la coalición de gobierno, o incluso ejerciendo como oposición, vieron designados como ministros a algunos de sus directivos o exdirectivos.

Ante este panorama puede ser pertinente una reflexión orientada a atender al clamor popular, aún si ello implica complejizar un poco la ya de por sí difícil gobernabilidad, tan necesaria en esta etapa crucial para el país.

La participación de los partidos y movimientos en políticas y decisiones de Estado, como puede ser el Pacto por la Paz suscrito recientemente para apoyar en su recta final un proceso que pueda conducir al desarme de un grupo armado, debe ser vista como una contribución a propósitos de interés general, no condicionada.

Asimismo, dicha contribución en los asuntos públicos debe apuntar a alcanzar objetivos de importancia común, ya sea con la participación en espacios de concertación, o incluso mediante el control político.

 

La paz es un propósito superior al que no deben interponerse intereses particulares, pues si el país consigue arraigar la convivencia con respeto en su cotidianidad, dicho logro constituye la mejor retribución posible para todos los partidos políticos que hoy por hoy representan a los colombianos.