Reforma a Ley de Víctimas y Restitución de  Tierras busca  hacerla más equilibrada y garantista

La Comisión Primera del Senado adelantó un primer debate de socialización al proyecto que propone  modificaciones a la Ley 1448 del 2011, o  Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para que las decisiones de los jueces “se resuelvan en igualdad de condiciones, se haga justicia entre el poseedor y el reclamante”.

La iniciativa,  cuya ponencia será radicada la próxima semana, “nace a partir de las voces de inconformidad   de un  número importante de campesinos y propietarios de tierras, que se han visto afectados de una o de manera por las decisiones de los jueces”, explicó su  autor, el senador Antonio Guerra de La Espriella (CR).

El congresista de Sucre aclaró que la propuesta no tiene la pretensión  de obstaculizar la aplicación de la norma, porque  ha sido uno de los logros más importantes e innovadores en  materia de reclamación de las tierras o predios despojados a sus propietarios durante la violencia vivida en el país.

Insistió Guerra de La Espriella que se sugiere  es aclarar algunos vacíos que tiene la norma 1448 al momento de aplicarla, pues su interpretación es laxa y ha generado múltiples conflictos y confrontaciones entre campesinos en los territorios donde se está  aplicando.

El proyecto surge de la  inconformidad entre los llamados opositores o segundos ocupantes de tierras cuando los fallos los han despojado del predio que “compraron  lícitamente y se lo han entregado al reclamante”. Asegura que la falta de claridad en el texto de la Ley en algunos de sus artículos  viola sus garantías a la defensa y a la igualdad,  cuando los segundos propietarios han demostrado que tenían   derecho a continuar en el predio.

Guerra de La Espriella explicó que la primera propuesta  modifica el artículo  78 para incluir el criterio de violencia  como requisito para que pueda ser invertida la carga de la prueba,  porque hoy se invierte en todos los casos de manera automática  y generalizada

Anotó que con la reforma solo se invertiría la carga de la prueba a  favor del solicitante, siempre y cuando la conducta del  demandado u opositor se relacione de manera directa o indirecta con los hechos que generaron el desplazamiento o el despojo. “Se involucra el tema de la violencia, pero si no la hubo, no se justifica que la carga de la prueba se  invierta en favor de una  y en contra de la otra”, indicó.

Propone modificar el artículo 88 ampliando de  15 a 30 días  el plazo para presentar  el escrito de oposición. “El  término es muy breve en exceso para que los opositores puedan  presentar  todos los alegatos”, asegura el autor de la reforma cuyo ponente será el senador Manuel Enríquez Rosero .

Se adiciona un  parágrafo que  incluye el criterio de “compra de buena fe exenta de culpa” desarrollado en la jurisprudencia de los fallos de la Ley de Restitución de Tierras,  como una garantía para los reclamantes  o para los opositores cuando se realizó previamente un negocio sobre la tierra.    

Otro parágrafo establece como obligatorio para el juez de restitución de tierras,  ordenar las compensaciones correspondientes y a que haya lugar  cuando el opositor acredite que sus actos se llevaron a cabo de “buena fe exenta de culpa”.

El senador Guerra de la Espriella considera injusto que hoy los jueces de tierra, en muchos casos, no ordene el pago de compensaciones e indemnizaciones.

En el artículo 89 el congresista de CR solicita que se garantice el  derecho a la defensa de las dos partes, y la  práctica de la totalidad de las pruebas  solicitadas por el opositor antes de proferir sentencia, y además que se establezcan límites  a la  aplicación de la presunción  que la ley  1448 otorga a las pruebas aportadas dentro del proceso por la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras.

Se propone que esa presunción solo opere si  la conducta del opositor, quien compró de buena fe, pudiera relacionarse de manera directa con los hechos que generaron el despojo en concordancia con la inversión de la carga de la prueba, si se hizo mediante la violencia.

En el Artículo 91 se adiciona un parágrafo que obligue al juez a referirse en todo caso a los efectos de la sentencia con relación a los segundos ocupantes u opositores, “so pena de incurrir en causal de mala conducta”,  para que no se limite simplemente a los hechos del proceso sino a  todos los efectos que en la práctica tendrá su sentencia”.

Finalmente el senador Antonio Guerra de La Espriella en la presentacion de su proyecto ante la Comisión Primera del Senado, aseguró que el Gobierno ha tratado de enmendar las falencias a través del ministerio de Agricultura  y la Unidad de Restitución de Tierras, pero, advirtió, se notan incoherencias y  debilidades en el decreto, y observó que solo el Congreso de la República podrá hacer las reformas a la Ley 1448 del 2011.   

“El Estado es quien más promueve el despojo de tierras en Colombia, algo grave está sucediendo”, puntualizó Guerra de La Espriella al concluir la presentación de su proyecto de Ley “que es una  clara defensa a los segundos ocupantes”.